El fin del curso escolar obliga al Gobierno a decidir ya sobre los recortes educativos promovidos por el PP

El Gobierno tiene poco tiempo para que el próximo curso comience arrastrando los recortes en inversión educativa que decretó el Ejecutivo del PP. Tras tomar posesión en junio, los plazos son muy cortos para modificar la normativa y las comunidades autónomas tengan capacidad para ejecutar estos cambios. Este jueves el Ministerio de Isabel Celaá presentaba el mismo decreto de becas promovido por el PP y con un presupuesto ya cerrado que no les dejaba mucha capacidad de reacción. Entre las justificaciones planteadas por su equipo aseguraban que lo realizaban por miedo a que el pago de las becas se retrasase si decidían estudiar un nuevo sistema de cara al próximo curso.

En el caso de los recortes impulsados por el exministro José Ignacio Wert, el Real Decreto 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, también van a contrarreloj. Desde que entró en vigor, esta normativa ha repercutido en la subida de las tasas universitarias, aumento del número de estudiantes por aula, incrementó la jornada docente, amplió a diez días el plazo para la sustitución temporal del profesorado y eliminó la exigencia de ofertar al menos dos modalidades de Bachillerato en cada centro docente.

Desde el sindicato STEs, su portavoz Voro Benavent asegura que si el cambio “no se hace inmediatamente va a condicionar el ordenamiento académico del próximo curso”. Por su parte, José María Ruiz, secretario de Enseñanza Pública no Universitaria de Comisiones Obreras, asegura que “si esta semana o la siguiente no se toma una decisión, el Ministerio llega tarde”. “Las instrucciones del curso se cierran a principio de julio. Ahí se acuerdan los cupos de profesores que van a necesitar los centros”, reseña.

Impugnación en la Audiencia Nacional

Actualmente la Audiencia Nacional está investigando esta normativa, tras admitir a trámite en mayo la impugnación presentada por CCOO en el que requería su suspensión. Según datos de esta organización, la ampliación de la jornada lectiva y la limitación de la tasa de reposición del profesorado de la enseñanza pública supuso que “uno de cada cuatro docentes sean temporales, así como la pérdida de 32.801 puestos de trabajo y el aumento de la tasa de jornadas parciales hasta el 30%”.

Esta normativa también limitó la tasa de reposición (cuando un profesor se jubilaba no se reponía su plaza), que quedó reducida al 10% en los primeros años y al 50%. El Gobierno de Rajoy mantuvo activa esta medida hasta el año 2016. Durante los años en los que ha estado en vigor, las organizaciones sindicales denuncian que la aplicación de esta tasa ha disparado la tasa de interinidad del 10% al 25% de la plantilla.

El PSOE solicitó la derogación

En abril, los socialistas, todavía en la oposición, solicitaron al Gobierno del PP la derogación del Real Decreto. En las últimas semanas la ministra ha sido preguntada en varias ocasiones por el futuro de este Real Decreto y su aplicación en el próximo curso, que comienza ya en septiembre. Tras una pregunta de Unidos Podemos, Isabel Celaá aseguró la semana pasada en el pleno Congreso que “dado que lo excepcional ni coyuntural pueden prolongarse indefinidamente” – en alusión al carácter urgente por el que se apoyó la normativa – “el Ministerio considera interesante que en el menor tiempo posible se vayan revirtiendo las medidas que afectan a la Educación no universitaria”.

“Las repercusiones directas que tuvo ese Real Decreto sobre ratios y número de profesores ha sido una carga que la comunidad educativa y el colectivo docente han debido soportar. Quiero reconocer aquí todo su esfuerzo, a pesar del endurecimiento de sus condiciones laborales han seguido desempeñando su tarea con profesionalidad y con empeño”, reseñó en sede parlamentaria.

Sobre los plazos estimados para sacar adelante una modificación de estas medidas o incluso derogarlas, aseguró en una entrevista en El País que informarán esta semana al Consejo de Ministros “de esa reforma”. Este viernes el Consejo de Ministros informaba de que han estudiado un informe sobre el impacto en el funcionamiento de los centros educativos y las medidas establecidas por esta normativa.

La diputada de Unidos Podemos Ione Belarra le recordó a la ministra, al plantearle la pregunta en el Congreso, que los recortes impulsados por este Real Decreto “pesan como una losa sobre la educación pública” y sobre “los 70.000 estudiantes que no han podido ir a la Universidad por aumento de tasas y reducción de becas”.

Los sindicatos coinciden con la ministra al valorar el efecto negativo que ha tenido la implantanción de estas medidas entre los docentes. Aunque también advierten que no todas las comunidades han aplicado con la misma contundencia esta normativa. “En Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja y Valencia se ha aplicado y se mantienen las jornadas de 20 horas”, apunta José María Ruiz, portavoz de CCOO.

Inversión de 600 millones para revertir los recortes

Según las estimaciones elaboradas por Ruiz, desde la publicación del Real Decreto hasta ahora se han perdido entre “18.000 y 22.000 profesores y profesoras de enseñanzas no universitarias”. Y se necesitaría invertir entre 562 y 687 millones de euros anuales para recuperarlos. “Asumimos que de esta pérdida total de profesorado, un tercio pertenece el cuerpo de Infantil y Primaria y los dos tercios restantes al cuerpo de Secundaria”, asegura.

A nivel universitario esta normativa permitió a las comunidades que subieran los precios de las tasas universitarias hasta el máximo del 25% del coste real de los estudios para compensar, en parte, la caída de la financiación pública de los centros con un impacto a nivel regional también dispar. El coste de estudiar una carrera se triplica según la comunidad: en Catalunya el crédito supone 33,52 euros; en Madrid, 24,6 y en Castilla y León, 23,3; frente a los 11,89 euros que abonan los alumnos de los campus gallegos. El portavoz del Frente de Estudiantes, Adrià Junyent, también pide la “eliminación de todos los recortes” y va más allá, solicitando la “gratuidad del sistema”.