Su denuncia desencadenó la investigación contra el empresario porno Torbe, encarcelado desde el pasado abril. Ante la policía, la ahora testigo protegida –a quien el sumario judicial se refiere como TP3– contó que fue captada a través de Internet y engañada para grabar un vídeo junto a él. El sumario de la 'Operación Universal' detalla que el modus operandi era buscar a través de Internet a jóvenes en situaciones económicas desesperadas para después extorsionarlas y que se prostituyeran bajo la amenaza de difundir sus imágenes entre los conocidos y familiares.
La ONU calcula que cerca de 140.000 mujeres acaban atrapadas en redes de este tipo en Europa. En España, las fuerzas de seguridad identificaron a 133 personas en la misma situación en 2015. El balance incluye también otros 650 casos de víctimas de explotación sexual. Es decir, hace un desglose de cifras sin especificar cuáles son los matices que hacen que un caso esté en una u otra clasificación. Este medio se ha puesto en contacto sin éxito con el Ministerio de Interior para solicitar una explicación técnica de esta catalogación de los datos.
La trata es “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción”, es decir, “al rapto, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra- con fines de explotación sexual”, según el Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas.
Estas organizaciones criminales suelen ir asociadas a la prostitución, pero son dos realidades diferenciadas. La prostitución es una actividad alegal, que es ejercida de forma libre. La trata está tipificada como delito y puede tener otros fines, como la explotación laboral o la mendicidad.
Las redes de trata –con fines de explotación sexual o/y otros– mueven en España alrededor de 3.000 millones de euros al año: 8,3 millones diarios, según los últimos datos aportados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Si hablamos específicamente de redes cuyo fin es la explotación sexual, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contabilizaron en 2015 a 13.892 personas en riesgo de caer en estas redes y desarticularon 42 organizaciones y grupos criminales. En ellos operaban cientos de personas, de las que se detuvo a 471. Los clubes de alterne –con más del 74% de las inspecciones– son los lugares con mayor número de mujeres que corren el peligro de verse inmersas en estos engaños y coacciones, según el balance.
“Cualquier persona puede ser víctima de trata. Inmigrantes, españolas... Cualquier persona. Hay que desmontar los tópicos. No todas las víctimas de trata son pobres, analfabetas, extranjeras. Hemos tenido casos con nivel económico normal, con educación y han acabado cayendo en redes de víctimas de trata”, dice Ane Azkunaga, referente en Trata de la ONG Accem.
Según los últimos datos oficiales, la mayoría de las víctimas identificadas por las autoridades en 2015 eran rumanas, españolas y nigerianas. Desde la Unidad Central de Redes de Inmigración ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), insisten en que hablar de perfiles es reduccionista. “Son de lo más variado y van cambiando dependiendo de la situación y las posibilidades del movimiento de las mafias”, apuntó el inspector José Nieto en una entrevista publicada en eldiario.es. A su vez, los clichés perjudican a las víctimas a la hora de denunciar. “Las autoridades tienen en su imaginario un ideal y en ocasiones no creen a quien no encaja”, matizaban desde Womens Link.
Ruth, como otras muchas mujeres, vivía en una situación crítica en su país de origen, Nigeria. Tenía una hija, cuyo padre las abandonó. “Esta gente me prometió ayudarme, pagaron todas mis facturas del hospital y me prometieron que me traerían a Europa para encontrar un trabajo”. La historia de Ruth, recogida por Proyecto Esperanza, desembocó en la prostitución. La red le obligaba a ejercerla “para devolverles el dinero”. “Me exigían 50.000 dólares y, si me negaba, amenazaban con matar a mi hija. Comencé a prostituirme”.
Cómo se lucha contra la trata en España
España cuenta con un plan de 2015 específico contra la trata –tipificada como delito en el artículo 177 bis del Código Penal– con fines de explotación sexual. Lo aprobó, con un presupuesto inicial previsto de 140 millones de euros, a tres meses de las elecciones después de tres años sin desarrollar ningún tipo de proyecto nuevo para luchar contra estas redes de trata.
Organizaciones sociales de lucha contra la trata siguen pidiendo, al margen de este plan, el desarollo de una norma con rango de ley para hacer frente a esta vulneración de derechos. Y no solo contra la trata con fines de explotación sexual, sino con un enfoque integral que recoja otras manifestaciones del delito, como la explotación laboral.
Desde 2011 está en vigor un protocolo marco de protección de las víctimas de trata de seres humanos, fruto de un acuerdo interministerial con el Consejo General del Poder Judicial, que establece, entre otras cuestiones, pautas para la evaluación de los riesgos y para la coordinación adecuada de las actuaciones de autoridades e instituciones.
“La situación de las víctimas de trata deja muchas secuelas. Denunciar exige aportar una gran cantidad de información, revivir muchas experiencia que, debido al trauma, algunas personas creen que no son capaces de afrontar”, señala Azkunaga. “Estas personas necesitan recuperarse y restablecerse y, en la práctica las víctimas no siempre reciben el tratamiento ni el tiempo adecuado necesario para poder recuperarse antes de poder iniciar el trámite”, añade. “Por parte de la Policía prima el elemento de persecución del delito y no tanto la protección a las víctimas. Siendo conscientes de que cada vez las autoridades están mas sensibilizados y formados, tienen la urgencia de obtener datos, teléfonos, identificar personas, etc”.
La vulnerabilidad y el miedo a denunciar se multiplican cuando las víctimas residen en España de forma irregular. Cuando las fuerzas de seguridad se chocan con estos casos, existe una vía de protección específica de protección en la Ley de Extranjería. Se activa el “periodo de reflexión” en el que la persona identificada como víctima de trata debe decidir durante los próximos 30 días si cooperará en la investigación. Desde ONG como Women's Link advierten de que algunas mujeres deciden colaborar pero acaban perdiendo la protección después de que las autoridades considerasen que su información no es relevante.