Los rectores de cinco de las seis universidades públicas madrileñas -Complutense, Politécnica, Alcalá de Henares, Carlos III y Autónoma- han firmado este martes un comunicado en el que muestran su “profunda preocupación por los presuntos plagios académicos” del rector de la también universidad pública Rey Juan Carlos, Fernando Suárez.
Estos cinco rectores más Suárez forman la Cruma, la conferencia de rectores autonómicos de Madrid, presidida por el rector de la Complutense, Carlos Andradas. Es decir, sus cinco compañeros madrileños se pronuncian sobre él.
Condenan duramente el plagio, aunque sin referirse específicamente a los nueve contrastados de Suárez: “Queremos señalar nuestro rechazo ante cualquier forma de plagio. El trabajo académico se basa en un escrupuloso respeto y reconocimiento de la autoría intelectual, principio que debe ser en todo momento inquebrantable y de aplicación a cualquier miembro de la comunidad académica”.
Piden que se investigue y, para ello, instan a que se denuncie “ante las instancias correspondientes, que habrán de estudiarlo rigurosa, objetiva y diligentemente, con las máximas garantías para todos los afectados, a fin de restablecer, en el menor tiempo posible, el principio de conducta académica antes mencionado”. No especifican si se refieren a la justicia ordinaria o a las instituciones.
La Conferencia de Rectores de España (CRUE), que aglutina a rectores de 76 universidades públicas y privadas ha anunciado que este jueves emitirán también un comunicado sobre los plagios. La CRUE ha anunciado también que hay una reunión prevista entre el rector de la Rey Juan Carlos y el presidente de esta Conferencia, Segundo Píriz.
El problema es que solo uno de los plagiados ha mostrado su intención de demandar (el proceso es costoso y la indemnización en casos de obras con poca tirada es escasa). Por otra parte, tanto la Comunidad de Madrid como el Ministerio de Educación se desentienden. Y solo el rector puede abrirse un expediente a sí mismo. En el claustro tendrían que votar 200 personas a favor de su cese de un total de 300, algo que por ahora parece impensable.
La universidad anunció que abría en breve una comisión de investigación de los hechos, formada por profesores de la URJC y a iniciativa de un vicerrector cercano al rector. eldiario.es ha preguntado hoy por los avances de esa comisión sin encontrar respuesta.
El caso se encuentra de momento parado en cuanto a la actuación de las instituciones externas a la propia Universidad Rey Juan Carlos. Este lunes la Asamblea de Madrid ha acordado, con los votos en contra del PP, invitar a Suárez a dar una explicación. Los rectores madrileños concluyen deslizando que se sienten concernidos en el tema pese a que son otros los que tienen que investigar: “Entendemos, también, que las autoridades académicas debemos respetar y velar por el cumplimiento de este principio [conducta académica], que constituye una norma ética fundamental de nuestro quehacer cotidiano y de la reputación de nuestras instituciones”.‬‬