El Parlamento Europeo pedirá explicaciones al Gobierno español por la supresión en 2012 de las ayudas a la compra de vivienda protegida. Un grupo de afectados ha denunciado este lunes en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara la situación que viven 300.000 familias, obligadas a enfrentar sobrecostes mensuales de entre 80 y 300 euros por su préstamo. La comisión europarlamentaria también remitirá una carta a la Comisión Europea para conocer su posición sobre los hechos.
Hasta la capital belga ha acudido la representación de afectados de la Comunidad Valenciana -parte de la Coordinadora Nacional de Plataformas de Afectados por la Supresión de la Subsidiación-, que ha denunciado ante los eurodiputados que el Gobierno “ha vulnerado la legislación europea básica en materia del derecho a la vivienda, infringiendo los principios de seguridad jurídica, de buena fe y de confianza legítima que protege a un particular contra las modificaciones imprevisibles de las normas”, explican en un comunicado.
El abogado y portavoz Ángel de Sacha asegura que la eliminación de estas ayudas sociales es un derecho que reconocían los planes de vivienda bajo los que los afectados habían adquirido sus hogares.
La subsidiación de préstamos para adquirir viviendas protegidas es una ayuda que el Estado otorgaba a los compradores con ingresos escasos para contribuir al pago de los intereses hipotecarios, normalmente por diez años con una renovación quinquenal. La cuantía de la subsidiación depende del plan de vivienda al que esté acogido cada beneficiario. El último, por ejemplo, contempla una cantidad de 80 euros mensuales por cada 10.000 euros de préstamo convenido.
No todos los afectados dejaron de percibir esa ayuda al mismo tiempo. El Ejecutivo aprobó el 15 de julio de 2012 un un real decreto que estipulaba en su artículo 35 que desde esa fecha quedarían suprimidas las ayudas de subsidiación de préstamos incluidas en el Plan de Vivienda 2009-12. Aunque el decreto no hacía ninguna referencia a las renovaciones o prórrogas de estas ayudas, el Ministerio de Fomento señalaba en los criterios interpretativos del decreto que envió a las comunidades autónomas que debían denegar las prórrogas de ayudas que se vinieran cobrando independientemente del plan al que pertenecieran.
Polémica con la interpretación
Unos meses después, el Gobierno aprobó la Ley 4/2013 de Fomento del Alquiler cuya disposición segunda especificaba que, aunque se mantendrían “las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos que se vinieran percibiendo”, no se admitirían “nuevos reconocimientos de ayudas que procedan de concesiones, renovaciones, prórrogas o subrogaciones”.
La Defensora del Pueblo pidió entonces al Ejecutivo que abonara las ayudas pendientes entre julio de 2012 y junio de 2013 y que diera instrucciones a las comunidades para que revisaran de oficio todas las solicitudes que hubieran denegado entre esas fechas. Hubo entretanto sentencias judiciales, a raíz de demandas individuales de afectados, que fallaron en contra de la decisión del Fomento. El conjunto de frentes obligó al Gobierno a recular y aceptar las solicitudes de renovación de préstamos subsidiados que se presentaron hasta junio de 2013.
En los demás casos, cuando a una familia le toca la cita para renovar las ayudas (cada cinco años), el trámite se deniega sistemáticamente. Hasta el cambio legal, la renovación quinquenal se llevaba a cabo solamente para comprobar que los beneficiarios seguían cumpliendo los requisitos para recibir la subvención. “Muchas ayudas se concedieron por diez años, con solo este trámite de por medio, y se han eliminado retroactivamente”, denuncia Ángel de Sancho, abogado y representante de la Coordinadora de Plataformas que ha viajado a Bruselas.
Según la Coordinadora, el número de afectados alcanza ya los 300.000, pero podrían ser muchos más en los dos próximos años. “La mayoría de casos son sangrantes. Hay que tener en cuenta que los beneficiarios de estas ayudas son personas con ingresos limitados”, recuerda De Sancho.
Más de 50 diputados del PSOE interpusieron sin éxito un recurso de inconstitucionalidad contra la supresión de las prórrogas al considerar que la decisión del Gobierno de eliminar los préstamos subsidiados ya concedidos en anteriores planes de vivienda era contraria a la Constitución por su efecto retroactivo. En concreto, se solicitaba al Alto Tribunal, que finalmente desestimó el recurso en octubre de 2015, que anulara la disposición adicional segunda de la Ley 4/2013.
Tipos de interés elevados
La representación de los afectados en Bruselas también solicitaron a la comisión de Peticiones que recomiende al Gobierno español “una revisión profunda de los procedimientos para establecer los tipos de interés aplicables a las viviendas protegidas” al considerar que los actuales “están muy por encima de los establecidos por el mercado libre”. Los tipos actuales “perjudican a miles de familias y favorecen a las entidades financieras, que otorgaron los préstamos durante años de burbuja inmobiliaria y ahora se enriquecen a costa de las VPO”, denuncia la asociación.
Han pedido asimismo a los diputados que se investiguen los impagos en materia de ayudas a la vivienda realizados por el antiguo gobierno de la Comunidad Valenciana (PP), que tenía 250 millones presupuestados para ayudas a la VPO que nunca llegaron a las familias afectadas, más de 60.000.