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Cifuentes puede esconder su título pero no puede borrar su existencia

Cristina Cifuentes en la recepción al presidente de Portugal.

Raquel Ejerique

El título oficial reza: “Dado en Madrid el 4 de noviembre”. Y va firmado por el Rector y la misma Cristina Cifuentes. La expedición misma del diploma tarda varios años desde que se pagan los 176 euros que cuesta hasta que llega a los servicios de la Universidad porque no se trata de un papel más: “Es un acto de certificación”, explica a eldiario.es un profesor de derecho administrativo. La presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes ha pretendido evaporar este título con una carta al rector Javier Ramos.

“Se trata de un acto administrativo que ella no puede borrar”, explica el docente universitario. El título de máster en Derecho Público del Estado Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos “es una constatación de algo que ocurrió”. En teoría que se han superado los estudios. “Ella puede renunciar a lucirlo, a ponerlo en currículo o a decir que lo tiene”, pero no más, explica el profesor. Y luego especifica que el Código Civil sí reconoce la renuncia a derechos pero que un título universitario no es un derecho sino esa certificación de que algo ha sucedido.

La ley orgánica de Universidades (LOU) explica la relevancia de un título oficial: “serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la universidad” y deben estar inscritos “en el Registro de universidades, centros y títulos”. Es el Gobierno el que establece el carácter de oficial de un título universitario, como el que ha lucido Cifuentes.

Otra experta en derecho pone este símil para explicar la situación: “Es como si a Cristina Cifuentes le hubieran concedido una vivienda de protección oficial y no quisiera vivir en ella, puede hacerlo”. “Si no vive allí, ya está”. Pero no puede despachar por carta la adjudicación“, añade.

La misiva de Cifuentes al rector llega después de que la misma Universidad Rey Juan Carlos esté revisando el proceso por el que se llegó a expedir el título de la presidenta madrileña. El rector Javier Ramos ha dicho que si se acredita definitivamente que hubo un fraude se retiraría el título.

“Si la Universidad lo anula, ella ni siquiera puede intentar renunciar porque no se puede renunciar a algo que no ha existido. Y si se declara nulo, el título no existiría a efectos administrativos”, concluye el profesor de derecho civil.

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