Recta final para que el tratado de pandemias supere la “hipocresía” de los países ricos

Cinco meses después del desastre nuclear de Chernóbil de 1986 los Estados negociaron, firmaron e hicieron entrar en vigor un tratado para la pronta notificación de este tipo de accidentes. Un par de años tras el hundimiento del Titanic se estableció un organismo para la vigilancia de los icebergs y se firmó el más importante convenio sobre seguridad marítima. Aprovechando la covid-19, a finales de 2021 los gobiernos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidieron sentarse a negociar un acuerdo para la prevención, preparación y respuesta ante inevitables futuras pandemias. Más de dos años después, la ambiciosa fecha límite de mayo de 2024 se aproxima sin que las negociaciones avancen, mientras la pandemia de coronavirus va cayendo en el olvido. 

elDiario.es ha hablado con cinco expertos en salud global y acceso a medicamentos para intentar desentrañar las claves de este “tratado pandémico” y las dificultades de su negociación, que ha entrado en su fase final y cuya penúltima reunión arranca este lunes en Ginebra (Suiza). Los principales obstáculos son la complejidad inherente a un acuerdo de estas características, sumada a la brecha existente entre los intereses de los países ricos y pobres. Como aderezo, las teorías de la conspiración alrededor del acuerdo que rodean a todo lo que tenga relación con la OMS y la covid-19.

¿Por qué es importante este acuerdo?

El origen del tratado está en los numerosos fallos observados en los brotes epidémicos de los últimos años, covid-19 incluida. Los errores van desde la falta de sistemas de vigilancia de enfermedades zoonóticas a los problemas a la hora de compartir datos y tecnologías de forma equitativa. Esto, en un contexto en el que se esperan nuevas amenazas epidémicas por factores como la globalización y el cambio climático.

“El acceso tremendamente desigual ha causado muertes que eran evitables, costado miles de millones a la economía mundial y provocado grandísimos problemas para la sociedad y los sistemas sanitarios”, explica el investigador del Centro de Salud Global de Ginebra (Suiza) Adrián Alonso.

Para el investigador de la fundación Salud por Derecho Jaime Manzano el acuerdo puede ser “un buen lugar” por donde empezar a cambiar un modelo que mostró sus “fisuras” durante los años de la covid-19. “No se puede seguir dependiendo de la voluntad de las farmacéuticas de compartir su tecnología, ni de una capacidad de compra en el mercado global que dio como resultado el acaparamiento” de vacunas y fármacos por parte de los países ricos, aclara.

“La pandemia subrayó las deficiencias de un sistema donde el desarrollo se produce con una gran participación del sector público, pero los beneficios son monopolizados por unas pocas compañías valiéndose del sistema de patentes y sin transparencia”, añade Manzano. Como resultado, “ciertas zonas del mundo tienen una alta dependencia” para hacer frente a los problemas de salud pública.

¿Por qué un plazo tan ajustado?

La fecha propuesta como límite es la Asamblea Mundial de la Salud que comenzará el 27 de mayo en Ginebra. Ni una pandemia es un desastre nuclear, ni la salud global es como un iceberg, de ahí que algunas voces hayan considerado este plazo poco realista: “Es muy ambicioso. No tendría precedentes el acordar un tratado en salud global en ese tiempo”, comentaba un diplomático consultado por el Financial Times el año pasado, que aseguraba que un plazo más normal serían diez años.

La prisa no es casual. El objetivo es lograr cambios aprovechando el impulso otorgado por la covid-19, que ya empieza a perderse en favor de otras prioridades, antes de que este se agote por completo. La urgencia también busca adelantarse a las elecciones de Estados Unidos —noviembre—y del Parlamento Europeo —junio—. Por eso las fuentes consultadas ven más probable un acuerdo “descafeinado” que un aplazamiento.

El problema, según la investigadora en políticas farmacéuticas del Instituto de Medicina Tropical de Amberes (Bélgica) Belén Tarrafeta, es que “los resultados de la pandemia no han dejado una lectura única y hay percepciones muy diferentes sobre qué fueron éxitos y qué fueron fracasos”. Por ello se pregunta “si realmente era el momento de proponer ese gran acuerdo”.

¿Por qué está siendo tan difícil de negociar?

El número de temas a solucionar en el tratado es muy amplio, y muchos de ellos ya tienen una legislación internacional detrás. Alonso explica que la complejidad del acuerdo reside en que debe “cuadrar todas las piezas para que funcione de manera correcta” y encajen en el marco legislativo existente. Por ejemplo, “no sirve de nada tener una gran vigilancia epidemiológica si los datos no se comparten, ni tener buenas plataformas para compartirlos si los beneficios derivados de estos no se distribuyen equitativamente”.

Tarrafeta separa la negociación en dos bloques: uno busca un “cambio de paradigma” que expanda la capacidad de investigación, vigilancia y desarrollo de vacunas a más regiones del mundo; el otro, “reforzar lo que existe con procedimientos más ágiles” porque “entienden que equidad significa simplemente mejorar el reparto” de vacunas y fármacos y “mejorar el acceso a información estratégica como las bases de genomas”.

En otras palabras, según la investigadora, este segundo bloque quiere “dar a quienes no tienen, pero manteniendo el mismo sistema que favorece a unos pocos países y empresas”.

¿Por qué el norte y el sur global no se ponen de acuerdo?

Las posiciones de partida están muy alejadas, con intereses muy diferentes entre países.

“Para el sur global es importante el acceso equitativo [a tecnología como vacunas y tratamientos] y la financiación adecuada para ejecutar las obligaciones del acuerdo” respecto a la vigilancia y la prevención, comenta Manzano.

Por otro lado, “para el norte global las cuestiones de la propiedad intelectual y compartir obligatoriamente el conocimiento, según las necesidades de la salud global y no del mercado, es un tema espinoso” debido a que las farmacéuticas más beneficiadas durante la covid-19 se encontraban en países ricos. En su lugar, los Estados mejor posicionados económicamente prefieren centrarse en incrementar su capacidad de vigilancia y preparación.

En este sentido, Salud por Derecho ha analizado la paradoja entre lo que algunos países proponen en casa y en Ginebra: “Europa se ha encontrado defendiendo una postura a nivel doméstico y la contraria durante las negociaciones, [lo cual] muestra un doble estándar”, dice Manzano. Alonso considera “curioso” que “España tuviera una respuesta bastante más abierta que el resto de países de la UE en lo relativo al acceso equitativo, pero ahora no se escuche cuál es su posición o qué quieren hacer en ese sentido”.

“Las democracias liberales han pregonado durante mucho tiempo su liderazgo en torno a los derechos humanos, pero muestran su verdadero rostro, que es el interés propio y el dominio económico”, afirma la investigadora del University College de Londres (Reino Unido) Els Torreele. “Tenemos que aceptar que los países ricos seguirán dando prioridad a sus propios intereses, incluso si eso lleva a que se pierdan muchas vidas y a que continúen las desigualdades”.

Entonces, ¿qué pasa con la propiedad intelectual?

Torreele considera que “la falta de compromisos vinculantes en torno al intercambio de tecnología” para que todo el planeta tuviera acceso equitativo a diagnósticos, tratamientos y vacunas “fue el mayor error” de la pandemia de covid-19, y “el principal motivo por el que hace falta un tratado internacional”.

Sin embargo, Manzano critica que el lenguaje del acuerdo es hasta la fecha “vago” y “reincide en la voluntariedad” frente a las obligaciones en los temas “más necesarios”, como la transferencia de conocimiento y tecnología. Por el contrario, “la vigilancia y preparación sí tienen concreción legal y vinculación jurídica” por ser la parte que defienden los países del norte.

La división en este punto es tal que esta semana pasada circuló una supuesta declaración conjunta de Estados Unidos y la Unión Europea en la que admitían los errores de la pandemia y prometían cambiar las reglas de la propiedad intelectual. En realidad, se trataba de un bulo lanzado por la coalición Alianza Popular para la Vacunación con el que pretendían señalar la “flagrante hipocresía” de estos países.

“Tuvimos que recurrir a medidas desesperadas como esta broma para llamar la atención sobre cómo los países ricos siguen negándose a hacer concesiones para garantizar un acceso equitativo”, dice la codirectora de políticas de la alianza, Mohga Kamal-Yanni. Estas naciones “reconocen que las reglas de propiedad intelectual pueden impedir que la gente tenga acceso a fármacos y vacunas y por eso ayudan a sus poblaciones a superar estas barreras, pero no permiten que los países con ingresos bajos y medios lo hagan”, critica, remarcando la palabra “hipocresía”. “Los países ricos quieren una regla para ellos y otra para los demás”, añade Kamal-Yanni.

¿Qué debería incluir el acuerdo para que no sea un fracaso?

“El acuerdo debe asegurar que en la próxima pandemia no se repiten las mortales desigualdades vistas durante la covid-19 y el sida y que las vidas de todos en todas partes se valoran por igual”, resume Kamal-Yanni.

Manzano explica que el acuerdo debe ser “comprometido y vinculante, con claridad en las obligaciones”. Por ejemplo, “el sistema global debe compartir tanto los riesgos como los beneficios para ser justo”. En otras palabras, “si se desarrollan vacunas gracias a la información de terceros países, no se entiende que a esas poblaciones se les niegue posteriormente el acceso a esos mismos fármacos”.

Además, “la propiedad intelectual no puede ser una barrera” y “debe favorecerse el acceso y la transparencia a aquellos productos que se hayan beneficiado de financiación pública”.

¿Es el acuerdo una buena idea?

No faltan voces críticas con el acuerdo. La experta en salud global Clare Wenham cofirmaba esta semana un artículo de opinión en la revista BMJ en el que se auguraban tres escenarios: un acuerdo descafeinado, un retraso, o directamente un fracaso. “Cualquiera que sea el resultado final, qué desperdicio de dinero habrá sido”, aseguraba. Unos millones que, en su opinión, “podrían haberse gastado mucho mejor” en implementar sistemas de vigilancia y respuesta.

“El gran problema es que no existe un objetivo claro sobre lo que se quiere acordar, porque a nivel político el bloque de los países ricos no piensa que sea necesario cambiar las reglas del juego para que haya equidad en el acceso” a las tecnologías y medicamentos necesarios durante una pandemia, dice Tarrafeta.

Manzano, por su parte, critica “la falta de transparencia y participación” que ha marcado al acuerdo desde el inicio, “con un papel muy limitado por parte de la sociedad civil”.

Tarrafeta, además, señala una desigualdad en la propia negociación: “No veo claro qué es lo que los países más ricos pueden perder si no se alcanza el acuerdo. E incluso si hubiera consenso, existiría la posibilidad de que los Estados que lo desearan se desvincularan de forma individual”.

A esto hay que sumar que ya se está revisando el Reglamento de Salud Internacional de la OMS al mismo tiempo. “Me parece más lógico la revisión de los mecanismos existentes antes de proponer un acuerdo sobre unas bases que no están aún bien definidas”, comenta Tarrafeta.

¿Qué no implica este acuerdo?

Por si las dificultades expuestas no fueran suficientes, en las últimas semanas el tratado pandémico se ha visto sometido a diversas teorías de la conspiración. Mientras que los entresijos de la gobernanza de la salud global son muy técnicos y complejos, la idea de que la OMS quiere controlarnos es mucho más divertida.

Esta semana, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, avisaba de que “la letanía de mentiras y teorías de conspiración sobre el acuerdo” se estaban convirtiendo en una segunda barrera junto a la falta de negociaciones. “Si no fueran peligrosas, estas mentiras serían graciosas”, añadía.

Adhanom se refería a la idea de que los gobiernos cederían su soberanía a la OMS, que sería capaz de imponer confinamientos y vacunaciones. También que la llamada enfermedad X —un patógeno hipotético e inexistente que se usa como ejercicio para la preparación de pandemias desde 2018— era algún tipo de plan premeditado por parte del organismo.

¿Qué pasa si no hay acuerdo, o este resulta insuficiente?

Kamal-Yanni teme que se esté usando el estrecho plazo disponible para que “los países ricos presionen a los de ingresos bajos y medios todavía más”, y que el resultado sea un documento “con muy pocos compromisos reales” que haga repetir los fallos vividos durante la covid-19 y el sida en el caso de una futura crisis.

Si el tratado no prospera, Torreele teme que “seguiremos teniendo un sistema de apartheid legalizado en el que los países ricos conservan todos los derechos para crear nuevas vacunas y tratamientos y los consideran activos financieros y monopolios que pueden decidir bajo qué condiciones venderán y pondrán a disposición del resto del mundo”.

“Esto nos aleja cada vez más de la salud como derecho humano”, añade la investigadora.

Otras fuentes consultadas son menos pesimistas y consideran que un acuerdo descafeinado o menos ambicioso sí podría tener utilidad si se usa para “construir el camino mientras se va andando”, aunque en términos políticos sí se viera como un fracaso y un ejemplo de “polarización creciente” en salud global.

Yo vivo en un país rico, ¿qué más me da todo esto?

Los derechos humanos no son el único argumento a favor de una mayor cooperación internacional. Una visión nacionalista podría tener un efecto rebote sobre los países ricos, tal y como advierte Kamal-Yanni. “Los virus mutan y no reconocen las fronteras. Si los países ricos escogen priorizar las extraordinarias ganancias de las farmacéuticas sobre las vidas del sur global, esto aumentará el riesgo de que la próxima pandemia sea más larga y dañina para todos”.

“Europa no está aislada del mundo, sino que tiene una gran interdependencia con el resto de regiones”, añade Manzano. “Piensa en sí misma como prioritaria en el acceso a los productos necesarios para responder a las pandemias, pero puede que el día de mañana la tecnología que salva vidas se desarrolle en otra región del mundo y la población de aquí no tenga acceso”.

Por eso defiende que nuestro continente “defienda el interés público con una visión de más alcance y que reconozca que la solidaridad es algo recíproco que hay que empezar a defender cuanto antes, porque el beneficio propio depende completamente del común”.