Es su segundo desahucio en solo seis meses. El primero, por no poder asumir el alquiler de 700 euros que le pedían sus caseros. El que vino después, hace solo unos días, por ocupar una casa vacía. Era la última solución, la única salida que Jessica encontró tras dormir 15 días con sus hijos de 4 y 6 años en un parque cercano al piso en el que vivieron durante 13 años en el barrio madrileño de Tetuán.
Ni el Ayuntamiento de Madrid ni el Estado le ofrecieron ninguna solución. En servicios sociales, la falta de fondos bloqueó cualquier apoyo. “Me quedé en la calle, con mis niños y las maletas. En un banco, deambulando para encontrar a alguien que me ayudara. Pasé mucha vergüenza”, recuerda al otro lado del teléfono, sentada en la cama de una habitación que una amiga les ha cedido. Es el mismo lugar en el que los cuatro –su marido ya ha vuelto a España después de intentar, sin éxito, conseguir trabajo en el extranjero– intentan descansar por la noche, sin ocupar más espacio de la cuenta. “Es esto o la calle”, se recuerda a sí misma.
En Barcelona, una red de activistas y vecinos impedía el miércoles el desahucio de María Goretti, enferma crónica. Y un poco más allá, Amparo vivía la cuenta atrás del suyo en la UCI de un hospital de Cantabria. Tres casos en solo tres días. Tres personas que lograron superar el muro de la vergüenza para contar lo que les pasaba. Y muchas más que, fuera del foco mediático, pierden sus casas en el más absoluto abandono institucional.
La realidad de los que sufren mira a los ojos a la otra realidad. “Los desahucios no son la norma habitual”, afirmaba el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la entrevista que concedió a Telecinco. El argumento impregna el discurso del Gobierno, que enfrenta la realidad irrebatible que ofrecen los datos prorrogando medidas para frenar los desahucios cuyos efectos se han demostrado ínfimos.
El pasado miércoles fue el turno del Fondo Social de Vivienda del Gobierno, un parque de 6.000 pisos de alquiler social que una treintena de entidades bancarias, a través de la firma de un convenio interministerial, pusieron voluntariamente a disposición de las familias que han sufrido un desalojo. Apenas 1.465 de esas viviendas, de acuerdo con datos del Ejecutivo, tienen inquilinos dos años después de su puesta en marcha. En el periodo de tiempo más aproximado a los meses que lleva funcionando el fondo del que disponemos datos (enero de 2013-septiembre de 2014), se practicaron 117.771 lanzamientos según cifras del Consejo General del Poder Judicial. Lo que significa que solo un 1,24% de las personas desahuciadas pudieron beneficiarse de este alquiler reducido.
Es solo un ejemplo, pero los números tampoco salen con otras de las medidas estrella promovidas por el equipo de Mariano Rajoy, como la moratoria de dos años, cuyo impacto tampoco es mucho más esperanzador para los que viven bajo la amenaza de una notificación judicial. El INE computa en 23.240 el total de ejecuciones hipotecarias practicadas entre julio y septiembre. Pero el dato que mide realmente el drama de los desahucios no es este, sino el número de esos lanzamientos que afectaron a la vivienda habitual: en este periodo fueron 6.700, un 13,5% más que en el mismo periodo de 2013. El cómputo total de lanzamientos que recoge el Consejo General de Poder Judicial desde que comenzó a elaborar sus estadísticas en enero de 2008 asciende a 360.125.
En el propio Ejecutivo reconocen, o al menos así lo hizo el ministro de Economía, Luis de Guindos, que las personas beneficiarias de los parches de urgencia “son insuficientes”, aunque siempre, según su discurso, es mejor hacer algo que quedarse de brazos cruzados. “Nadie podrá decir que nos hemos olvidado de las personas durante este tiempo en el que se ha dado la vuelta a la situación económica”, añadía De Guindos.
Las plataformas antidesahucios, sin embargo, tienen una percepción bastante distinta. “El patrón que ha engullido a las medidas del Gobierno es siempre el mismo: criterios económicos y sociales muy restrictivos que vetan al acceso de muchas personas”, señala Carlos Macías, portavoz de la PAH Barcelona. Al otro lado de la línea se oye el bullicio de una acción de plataforma en una oficina de CatalunyaCaixa, una entidad rescatada que ha vendido el 90% de su gestión hipotecaria al fondo de inversión Real Estate Blackstone.
En la capital catalana, parte de la comunidad autónoma que desde 2008 ha contabilizado el mayor número de desahucios del territorio, la PAH se mueve. Y cada vez más ayuntamientos se contagian de este movimiento. Hasta el momento se ha realojado a 2.500 personas desahuciadas en 30 edificios recuperados por la Obra Social de la plataforma. “Lo único que nos queda es la autotutela de derechos. Es una acción a corto plazo para parar la emergencia habitacional ante la inacción de las administraciones”, justifica Macías.
El Ayuntamiento de Barcelona decidió situarse al margen de la moción impulsada en 16 consistorios catalanes para sancionar a las entidades cuyos pisos estuvieran vacíos, aunque solo seis –entre ellos, el de Terrassa, Manresa o Santa Coloma– las han puesto en marcha. “Eran más partidarios de negociar con los bancos. Y la realidad, y ahí están los datos –señala–, es que en tres años de conversaciones han logrado recuperar solo 12 pisos de los 88.000 que se encuentran en desuso en la ciudad”.
¿Los bancos están más abiertos ahora a la negociación? La experiencia de Macías se inclina a que sí: “Ahora basta con que descolguemos el teléfono para que escuchen. Es una cuestión meramente de imagen porque, si la persona afectada no tiene a la plataforma que visibiliza sus prácticas detrás, los desahucios siguen ejecutándose sin miramientos”.
Las alarmas que hicieron saltar a la agenda pública al movimiento antidesahucios, las dificultades de las familias para hacer frente a hipotecas con cláusulas abusivas, han quedado con el tiempo en un segundo plano, eclipsadas por el nutrido número de personas que no pueden pagar el alquiler. Así, el 51,3% de los desahucios que contabilizó el Consejo General del Poder Judicial en los nueve primeros meses de 2014 son consecuencia del impago de la cuota impuesta por un arrendador, frente al 43,4% relacionado con ejecuciones hipotecarias.
Claro que no es lo mismo que el propietario sea un particular a que lo sea un fondo buitre, como ocurre en Madrid. Justo en este punto, Mariano Rajoy justificó que su Gobierno estaba atado de pies y manos cuando “hablamos de desahucios de gente que tiene alquilado un piso y que también necesita ese dinero”. Aunque por el camino se olvidó de mencionar que Ana Botella e Ignacio González, de las filas de su propio partido, vendieron cerca de 4.900 pisos de protección oficial del Ayuntamiento (1.860) y de la Comunidad de Madrid (3.000) a los fondos buitre Real Estate Blackstone y Goldman Sachs-Azora, respectivamente.
Mañana el drama visible a través del rostro de Jessica, de María o de Amparo tendrá la cara de Rafaela y su hijo de 18 años, con notificación de desalojo de una vivienda de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo en la que ni siquiera ha hecho falta que entrara un fondo de capital riesgo. Pasado, será otra.