Más de 10.000 refugiados han solicitado protección internacional en Melilla desde finales del 2014, cuando empezó a funcionar la Oficina de Protección Internacional en el paso fronterizo de Beni-Enzar, oficialmente inaugurada por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en marzo del 2015.
El delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, ha dado a conocer este dato hoy durante su intervención en la celebración del patrón de la Policía Nacional, los Santos Ángeles Custodios, en un acto institucional en el que ha agradecido y reconocido la “pericia” de los agentes de este cuerpo, que ha posibilitado atender esta cantidad de solicitudes.
El Barkani ha apuntado la cifra de peticiones de asilo atendidas en Melilla como ejemplo de cómo “se ha sabido conjugar el control de la inmigración irregular con la atención de los refugiados” en la ciudad autónoma, que “ha redoblado también su atención a los flujos migratorios”.
“Hemos demostrado que somos capaces de custodiar y defender la frontera sur de Europa sin dejar por ello de gestionar y afrontar la atención que requieren y merecen los refugiados”, ha señalado el delegado del Gobierno.
El Barkani, que ha incidido en la “extrema presión” que soportan sus fronteras con Marruecos, ha aludido al problema que Melilla sufre con los “cientos” de menores extranjeros no acompañados que llegan a la ciudad autónoma procedentes, fundamentalmente, del país vecino.
Sobre este colectivo, ha apuntado que sólo un pequeño porcentaje “busca servirse de Melilla como plataforma desde la que acceder a la península” como polizones, si bien ha señalado que muchos de los que son interceptados en las inmediaciones del puerto comercial son adultos.
En cualquier caso, ha admitido que este colectivo “conforma un problema de seguridad y presión migratoria extrema sobre el puerto de la ciudad y, en general, de inseguridad y desazón para la población”, aunque ha señalado que la solución a este problema “no es fácil” ni a nivel de acción social ni en materia de seguridad y repatriación.
Ante ello, ha puesto en valor las “nuevas fórmulas” que se están aplicando desde las administraciones central y local, que buscan “unidas” la manera de que “los derechos del niño prevalezcan, teniendo en cuenta que es en su entorno y en el país al que pertenecen donde mejor pueden y deben protegerse”.