La Policía Nacional ha realizado este lunes un registro múltiple en 17 locales –incluido seis centros sociales– de Madrid, Barcelona, Palencia y Granada. El Ministerio del Interior ha informado de que los agentes han arrestado a 26 personas. A una docena de ellos les achacan actos de “sabotajes y colocación de artefactos explosivos e incendiarios” por lo que les relacionan con una “pertenencia a banda armada”. El resto de detenidos, según la policía, ha ofrecido “resistencia a la autoridad”.
La operación se ha llevado a cabo por la Comisaría General de Información a partir de las 6.00 y entre los centros sociales intervenidos están los de La Quimera en Lavapiés y el 13-14 de Vallecas, ambos en Madrid. También ha habido intervenciones en otro punto de este barrio madrileño, en la calle de Montseny donde la policía buscaba a uno de los acusados relacionados con “banda armada” y han terminado por llevarse a otros 14 compañeros, según informa la agencia Diso Press.
La Quimera, precisamente, reabrió sus puertas al público el viernes pasado. El centro ha contado que “desde las 6:30 de la mañana ha sido asediada, y tras destrozar la puerta, registrada durante horas, sacando material perteneciente al centro social y a los colectivos que le dan vida. La policía se ha negado a mostrar ningún tipo de orden o dar alguna explicación de lo que estaba sucediendo”. El centro 13-14 funciona desde junio del año pasado: “Lo hemos okupado. Tomamos lo que precisamos y no queremos delegar en nadie la gestión de nuestras vidas”, aseguraron en su comunicado de presentación.
Un miembro de 13-14 ha explicado horas después que “cuando hemos llegado esta mañana a la 13-14 nos la hemos encontrado sitiada por policía antidisturbios que inspeccionaban la puerta. Después del registro, han exigido que una persona se identificara para asignarlo como responsable del edificio que acababan de asaltar, ya que al no haber puerta (se la acababan de cargar) requerían que alguna persona se hiciese cargo de la situación del edificio”.
Interior asegura que los arrestados pertenecen al colectivo Grupos Anarquistas Coordinados y que habían fijado su residencia en los locales en los que se ha intervenido. La operación ha partido del Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional.
Hace dos años, una operación de similares características en Barcelona terminó con cinco personas acusadas de terrorismo y relacionados con movimientos anarquistas en libertad tras 124 días de prisión preventiva. La Audiencia Nacional los acusó de los mismos delitos y les aplicó el régimen FIES de alta seguridad: aislamiento, dispersión y comunicaciones controladas. La defensa aseguró que la investigación se inició por una persecución ideológica y que la medida era desproporcionada.