Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 vuelven a ignorar a la Memoria Histórica. En el proyecto presentado por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro no hay rastro de partidas económicas destinadas a exhumaciones de fosas comunes y otras medidas de reparación a los represaliados tras el golpe de Estado y durante la guerra civil o la dictadura.
La idea del presidente Mariano Rajoy, “cero euros” para la Memoria Histórica, repite como el estandarte que enarbola, un año más, ante las víctimas del franquismo. El Gobierno conservador repite estrategia para dejar en blanco, y sin efecto, la Ley 52/2007 y caminando hacia una segunda legislatura completa de olvido a las víctimas del franquismo.
El presupuesto estatal para Memoria Histórica estaba destinado de forma principal a financiar intervenciones arqueológicas para recuperar a algunos de los al menos 114.226 represaliados que yacen en las más de 2.500 fosas comunes repartidas en suelo español. Hasta la llegada de Rajoy, que ha convirtiendo en una tónica repetitiva la eliminación de estas cuantías económicas.
“Cero euros” a la Memoria
El primer año del Gobierno Rajoy (PP) ya redujo en casi un 60 por ciento la cuantía que destinó el curso anterior el Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). El Ministerio de la Presidencia dirigido por Soraya Sáenz de Santamaría redujo el presupuesto, pasando de 6,2 millones en 2011 a 2,5 millones en 2012.
Ese mismo año, el Consejo de Ministros aprobó la supresión de la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, el organismo creado la legislatura precedente para coordinar las exhumaciones de fosas franquistas, para integrarla en un departamento más genérico del ministerio de Justicia, la División de Derechos de Gracia y otros Derechos.
Un año más tarde, en 2013, Rajoy directamente suprimió la partida presupuestaria destinada a Memoria Histórica. El presidente del Gobierno ha cumplido una legislatura completa de olvido y camina con paso firme hacia un segundo mandato de ninguneo a las víctimas del franquismo. Con esos “cero euros” que prometió para derogar en la práctica la legislación memorialista.
Programa sobre ‘La Transición’
No hay dinero público para exhumaciones, por tanto. Una tarea recomendada por Naciones Unidas y a la que hacen frente algunas regiones, asociaciones de derechos humanos e incluso la justicia argentina. Como dijo el actual portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, en una frase que ejemplifica la visión conservadora sobre el asunto: las víctimas del franquismo “se han acordado de su padre cuando había subvenciones para encontrarle”.
La embestida de Hernando cosechó una denuncia de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) aunque el político popular, más allá de pedir perdón, insistió en la acusación. El único punto donde los PGE 2018 tocan de forma tangencial esta cuestión es la actualización de las prestaciones económicas “a las personas de origen español desplazadas al extranjero durante la guerra civil”, al amparo de la Ley 3/2005.
Del mismo modo, la disposición adicional 71 cita la aplicación de beneficios fiscales para poner en marcha el programa ‘La Transición: 40 años de Libertad de Expresión’. Aunque no quedan concretadas las “actividades específicas” a realizar, el apoyo a dicha iniciativa –prevista del 1 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2020– está justificada por su consideración de “acontecimiento de excepcional interés público”.