“Es un triunfo parcial, sí, pero también histórico”. La abogada Marcela Messuti, uno de los siete que impulsan la causa contra crímenes del franquismo presentada en Argentina, celebra así la decisión de la jueza María Servini de Cubría de imputar a cuatro de los nueve acusados en la querella y de pedir su detención internacional.
Juan Antonio González Pacheco, de 67 años, José Ignacio Giralte González, de 71, Celso Galván Abascal, de 77 años, y Jesús Muñecas Aguilar, de 74, están acusados de tortura, un delito tipificado en el Código Penal argentino, y que prevé penas de 8 a 25 años.
Los siguientes en la lista de imputación solicitada por los querellantes son el ex ministro de Interior Rodolfo Martín Villa; el exministro franquista y suegro del ministro Alberto Ruiz-Gallardón, José Utrera Molina; el exministro de Trabajo Fernando Suárez; y los exjueces Jesús Cejas Mohedano y Rafael Gómez Chaparro.
La juez deberá resolver si imputa a Martín Villa, por el asesinato de cinco obreros durante una huelga en Vitoria en 1976, y a Utrera Molina, que firmó la condena a muerte de Salvador Puig Antich, ejecutado con garrote vil en 1974. Fernando Suárez firmó la sentencia a muerte de los últimos asesinados por el franquismo en septiembre de 1975: José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot, Txiki, y Ángel Otaegi. Los exjueces Jesús Cejas Mohedano y Rafael Gómez Chaparro integraron el consejo de guerra.
No está claro cuánto tardará Servini en resolver estas posibles imputaciones. “La juez ha empezado por los que estaban acusados del mismo delito, pero el auto resolutorio hace un repaso a toda la querella, dotándola de entidad”, explica la abogada. Y advierte: “Esto ha comenzado desde lo más reciente, pero no vamos a olvidarnos de los demás, porque esta causa incluye más de 170 denuncias: niños robados, represaliados... víctimas de un genocidio”, ha resumido.
Para Bonifacio Sánchez, de la Asociación para la Reucperación de la Memoria Histórica, este “viaje de ida y vuelta de la Justicia” -España juzgó a represores argentinos también por el concepto de jurisdicción universal- representa “un futuro esperanzador para un país que no contaba con ello”.