El mejor jugador de la liga española es un argentino de Rosario (Messi). El presidente más acaudalado desembarcó en Valencia con su chequera procedente de Singapur para reflotar a un histórico en horas bajas (Peter Lim). El pichichi es uruguayo (Luis Suárez). Y el entrenador que ganó la última Champions es un francés de origen argelino (Zinedine Zidane). Todos los equipos salvo el Athletic de Bilbao (que solo alinea jugadores vascos) cuentan con extranjeros. En las 20 plantillas de Primera División estaban inscritos esta semana –el plazo para cerrar fichajes todavía no se ha cerrado– 479 futbolistas de 44 países.
Pero en las gradas de los estadios campa el racismo, habitualmente contra jugadores de clubes rivales, sin que las instituciones del fútbol ni el Gobierno se atrevan a adoptar medidas contundentes. A diferencia de lo que sucede en las ligas europeas, en España nunca se ha clausurado una grada, y mucho menos un estadio, por cánticos racistas. Y eso que los episodios se repiten temporada tras temporada.
En el estreno de esta liga, el pasado domingo, el árbitro Carlos Clos Gómez tuvo que parar en Gijón el partido que disputaba el Sporting contra el Athletic de Bilbao después de que un sector del público la tomase con Iñaki Williams e imitase el sonido de los monos cada vez que se acercaba al balón este jugador español de raza negra.
El juego se interrumpió durante unos minutos hasta que por megafonía se pidió a la afición de El Molinón que dejase de proferir insultos racistas. Tras la reanudación, un pequeño grupo de ultras se dedicó a silbar a Williams. Otra parte de la grada respondió con aplausos. Nada de esto sucedió con Akram Afif, el delantero catarí que vestía la camiseta del Sporting en ese mismo partido.
El Comité de Competición, un órgano dependiente de la Federación Española de Fútbol que se encarga de vigilar el cumplimiento del reglamento, ha abierto un expediente. El propio presidente de la Liga de Fútbol Profesional –el controvertido Javier Tebas, un dirigente que según admitió el año pasado sigue comulgando con las ideas del partido ultraderechista Fuerza Nueva en el que llegó a militar de joven y echa de menos en España a políticos como Le Pen– se ha mostrado partidario de cerrar la grada del estadio.
En caso de que suceda, sería la primera vez que se impone ese castigo a un equipo en la liga española. Hasta ahora todos los episodios similares se han saldado con multas económicas irrisorias a sociedades anónimas que manejan presupuestos millonarios.
Cuando un aficionado lanzó en 2014 un plátano al lateral brasileño del Barcelona, Dani Alves, que decidió comérselo en el campo, el Villarreal tuvo que pagar 12.000 euros. El Zaragoza abonó 6.000 euros en 2006 por los gritos racistas al delantero camerunés Samuel Eto'o, víctima habitual de estas conductas xenófobas cuando estaba en la Liga española, y que en ese partido en La Romareda amenazó con abandonar el césped. El mismo Sporting ya había sido sancionado en 2008 cuando parte de una grada profirió también gritos racistas contra el jugador ecuatoriano del Getafe Joffre Guerrón en otro partido de liga.
La permisividad de los comités de competición y apelación en España –eldiario.es ha intentado recabar la versión para este reportaje pero sus miembros no hacen declaraciones públicas y la Federación Española, de la que dependen, tampoco ha querido pronunciarse– choca con las campañas de los organismos internacionales del fútbol FIFA y UEFA. En la última, Say no to racism, estrellas mundiales de todos los equipos aparecen en selfies portando carteles contra la discriminación.
Lo que ocurre en el extranjero
A diferencia de lo que sucede aquí, en el resto de Europa sí se han clausurado campos de fútbol por las conductas racistas de algunos aficionados.
El Dinamo de Kiev se tuvo que jugar su clasificación a la fase de grupos contra el Maccabi de Tel Aviv a puerta cerrada en diciembre de 2015. Su campo fue clausurado por los disturbios racistas que un sector de su afición provocó en un partido de la Liga de Campeones. Además, el equipo ucraniano fue multado con 50.000 euros.
El pasado octubre, la Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA también sancionó al Lokomotiv ruso con el cierre parcial de la grada sur, una multa de 20.000 euros, y además obligó al club a exhibir una pancarta contra el racismo por las conductas racistas de sus ultras en un partido contra el Skenderbeu de Albania.
El Paris Saint-Germain, propiedad del jeque catarí Tamin bin Hamad Al Thani, también fue castigado en 2014 con la clausura de un sector del Parque de los Príncipes, después de que la UEFA abriese un procedimiento “por racismo, otro comportamiento discriminatorio y propaganda” derivado de los comportamientos de algunos de sus ultras en una eliminatoria contra el Chelsea inglés. En Italia es frecuente que se jueguen partidos a puerta cerrada por episodios racistas.
Todos esos antecedentes fueron invocados por el secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, y el presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, en diciembre de 2014, el día después de que una reyerta multitudinaria acabase en los aledaños del estadio Vicente Calderón con la vida del aficionado coruñés Francisco Javier Romero Taboada, Jimmy, a quien un grupo de radicales del Atlético de Madrid lanzó al río Manzanares.
Con la noticia de su muerte en las portadas europeas, ambos cargos políticos comparecieron para anunciar que también España iba a endurecer las sanciones para clausurar gradas o estadios enteros como hace la UEFA. El presidente del Consejo Superior de Deportes anunció que a las instituciones españolas no les temblaría la mano para “inhabilitar a directivos”. Se encomendó a los delegados arbitrales levantar acta de los cánticos y se dio instrucciones para parar los partidos en caso de consignas racistas. La ley del Deporte ya permitía desde 2007 la clausura de gradas pero esta vez, clamaron las autoridades, la cosa iba en serio.
En estos dos años no se ha cerrado ninguna grada en Primera División, a pesar de que los episodios racistas continúan. La comisión de seguridad, respeto y tolerancia de la Federación Española de Fútbol se reunió un par de veces en 2015 y hasta hoy.
La Liga de Fútbol Profesional, que agrupa a los equipos de Primera y Segunda División, asegura que la ley solo les faculta para actuar como denunciantes y que desde el asesinato de Jimmy han presentado al Comité de Competición (que depende de la Federación Española de Fútbol) más de un centenar de denuncias y que ninguna acabó en cierre de gradas.
El director de Seguridad e Integridad de la Liga, Alfredo Lorenzo, sostiene que “algunos hechos que se han producido estos años deberían de haber servido para cerrar algunos sectores de ciertos estadios, pero nosotros podemos denunciar, no somos quienes aplican las normas. Lo hace la Federación y su grado de implicación no es el adecuado”.
El enfrentamiento que mantienen ambas instituciones desde hace años ha impedido un diálogo fluido incluso en la lucha contra el racismo. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, que aspira a presidir la UEFA, ni siquiera acudió en su día a la reunión del día después de la muerte de Jimmy.
El fútbol español permitió incluso que los gritos de apoyo la pasada temporada de un sector de la grada del Benito Villamarín respaldando un supuesto caso de malos tratos que está imputado el delantero del Betis Rubén Castro, sin que el episodio motivase la clausura de una parte del coliseo sevillano.
La Comisión Antiviolencia, adscrita al Consejo Superior de Deportes también enfrentado a la Federación, propuso cerrar el campo pero todo se quedó en una multa de 30.000 euros impuesta por el Comité de Competición. El ruido del caso llevó a la Fiscalía a abrir diligencias que fueron archivadas unos meses después y la directiva del Betis, que condenó a través de comunicados los cánticos de su grada, decidió cambiar el fondo de la camiseta del club –de blanco a rosa– en un partido contra el Granada “para celebrar el Día de la Mujer” en las vísperas del 8 de marzo.