La Delegación del Gobierno de Madrid ha anunciado la apertura de expediente contra los organizadores de las Marchas de la Dignidad no por hechos ocurridos tras la manifestación del 22M, sino durante las marchas a su paso por la Comunidad de Madrid. El expediente se fijará hasta el máximo legal que permite la ley con sanciones económicas importantes. Ante ello, diversos participantes de las mismas cuestionan las acusaciones y exponen sus relatos.
“Como no pueden culpar a los organizadores de las marchas de lo ocurrido tras la manifestación, han buscado cómo intentar criminalizarnos de otro modo, atribuyéndonos faltas durante las caminatas a Madrid, que fueron completamente pacíficas”, comenta un participante de la marcha procedente de Andalucía.
El expediente atribuye a las marchas varias faltas: asalto a la sede del PP de Perales de Tajuña, intento de asalto al ayuntamiento de la misma localidad, intento de entrada en masa en una entidad bancaria, desobediencia a las indicaciones de la Guardia Civil, infracción de la normativa de seguridad vial por los coches participantes e incumplimiento de dos itinerarios. En total involucra a tres columnas de las marchas: la procedente del Mediterráneo, la de Andalucía, y la del noroeste.
Las versiones de algunos participantes de las caminatas ofrecen otra visión de lo sucedido.
“Ninguna acusación es cierta”, responde Agripa Hervás, participante en la columna este, procedente de Alicante, y personal de atención directa en un centro de personas con discapacidad psíquica. Al decir su profesión, añade con ironía amarga: “Como ves, un perfil nazi de Amanecer Dorado”, en referencia a las acusaciones del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
“No hubo ningún asalto al ayuntamiento en Perales de Tajuña”, prosigue.
“La práctica habitual que teníamos era llegar a los ayuntamientos, y asignar a dos o tres personas para que entraran a registrarse. Lo hacíamos así para evitar avalanchas. Y eso fue lo que hicimos al llegar a Perales de Tajuña. Allí el ayuntamiento les cerró la puerta, les negó el acceso. La Guardia Civil blindó la entrada, un compañero conversó con la Guardia Civil dejando clara cuál era nuestra intención, explicando que solo queríamos registrar la marcha y continuar la etapa. Pero se les negó. Así que se solicitó hablar con la alcadesa, y se negó también. También nos negaron la entrada a instalaciones donde dormir hasta entrada la noche, así como el agua caliente. Insisto: No hubo asalto al ayuntamiento”, explica.
Una protesta en una sucursal de Bankia
En cuanto al presunto intento de “entrada en masa” a la sucursal bancaria -de Bankia-, dice lo siguiente:
“Lo único que hicimos en la sucursal fue denunciar la situación a la que Bankia somete a gente afectada por la hipoteca”.
“Son acusaciones que intentan criminalizar este movimiento social”, indica otra participante de la misma columna, que prefiere mantenerse en el anonimato.
“En el escrache a Bankia [en Arganda] no pasó nada, y la Guardia Civil estuvo intermediando de forma muy adecuada además. No entiendo nada. La Guardia Civil estuvo atenta, ayudó al compañero a mediar con la trabajadora de Bankia, y actuamos todos conforme a lo que la Guardia Civil nos decía, nadie puso ningún problema. Fuera se gritaban consignas”.
Y añade: “En Arganda también pedimos ante el monolito de homenaje a José Antonio Primo de Rivera que aplicaran la ley de la memoria. ¿Será que quieren considerar una falta que propongamos multar al ayuntamiento por no cumplir la ley de memoria histórica? En fin. Lo digo con ironía. Pero es que no comprendo nada”.
Antonio Trivas, un periodista que acompañó a la columna durante un par de días, ofrece el mismo relato. “No hubo ningún asalto en la sucursal. A la entrada gritaron consignas que señalaban a algunos culpables de la situación económica actual. Fue una protesta, no un asalto”.
La misma versión ofrecen otros testimonios de participantes de las marchas consultados.
“El Gobierno activó las alarmas”
“También pusimos una pegatina en una sucursal de la Caixa”, prosigue Agripa. “Íbamos colocando pegatinas en muchas sucursales. En esta hubo un empleado que salió, supongo que pensará que va a heredar él la entidad. Salió con malas maneras, empujando a algunos compañeros. La Guardia Civil intervino, huno empujones y pequeñas fricciones, pero ni asaltos ni nada, no intentamos entrar a la sucursal, porque nuestra campaña actual es sobre Bankia”.
Y remata: “Lo que ocurre es que el Gobierno sabía que esta protesta no es puntual ni sectorial, sino un planteamiento de ataque a la línea de flotación de su plutocracia. Y ante ello activaron todas sus alarmas”.
“Tampoco hubo ningún asalto en la sede del PP, de hecho estaba cerrada. Había fuera del edificio una bandera del PP y uno de los integrantes la cogió. No hubo asalto ni tentativa de asalto”, subrayan otros participantes.
La reacción de la columna sur es también de estupor. “Yo hice el recorrido de Pinto a Parla y no ocupamos la autovía. Íbamos por el arcén, y además en una fila muy bien hecha, éramos muy disciplinados. Obviamente la Guardia Civil que nos acompañaba custodiando ocupaba un carril con las motos. De hecho el equipo de seguridad de la marcha era muy obsesivo con eso del orden, la fila, caminar de dos en dos”, relata Manuel, procedente de Andalucía.
Víctor José Cuetos, portavoz de la columna asturiana [que caminó en la noroeste], explica lo ocurrido con su itinerario:
“Informamos del trazado que íbamos a llevar a cabo, pero la Delegación del Gobierno propuso el puerto Alto del León. Hablamos con la Guardia Civil, hubo una colaboración estrecha con ellos, para que los trazados fueran lo menos peligrosos para todos. Hablamos con un capitán que nos recomendó ir por el túnel auxiliar del Guadarrama. Así que pactamos con la Guardia Civil y fuimos por el túnel en vez de por el recorrido propuesto por la Delegación. Era lo más seguro. Supongo que la Delegación quería liar la madeja al proponer que fuéramos por un puerto, que es bastante peligroso, porque por allí los camiones van a una velocidad de crucero”.
Desde las Marchas de la Dignidad se ha insistido en que la Delegación del Gobierno de Madrid pretende convertir “un conflicto social legítimo en un conflicto de orden público”. “Somos pacíficos, lo hemos demostrado estas semanas de marchas. Quieren que se hable de violencia en vez de recortes. Pero no tenemos miedo a estos intentos de represión”, subrayan.