Hay más casos de desahucio por problemas con el alquiler que por el impago de la hipoteca. Así lo revelan los datos del segundo trimestre de 2013 publicados por el Consejo General del Poder Judicial que incluyen por primera vez esta separación de los datos. Un desglose que, aunque no permite establecer una comparativa con respecto a años anteriores, muestra una dimensión no medida hasta el momento.
Entre los meses de abril y junio se ejecutaron 18.077 desalojos; el 36,23%, por impago de la hipoteca; el 58,23%, por problemas con el alquiler; y el 5,54%, por otras razones. La estadística incluye locales comerciales y todo tipo de viviendas.
Tratar con bancos o hacerlo con personas arrendadoras compromete situaciones muy diferentes. Así lo explica Miquel Sàmper, vicepresidente del Consejo General de la Abogacía, quien apoya y asesora a personas en riesgo de perder su vivienda en la Oficina de Intermediación Hipotecaria de Terrassa. “En los desahucios por impago hipotecario, el oponente es la entidad bancaria. Es decir, una contraparte poderosa y rica. Cuando el contrario es una persona, estamos ante condiciones similares de fuerza y la sensibilidad es distinta. Al final son dos enfoques jurídicos muy diferentes”. Este abogado especialista en temas hipotecarios señala que “aunque es cierto que hay arrendadores con poder, otros viven con el dinero que les reporta alquilar una de sus viviendas”.
El servicio de asesoramiento e intermediación a personas en riesgo de perder su vivienda, creado por el Colegio de Abogados en enero de 2012, ahora se ha trasladado a las dependencias del Ayuntamiento de Terrassa con el nombre de Servicio de Políticas Sociales de Vivienda. Sàmper apunta un descenso notable del número de personas que acuden a la oficina con problemas para hacer frente a la letra de la hipoteca. Las dificultades para pagar el alquiler, sin embargo, siguen siendo muy numerosas. Entre el 1 de febrero y el 22 de octubre este servicio abrió 128 casos, de los que se han cerrado 57. El resto continúa en proceso de seguimiento y negociación.
Plataformas que como la PAH han abanderado la dación en pago encuentran ahora muchos casos en los que el problema ya no es la hipoteca, sino el alquiler. Los muebles de Amaya se quedaron en la calle el pasado 11 de septiembre y su empresa la despidió por faltar el día de su propio desahucio. En Madrid la situación ha llegado al extremo de que son las personas en situación más vulnerable las que son desalojadas de sus casas por no poder hacer frente a la cuota del alquiler social fijada por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS). Fue el caso de Isabel, su marido y su hija de ocho años.
“Los datos siguen siendo incompletos”
A pesar del avance que implica el nuevo desglose en los datos del CGPJ, Ada Colau (PAH) considera que “los datos siguen siendo incompletos”. A su juicio, “es una vergüenza que después del debate social que se ha creado en torno a este tema no dispongamos de estadísticas que permitan hacer una verdadera radiografía de la situación”. En el informe no hay ni rastro de los motivos del impago o del promedio de deuda. Las estadísticas tampoco revelan el número de daciones en pago, por lo que el informe no ofrece datos completos sobre el volumen de pérdidas de vivienda. “Estos casos no se consideran como emergencia porque no tienen orden de lanzamiento. No constan judicialmente, cuando son entregas involuntarias de llaves”, explica la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Los bancos y los arrendadores han solicitado a la justicia que ordene menos desahucios en el segundo trimestre de 2013 que en el mismo periodo del año anterior. Concretamente, se han registrado un 12,9% menos de solicitudes de ejecuciones hipotecarias: fueron 20.323 entre abril y junio. Sin embargo, la cifra se ha mantenido con respecto a los tres primeros meses del año, con un descenso de solo el 4,5%. También existen diferencias entre las comunidades autónomas más pobladas. Las ejecuciones hipotecarias iniciadas en Andalucía representan el 23,1% del total. Le siguen Cataluña (20,9%), la Comunitat Valenciana (12,7%) y Madrid (10,5%).
Aunque el número de desalojos ha caído con respecto a 2012, la PAH se muestra escéptica. Esperaban, como manifiesta Colau, “una disminución mucho más significativa” en un contexto en el que el drama de las personas que pierden su vivienda está en el centro del debate social. “A finales del año pasado llegó la alarma a la prensa y también la ILP y la movilización de apoyo masivo. Hemos parado muchos lanzamientos y las ejecuciones hipotecarias, por ejemplo, se mantienen en la evolución propia de otros trimestres”.
No obstante, las conclusiones son todavía hoy, dos años después de que el problema se hiciera visible, muy dispares: donde el Poder Judicial hablaba de más de 500 desahucios al día, el Colegio de Registradores y Notarios hablaba de unos 100; donde unos hablaban de primera vivienda, otros incluían locales de negocios. Por indicación ministerial, el Instituto Nacional de Estadística no se pronunciará hasta 2014 sobre sus trabajos sobre esta materia.