“Esta reforma es ideológica”. Isabel Serrano, la mujer que pronuncia estas palabras, alude a una nueva ley del aborto de la que no se sabe más que aquello que ha ido dejando caer el ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, y de la que aún no hay anteproyecto ni parece que se vaya a tramitar en los próximos meses.
A pesar de ello, las migajas que el ministro ha ido desgranando han sido suficientes para poner en alerta a muchos sectores de la sociedad y muchas de sus voces han empezado a hablar en voz más alta. Isabel Serrano es una de ellas, como portavoz de la Plataforma Estatal en Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos.
No es la única organización que se ha movilizado. Otra plataforma que integra asociaciones feministas, Mujeres ante el Congreso, acaba de publicar una Guía informativa sobre interrupción voluntaria del embarazo (IVE). “Quienes quieren quitar a las jóvenes el derecho a decidir no lo hacen por motivos sanitarios, sino por motivos ideológicos” coincide Toñi Ortega, miembro de esta plataforma.
Los defensores del derecho de la mujer a decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo “legal, seguro y gratuito” se suman al próximo Día de Acción Global que se celebra en todo el mundo el 28 de septiembre. Los “anti-elección”, término usado desde la izquierda feminista para definir a los autodenominados “pro-vida”, convocan marchas en todo el estado español para el 7 de octubre con el lema “Por el derecho a vivir, aborto cero” coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional contra la Pena de Muerte.
El argumento de las cifras
Que esta futura tercera ley de regulación del aborto tiene un fundamento ideológico lo sustenta, para las feministas, los datos: la ley del gobierno socialista del año 2010 no ha alterado la tendencia de descenso del número de abortos. En 2008 se practicaron 115.812 y en 2010 fueron 113.031, solo 1.500 más que el año anterior, según datos del Ministerio de Sanidad.
La preocupación por las jóvenes de entre 16 y 18 años tampoco tiene un sustento estadístico: el grupo de edad con más interrupciones del embarazo son las mujeres de 25 a 29 años, seguidas por las de 20-24 y 30-34. El porcentaje de mujeres entre 15 y 19 años que abortaron en el año 2010 es de 12,11 por ciento.
El PP tiene claro, ya desde su programa electoral, que en su reforma de la ley del aborto las menores de 18 no podrán abortar sin el consentimiento de sus padres. Pero para Justa Montero, de Mujeres ante el Congreso, “los hogares pueden ser el lugar más peligroso para las niñas, no el más seguro”. Una cifra: 800.000 menores son testigos, en España, de situaciones de maltrato. Con la actual legislación, las mujeres de 16 y 17 años no necesitan el consentimiento de sus representantes legales aunque sí están obligadas a informarles, a no ser que se alegue fundadamente que esto le puede provocar un conflicto grave. De todas las IVEs que se practicaron entre julio de 2010 y octubre de 2011, tan solo un 0,41 por ciento corresponden a menores que no pudieron comunicárselo a sus progenitores, según un estudio de la Asociación de Clínicas de IVE. Con estos datos en la mano, las defensoras del derecho de la mujer a decidir se preguntan por qué es tan importante para el PP la “protección” de las menores. “Quieren controlar la sexualidad de las jóvenes”, afirma Toñi Ortega, quien recuerda que hay otras muchas decisiones sanitarias que las menores pueden tomar sin consulta ni consentimiento de sus padres.
Supuestos contra plazos
Con las estadísticas sobre la mesa, Isabel Serrano estima que más de 70.000 mujeres van a tener muchas dificultades para abortar si sale adelante la reforma de Gallardón, que para ella supone “el colmo de la agresividad y la violencia contra esas mujeres”.
Volver a una ley de supuestos para revocar la ley de plazos supondrá, según estas organizaciones, que las mujeres tengan dudas sobre los procedimientos y por eso se retrase la decisión sobre su embarazo, lo cual provocará situaciones de clandestinidad y viajes al extranjero así como malas situaciones laborales para los profesionales sanitarios.
Desde el grupo de Feminismos 15M también se está trabajando en las implicaciones de esta marcha atrás en la regulación de los derechos reproductivos que, una vez más, lo entienden como un envite “ideológico” con el objetivo de controlar los cuerpos y la sexualidad. Analizan que, a largo plazo, estas limitaciones supondrán una “refamiliarización” que reforzará los roles de género donde la mujer “se lleva la peor parte”, como responsable de los cuidados. El lema “Nosotras parimos, nosotras decidimos” vuelve a estar presente al enmarcar el derecho al aborto como un derecho a decidir basado en la legitimación social de una sexualidad desprovista de fines reproductivos únicamente.
Las plataformas que trabajan en este sentido quieren también que sean las mujeres las que puedan opinar sobre una legislación que les atañe. “¿Quién es ese comité de expertos que está asesorando a Gallardón?” se pregunta Justa Montero, “no se sabe nada de ellos”. Su plataforma ha solicitado que les reciba el ministro de Justicia, sin éxito. Y adelanta que, cuando exista un anteproyecto de ley, mantendrán reuniones con los grupos parlamentarios porque “deben conocer la opinión de todas las mujeres, no solo de las conservadoras”.