El consejero de Educación de Cifuentes era uno de los responsables de vigilar el instituto que organizó el máster de la presidenta
El consejero de Educación de Madrid, Rafael van Grieken, ha tirado de manual durante el escándalo del máster de Cristina Cifuentes: “Respeto a la autonomía universitaria”. Pero Van Grieken ha tenido y tiene responsabilidad sobre el Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos, el organismo que organizaba el curso cuyo título ostenta la presidenta de Madrid: era el vicerrector encargado de supervisar la investigación, lo que incluye este tipo de institutos investigadores, cuando Cifuentes estaba matriculada. Como consejero desde 2015, está al cargo de revisar la actividad investigadora del IDP y de recibir sus memorias anuales.
Van Grieken estaba en el cargo de vicerrector de Investigación durante el curso en el que estuvo matriculada Cristina Cifuentes y cuando sucedieron las irregularidades, ya que fue nombrado vicerrector por Pedro González Trevijano (hoy magistrado del Constitucional por nombramiento del PP) en 2002 y se marchó en junio de 2012, cuando fue nombrado director de la Aneca (el organismo dependiente del Ministerio de Educación que evalúa al profesorado universitario). Cifuentes acabó supuestamente su máster en julio de 2012, según la versión que ha mantenido.
El máster de derecho autonómico era impartido y organizado por este instituto, un organismo con gran independencia dentro de la Universidad y dirigido por Enrique Álvarez Conde desde 2001. Precisamente una de las competencias del vicerrector de Investigación de la URJC (el cargo que tuvo Van Grieken durante una década) es estar pendiente, bajo la ''dirección del Rector“ de la actividad de los institutos universitarios, como describe las competencias del vicerrectorado la propia web de la URJC. Es el responsable de la ”creación, organización y apoyo de los institutos universitarios de investigación“, añade la propia universidad en el cargo que ha desarrollado Van Grieken.
El equipo de Van Grieken explica sin embargo que ''como vicerrector no tenía entre sus competencias'' esta misión. Y añade que ''la propuesta de creación de este instituto universitario fue presentada en el Consejo de Gobierno por el Vicerrectorado de Coordinación y Campus. Durante los años posteriores, debido a su actividad docente de posgrado el Vicerrectorado encargado de su seguimiento fue el que tenía competencias en Institutos y Centros Univeritarios''.
El mismo equipo ha ampliado más tarde sus explicaciones para añadir que “el Vicerrectorado concreto que tenía competencias sobre el IDP durante los años en los que cursa el máster la presidenta Cifuentes es el de Relaciones Internacionales, Institutos y Centros Universitarios. Durante los diferentes mandatos de los rectores, se cambian los vicerrectorados y las competencias”.
Sin embargo, los Institutos de investigación, como el IDP, dependen orgánicamente del Vicerrectorado de Investigación, cuentan a eldiario.es fuentes conocedoras de la estructura de gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos. Es así en la mayoría de universidades, de hecho.
Además, el vicerrector de Investigación encabeza la Comisión de Investigación, según los estatutos de la Universidad. Allí tiene que haber un representante de los institutos como el IDP de Álvarez Conde. Entre sus funciones está elaborar la memoria de la actividad científica de la institución y proponer el reparto del presupuesto de investigación al Gobierno universitario. Es decir, todo lo que pasaba en el IDP tenía que pasar por los ojos de Van Grieken a través de esa comisión.
Durante el vicerrectorado de Van Grieken y hasta hoy, el IDP ha tenido competencia para administrar sus recursos y sin tener que ser fiscalizado, gracias a un privilegio que le dio el rector Pedro González Trevijano. Tiene CIF propio, concedido en 2010, una anomalía en este tipo de centros. Y ni siquiera presenta cuentas anualmente como le obliga la Ley de Transparencia. Solo cuando eldiario.es ha denunciado que sus cuentas son opacas se han colgado online todas las memorias anuales, pero en ninguna hay balances, ingresos o se relatan las subvenciones.
Solo ha tenido un director: Enrique Álvarez Conde. Allí crecieron profesionalmente las profesoras Cecilia Rosado, Clara Souto y Alicia López de los Mozos. Las tres implicadas en el acta falsa de TFM de Cifuentes. El director les dirigió la tesis y ha ejercido de mentor, según ha explicado él mismo. También ha hallado cancha académica la pareja de Conde, Rosario Tur. Todos comparten grupos de investigación en el IDP en relaciones cruzadas. Conde, además, ha podido compatibilizar su labor en la universidad pública con una empresa privada dedicada a la docencia sin la preceptiva autorización oficial. Todas estas irregularidades han pasado sin levantar sospechas, entre otros, por los ojos de Van Grieken.
Pero es que una vez que llegó a la Consejería de Educación de Madrid nombrado por la presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a tener autoridad sobre el IDP. Cifuentes lo nombró consejero en junio de 2015. Desde entonces tiene entre sus responsabilidad supervisar el Instituto de Álvarez Conde, según recoge el boletín oficial de la Comunidad que aprobó este organismo: “La Consejería de Educación, a través de la Dirección General de Universidades e Investigación, realizará el seguimiento de la actividad investigadora”. Sin embargo, eldiario.es solicitó las memorias del IDP a Educación el pasado 3 de abril, ya que no estaban preceptivamente publicadas en la web el instituto, sin obtener respuesta por parte de la Consejería de Van Grieken. Tras una segunda solicitud, argumentan que el IDP “ha venido cumpliendo” con el mandato de “publicar anualmente sus memorias en su web”. Realmente se colgaron tras la denuncia de eldiario.es y ninguna tiene cuentas publicadas.
Que Van Grieken tiene conexiones y mano sobre esta Universidad no deja de ser una obviedad: es uno de sus catedráticos y estuvo en su Consejo de Gobierno una década. Cuando se desveló que la presidenta de Madrid ostentaba un título de máster de la URJC con notas retocadas, Van Grieken tenía a un lado a su jefa política y al otro, a su compañero académico, el actual rector de la Universidad, Javier Ramos. Ambos fueron vicerrectores en la URJC bajo el mandato de González Trevijano. “Entonces eran amigos”, cuentan dentro de la Universidad. De hecho, el rector Ramos, se había convertido en catedrático gracias a un tribunal evaluador en el que se encontraba el químico Rafael van Grieken.
La mañana del 21 de marzo, con toda la presión disparada por la publicación del caso del máster de Cifuentes, llegó hasta el campus de la Universidad una asesora de Van Grieken y amiga personal de la presidenta: María Teresa Feito. Tenía la misión de intentar apagar el incendio y algunas fuentes aseguran que presionó a Enrique Álvarez Conde para encontrar documentos que avalasen los estudios de Cifuentes. Feito es profesora titular en la URJC y allí volverá cuando acabe su paso por la asesoría política. Ella misma confirmó a eldiario.es que es amiga personal de la presidenta y que estuvo en la universidad la mañana del gabinete de crisis, aunque explicó que no era por el caso máster sino por una charla que iba a dar un mes después.
Contentar a las dos partes
Públicamente, Van Grieken ha intentado contentar a sus dos mitades: la política y la universitaria. Ha sido capaz de pedir “por responsabilidad institucional” un margen para que la URJC “determine los hechos” que han rodeado el título de su jefa. Y, al mismo tiempo, asegurar estar “absolutamente convencido” de que Cifuentes asistía a las clases, que “cumplió con todo y que no recibió ”trato de favor“. Ahora, la presidenta ha dado un volantazo arrepintiéndose de recibir un trato especial. Ha descargado toda la responsabilidad en los servicios de la universidad y ha ”renunciado“ al título.
Por debajo de esas palabras Van Grieken ha dejado rastro de una acción más soterrada. No es solo que su asesora acudiera como emisaria al Rectorado, sino que los documentos utilizados por Cristina Cifuentes para tratar de atajar la crisis de su máster –y distribuida entre los medios de comunicación– llegaron vía Consejería de Educación dirigida por Rafael van Grieken: el acta falsificada o la imagen del supuesto correo que el profesor Chico de la Calle remitió a la funcionaria Amalia Calonge para cambiar las notas por haber un fallo.
La autonomía universitaria, consagrada en la Constitución, permite a los responsables políticos de educación desentenderse de asuntos espinosos. Este jueves, Van Grieken ha vuelto a poner el foco sobre la Universidad al asegurar en la Asamblea de Madrid que “en lo que concierne al prestigio, de nuevo, corresponde a las propias universidades, en su conjunto y sobre todo de manera individual, labrarse el mismo”.
Estrategia similar a la que fue esgrimida por la Comunidad de Madrid al sucederse los casos de plagio que acorralaron al antiguo rector de la Rey Juan Carlos, Fernando Suárez. Una vez que la situación de Suárez se hizo insostenible hubo espacio para que el Gobierno de Cifuentes (con van Grieken dentro) maniobrase. El rector convocó elecciones, pero no se presentó. Como candidato al puesto apareció Javier Ramos, señalado como sucesor natural de Suárez.
El mismo Suárez no dudó en avalar a Ramos ante sus iguales docentes. En esas conversaciones, el exrector le otorgaba a Ramos el sello de hombre “de la Comunidad de Madrid”, como atestiguaron varios de los presentes y relataron en su momento a eldiario.es. Las elecciones las ganó Ramos: el canal de comunicación entre Móstoles y la Puerta del Sol quedaba asegurado.
