Los regantes no quieren que les toquen el agua. Se han revuelto ante la nueva planificación hidrológica del Gobierno que busca desterrar “prácticas del pasado que han llevado al deterioro de los ríos y la sobreexplotación”, según la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera. En la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) lo llaman “ecologismo radical”.
En España, el consumo masivo de agua ha derivado en un problema de escasez casi sin importar cuánto llueva. El índice de explotación que mide cuánta agua se capta cada año supera habitualmente el 20%, según Eurostat. Este nivel “se considera generalmente un indicador de escasez hídrica e ilustra la presión sobre los recursos”, aclara la oficina. Sin embargo, el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, defiende que “estos borradores confirman la filosofía eminentemente ambiental del Ministerio e imponen en la planificación hidrológica el enfoque propio del ecologismo radical que busca solo objetivos ambientales sin considerar los efectos sobre las demandas”.
Más caudales ecológicos
El plan incluye la aplicación de un régimen de caudal ecológico a 405 masas de agua en lugar de las 170 actuales. Ese caudal es el agua mínima garantizada para “la preservación de los ecosistemas acuáticos”. Esta idea repele a los regantes: “En una situación de cambio climático en la que van a caer un 30% los recursos, no se puede entrar en una carrera de ampliar los caudales ecológicos de todos lo ríos de España porque eso va a disminuir la garantía y la disponibilidad de agua para todos”, ha afirmado el secretario general de Fenacore, Juan Valero de la Palma. Es decir, si va a disminuir el agua disponible, pretenden reservar lo que haya para el regadío.
"Somos los usuarios del 70% del agua y antes entrábamos en las confederaciones como en nuestra casa, nos atendían los técnicos y teníamos un contacto con el Ministerio al más alto nivel. Ahora se atiende antes a cualquier asociación ecologista"
Pero la instauración de ese flujo de agua es una obligación legal. En la última revisión de la Comisión Europea sobre cómo aplica España la Directiva Marco del Agua en sus planes, señalaba que “debería continuar con sus esfuerzos para establecer caudales ecológicos en todas las masas de agua relevantes y asegurar su implementación lo antes posible”.
La nueva planificación hidrológica abarcará desde 2022 hasta 2027. Bruselas ha explicado que “la captación de agua y su explotación es todavía muy significativa en una gran parte del territorio español”. Y ha pormenorizado las demarcaciones hidrográficas más apretadas: Baleares, con un índice de explotación del 97%; el Segura, con un 77%; el Júcar, con un 50%; y el Guadalquivir, con un 45%. “Todas más allá del umbral de riesgo del 40%”, advertía. Otras oscilan entre el 20 y el 40%: Guadiana, Guadalete-Barbate o el Ebro, “muy cercanas a ese umbral”.
El principal consumidor de agua en el país es la agricultura en general y el regadío en particular. De la Palma se ha quejado de que se están sintiendo discriminados. “Somos los usuarios del 70% del agua y, anteriormente, entrábamos en las confederaciones como en nuestra casa, nos atendían los técnicos y teníamos un contacto con el Ministerio al más alto nivel. Ahora se atiende antes a cualquier asociación ecologista, se les dedica más tiempo y se les hace más caso”.
La Comisión, en su análisis de febrero de 2019, anotaba que la mayoría de los datos con los que se trabaja en España, sobre todo de riego, “se sustentan en modelos y encuestas más que en mediciones”. Y añadía: “El control sobre la intensidad de la captación de agua podría ser insuficiente”.
La planificación ahora en preparación dice que “priorizará mejor los usos del agua, gestionará las grandes avenidas y sequías y asegurará la protección de las aguas y sus ecosistemas”. Y resume que supondrá “un claro cambio de tendencia en la gestión de este recurso”. Así que los regantes han escogido su adversario: “Solo les importa el cuidado del medio ambiente, que es muy loable”, insiste el presidente de Fenacore, pero “hay un profundo malestar. Las medidas ambientales, los propios caudales ecológicos, son a costa del regadío”.
España vaciada, empleo y precio por hectárea
Los regantes se han dibujado como casi la única vía de taponar el éxodo de la España vaciada y la producción de alimentos. “Solo los pueblos con más del 55% de su territorio en regadío mantienen o ganan población”. También esgrimen que cada hectárea en riego produce seis veces más que la de secano: “El Ministerio ignora la necesidad de alimentos que hay en el mundo. El futuro de la alimentación pasa por el regadío y la tecnología”.
Jean Ziegler, relator especial para el derecho a la alimentación de la ONU entre 2000 y 2008, ya advertía en 2003 de que “la actual producción agrícola podría alimentar a 12.000 millones de personas, casi el doble de la humanidad. El problema es de acceso a los alimentos”.
Por otro lado, en este sentido socio-económico, el regadío se ha convertido es un negocio de alta rentabilidad atendiendo al precio de la tierra puesta en este sistema, que multiplica varias veces el promedio en España. El precio medio por hectárea de uso agrario en 2020 fue de 10.124 euros, según la Encuesta de Precios de la Tierra del Ministerio de Agricultura. La hectárea de hortalizas de regadío fue de 36.000 euros. La de cítricos, 41.000 euros; la de olivares llegó a 38.000 y la de frutales, a 18.000. Una hectárea de hortalizas en invernadero de regadío costaba el año pasado 203.000 euros.
Esta organización, que agrupa –dice– a 500.000 regantes y dos millones de hectáreas, ya trató de librarse en enero de 2020 del control ambiental que proponía la vicepresidenta Teresa Ribera. “Todos defendemos el medio ambiente y los regantes especialmente, que somos protagonistas de una economía verde”, explica ahora su secretario general, pero solicitaron que la regulación cayera en el Ministerio de Transportes, “que se encargará de las infraestructuras”, o, si no, en el de Agricultura. Casi dos años después de aquel fallido intento, los regantes entienden que “ha llegado la hora de decir basta” a las políticas medioambientales que impulsa Transición Ecológica. Y amenazan con “las actuaciones necesarias en defensa de nuestros intereses”.