- Más info: Dimite Ana Mato por el caso Gürtel
Para ser ministro uno de los requisitos básicos es, aparentemente, tener paciencia. Y perseverar. Perseverar en la voluntad de serlo y en la insistencia a seguir siéndolo una vez que se ha conseguido llegar a La Moncloa. Estos son exactamente los méritos de los que ha hecho gala Ana Mato: acompañar estoicamente al líder de su partido hasta que Mariano Rajoy la puso al frente de uno de los ministerios más sensibles del Ejecutivo y aguantar los vendavales con cara de póquer hasta que amainaran las críticas. Aunque, incluso dejando fuera los escándalos judiciales, la reprobación pública de la gestión de Mato ha sido, estos dos años, una constante solicitud de dimisión.
1. El decreto que dejó sin sanidad a los inmigrantes sin papeles
El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, una de las decisiones más importantes tomadas por Ana Mato, dejó sin tarjeta sanitaria a más de 800.000 personas de un día para otro, entre las que predominan los inmigrantes sin permiso de residencia. La norma, que se hizo efectiva en septiembre de 2012, divide a los ciudadanos en “asegurados y beneficiarios” con condiciones que excluyen a los residentes en España en situación irregular. Solo tienen acceso a las urgencias, la maternidad y la atención infantil hasta los 18 años.
El caso del senegalés Alpha Pam, que murió por tuberculosis en Mallorca, se ha convertido en un símbolo de las consecuencias de la exclusión de los inmigrantes sin papeles. Pero no es el único. Plataformas como Yo Sí, Sanidad Universal han registrado cientos de irregularidades, desde falta de atención a embarazadas que acaban en aborto hasta cobros a enfermos por atenderles en urgencias.
2. Un copago farmacéutico que alejó a los enfermos de sus medicinas
El copago de fármacos que Mato impuso en abril de 2012 ha provocado “que muchos enfermos crónicos no retiren sus medicinas”, según denunciaba el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia (SEMERGEN), José Luis Llisterri. Lo que demostró esta medida, afirmaba el galeno, era que “se trataba de una medida recaudatoria y disuasoria, no médica”.
La doctora de Atención Primaria Mercedes Abizanda explicaba un ejemplo sobre el 'ahorro' que provoca el copago: el descontrol de un paciente que no toma su medicamento contra la hipertensión puede desembocar en un episodio de ictus, que solo en la intervención y la rehabilitación es muchísimo más caro. “Los diez últimos años de vida de un enfermo grave son los que producen mayor gasto”, señala esta especialista.
Hace un año, Ana Mato sacó de la manga un nuevo copago de medicamentos. En esa ocasión, de los dispensados en hospitales y que incluían productos contra, por ejemplo, el cáncer. Doce meses después, ninguna comunidad autónoma lo ha puesto en marcha.
3. Víctimas culpables en la violencia machista
“No podemos ayudarlas si no denuncian. No podemos ayudarlas, no podemos apostar, y no digo el Gobierno, digo toda la sociedad, si esas mujeres no denuncian”. Así se despachaba Ana Mato en 2012 en lo que se interpretó como una traslación de la responsabilidad hacia las víctimas. Mientras, el Gobierno recortaba las partidas presupuestarias dedicadas a igualdad y violencia de género. Una vez marcada la guía desde el Ejecutivo central, muchas comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, emulaban esa dinámica con duros golpes a la red de centros y programas de atención a las mujeres.
El análisis de la gestión efectiva de la violencia machista puede resumirse con estas frases: “Desde que entramos en el periodo de crisis, parece que el resto de los temas sociales están en segundo plano. Nos olvidamos de que por encima de la crisis hay cosas que afectan a los derechos fundamentales de las personas, como es el derecho a la vida de las mujeres”, reflexionaba la presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, Susana Martínez Novo.
4. Tratamientos de fertilidad solo para parejas
Fue solo una píldora en el arsenal que puso en marcha el Gobierno, pero muy ilustrativo. La ministra que ahora ha dimitido aplicó un criterio más bien ideológico al excluir a muchas mujeres de una reproducción asistida asequible y justificarlo en que debe limitarse a los casos en los que haya problemas de salud. Esterilidad y poco más.
La polémica que siguió a esta visión la zanjó Ana Mato con una frase cargada de poso conservador al sentenciar que “la falta de varón no es un problema médico”. En la presentación de esta medida, Mato hizo especial hincapié en estas “razones médicas”, que en la práctica impiden el acceso a la reproducción asistida a las mujeres solteras y a las parejas de lesbianas. Los matrimonios tradicionales quedaban favorecidos.
5. Dieta dura para la cartera de servicios sanitarios
El afán gubernamental en sus primeros meses de acción era meter la tijera a cualquier partida con tal de cumplir con las exigencias de déficit que venían desde la Unión Europea. Un objetivo claro fue la batería de prestaciones que se pagaban con cargo a los impuestos y que se decidió que eran susceptibles de ser cobradas a los interesados.
Entre ellas, los transportes sanitarios no urgentes, las prótesis, los complementos alimenticios para personas con problemas de dieta. Todo era revisable y susceptible de recorte. Tanto era así que se enviaban documentos presupuestarios a Bruselas en los que “la racionalización del gasto sanitario cobra una importancia destacada”. 'Racionalización' es un eufemismo para recorte.
6. Dependencia bajo mínimos
Aunque la Ley de Dependencia se apoya de forma muy importante en las comunidades autónomas, el otro pilar está en el Gobierno central. Y en particular, en el Ministerio que ha dirigido Mato desde Asuntos Sociales. El Plan Nacional de Reformas de 2013 reveló el compromiso adquirido con la Unión Europea de recortar 1.108 millones de euros en dependencia.
Pero, además, el Gobierno legisló para aguar esta ley. Casi siempre con el criterio de no gastar. Así, retrasó la entrada de los dependientes moderados en el sistema, eliminó la obligación de pagar la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras y amplió hasta dos años el plazo que tienen las autonomías para entregar las ayudas ya reconocidas sin tener que asumir la retroactividad con que nació la ley. Todo un paquete de poda.
7. La crisis del ébola
Casi se la lleva por delante. Cuando la sanitaria Teresa Romero dio positivo por ébola al comenzar octubre de 2014, Ana Mato compareció en una rueda de prensa en la que se limitó a señalar hacia dónde debían fluir las preguntas: su directora general de Salud Pública y el director general de Atención Primaria de Madrid. Ella, nada.
La primera semana de gestión del brote de la infección fue un maratón en el que las autoridades sanitarias acusaban a la enferma de provocar la situación y de mentir, la enferma hablaba con las televisiones por teléfono desde su aislamiento y se conocían las lagunas de preparación y material en el sistema sanitario. Así que en cuatro días Sanidad reconoció el fallo de sus protocolos y los modificó. El presidente, Mariano Rajoy, colocó al frente de la coordinación de la crisis a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y Mato quedó orillada. Pero, al final, no saltó del Ejecutivo.
8. La hepatitis C
La avalancha de medicamentos de última generación contra la extendidísima hepatitis C puso a prueba las dotes de gestión de Ana Mato. En especial, el fármaco Sovaldi, que cura más del 80% de los casos. Incluidos los pacientes más graves. Pero el laboratorio dueño de la molécula, Gilead, puso precios, al parecer, prohibitivos.
Mientras Mato negociaba, las asociaciones de pacientes clamaban por su curación. Exigían un criterio médico y no económico a la hora de financiar la pastilla. Finalmente, Sovaldi entró en la financiación pública con un techo de gasto de 125 millones de euros. A 25.000 euros el tratamiento, daba para unas 5.000 personas. El virus infecta a unas 800.000 en diferentes estados de gravedad y es responsable de la mitad de los trasplantes hepáticos de España.
Así que el documento que Sanidad publicó para guiar a los médicos a la hora de prescribir las medicinas prácticamente calcaba los criterios para el llamado “uso compasivo”, que reguló el acceso en casos desesperados mientras se acordaba un precio público para esta pastilla. Había “alternativas terapéuticas” para la mayoría de los pacientes de hepatitis C, rezaba el informe de Sanidad.