“Si me dicen ahora que van a cambiar algo, decapito al consejero”. Con tono irónico, medio de broma pero advirtiendo de las consecuencias que tendría, reacciona el director de un instituto ante la posibilidad de que en su comunidad autónoma, una de las que con el cambio de Gobierno en las elecciones amenaza con detener la implantación de la LOMCE, se intente hacer efectiva esta maniobra legal.
El sentir de este director resume el de sus colegas a lo largo y ancho del territorio. Por mucho interés que tengan las nuevas administraciones —incluso algunas viejas— en no aplicar la LOMCE, por mucha declaración que hayan realizado al respecto, o incluso movimientos normativos, como Aragón, es demasiado tarde. Los centros llevan planificando el curso próximo desde el pasado mes de mayo. Se han confeccionado horarios, cuadrantes y plantillas de profesores. Se han repartido las horas, se han solicitado interinos. Se le ha recomendado a las familias lo que se cree mejor para sus hijos. Y todo con los decretos —o borradores, porque esa es otra, los desarrollos normativos han llegado, como casi todo en la LOMCE, tarde y a toda prisa— de la nueva ley educativa. “Hasta las generales las cosas seguirán como están”, vaticina Rosa Ropero, presidenta de ADIES-CLM, la asociación castellanomanchega de directores de instituto. Mucho ruido, ¿pocas nueces?
La implantación de la LOMCE en las escuelas, que se realizado progresivamente desde el pasado curso 2014-15 y concluirá, en teoría, el 2016-2017, contempla que a partir de septiembre la nueva ley educativa llega a 1º y 3º de la ESO y 1º de Bachillerato. Hasta mayo todo iba más o menos bien. Algunas comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y el País Vasco, las que no gobernaba el PP) se oponían a la ley, pero estaban en minoría y no tenían fuerza. Pero tras las elecciones todo cambió. Se invirtió la relación de poder, y las regiones disidentes pasaron de ser cinco a 12. Y muchos de los nuevos gobiernos autonómicos comenzaron a declarar que tenían intención de detener la implantación de la LOMCE dentro de sus posibilidades (que no son tantas porque la LOMCE viene muy cerrada desde el ministerio).
Postura que los diferentes consejeros le han ido trasladando al ministro en la ronda de reuniones que éste ha tenido para pulsar el sentir de los nuevos Ejecutivos (se ha citado con los responsables de Extremadura, Cantabria, Galicia, Aragón). Pero el ministro no se ha comprometido a nada con los consejeros, y en la intervención que realizó hace una semana en el Congreso dejó muy claro que “la LOMCE es una ley y las leyes están para cumplirse”. El próximo 13 de agosto se verán las caras todos los consejeros con el ministro en la Conferencia Sectorial de Educación, el foro que reúne a las administraciones educativas.
“Es inviable paralizar la LOMCE”
Porque, además, la realidad es tozuda y un curso académico no se planifica en un mes. Y menos si es agosto. Los institutos, explican los directores, comienzan a preparar el curso siguiente a partir del mes de mayo, y este año no ha sido una excepción. “La planificación [del próximo curso, que empieza en septiembre] se ha hecho con un borrador adaptado a la LOMCE”, explica Ropero, de Castilla La Mancha, una de las regiones que ha cambiado de Gobierno y amenaza con el cambio. “A estas alturas es inviable que se pueda paralizar la LOMCE para el curso siguiente”, asegura rotunda.
Lo mismo opina Alberto Arriazu, presidente nacional de Fedadi, la federación de asociaciones de directivos de instituto. “Tenemos hechos hasta los horarios, tenemos los profesores elegidos, los interinos tienen su plaza asignada... no se puede dar marcha atrás”, explica este director de un centro navarro. La Comunidad Foral es otra de las que ha cambiado de Ejecutivo y rechaza la LOMCE. Pero tendrá que aplicarla, explica Arriazu. “Se da la paradoja de que van a tener que aplicar la ley Gobiernos que no creen en ella”, cuenta. En regiones como Navarra, Galicia, Cataluña, Valencia o el País Vasco, con lengua autóctona, el margen de maniobra es aún menor.
Los propios ejecutivos autonómicos entrantes se han dado cuenta de que tienen poco margen de maniobra. En Valencia, por ejemplo, el gobierno de Ximo Puig “tenía una serie de propuestas que no ha llevado a cabo porque hubieran supuesto una reorganización completa del curso, y a estas alturas no era razonable”, explica Vicent Baggeto, responsable de la asociación de directivos valenciana. De esta manera, la consellería ha optado “por un retoque que visibiliza la oposición del Gobierno a la LOMCE, pero al menos coste posible porque los centros ya tenemos prácticamente cerrado el curso”, argumenta. En esta comunidad, el Gobierno utilizará su pequeño margen de maniobra para añadir una cuarta hora a las asignaturas troncales a cambio de cursar una asignatura optativa menos.
En Aragón se ha dado la situación contraria. Esta es la comunidad que más allá ha ido en sus movimientos anti LOMCE con el objetivo precisamente, según explicó la consejera de Educación, de evitar el caos que supondría aplicar la nueva ley. El gobierno regional derogó el decreto que introducía la norma en los institutos y devolvió vigencia al de 2007, con referencia a la LOE, ligeramente actualizado para cumplir la ley cambiando asignaturas antiguas por otras nuevas que contempla la LOMCE.
En este caso, la responsable de la asociación aragonesa de directivos de institutos celebra el cambio. “Implantar la LOMCE el próximo curso suponía hacer modificaciones en un plazo muy pequeño, y no hacerlo correctamente”, sostiene Isabel Arbués. “El cambio nos ha facilitado la vida”, se felicita.
Preocupa más el curso 2016-17
En cualquier caso, a los directores les preocupa más el año próximo, cuando se acabe de implantar la LOMCE (si se acaba de implantar la LOMCE). Los cambios en 1º y 3º de Bachillerato son relativamente pequeños, se han suprimido algunas asignaturas y se han cambiado por otras, como preveía la ley. Pero el curso 2016-17 llegará con las pruebas de final de ciclo (en 4º de la ESO y 2º de Bachillerato) y el cambio en la prueba de acceso a la universidad destinada a sustituir a la Selectividad. “Eso ya tiene otra enjundia”, alerta Arriazu, que expresa su temor ante lo que está por llegar. Estas pruebas, popularmente conocidas como reválidas, no han sido diseñadas al detalle aún. Y con las elecciones generales en noviembre, los directores temen que (otra vez) se vean obligados a trabajar sin margen de tiempo.
Esta situación se viene repitiendo los últimos años. Para la entrada en vigor de la LOMCE en los institutos, el Ministerio de Educación realizó un Real Decreto de los currículos de Secundaria y Bachillerato que después cada comunidad autónoma tiene que adaptar a su realidad, gustos y necesidades a partir de esos mínimos que marca Madrid. El problema, recurrente con la LOMCE, es que todo se ha hecho deprisa y corriendo por el interés del Gobierno en tener la ley implantada antes de las elecciones, porque de fondo asoma la amenaza de que un cambio de Ejecutivo en las elecciones de noviembre suponga que se derogue la ley. Pero una ley que ya está en las escuelas es más difícil de tumbar.
Con la lengua fuera por lo tarde que Educación publicó el decreto que sirve de marco a las comunidades, los Gobiernos han ido publicando sus propios currículos, algunos tan a última hora como este mismo mes. Y los institutos necesitan estos textos para planificar asignaturas, contenidos, horarios, etc. Los centros han trabajado contra el reloj con ese material. Y, muchas veces, con borradores no definitivos de los decretos, según explican los directores. Ahora se temen que, de cara al curso que viene, vuelva a suceder lo mismo, pero con más gravedad porque los cambios son más importantes. “Se implanta en 4º de la ESO, cuando los alumnos tienen que decidir si van a la FP o al Bachillerato”, explica Arriazu.