Seis retos LGTBI para acercarse a la igualdad real en 2019

El año 2018 dejó alguna buena noticia para lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales, como la aprobación de leyes LGTBI en la Comunidad Valenciana y Aragón, la despatologización de las transexualidad por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el ‘pacto social por la no discriminación e igualdad de trato asociada al VIH’. Sin embargo, este ha sido también el año en el que el borrador de la Ley de Igualdad LGTBI se ha quedado estancado en el Congreso y en el que han continuado poniéndose de manifiesto problemáticas relacionadas con la homofobia, la transfobia y la bifobia, en forma de delitos de odio o acoso escolar.

Desde las entidades que luchan por los derechos de estos colectivos reconocen que “cuando nos sentamos a pensar en los retos que tenemos por delante, siempre encontramos muchos”. Estos son algunos de los que están marcados en la hoja de ruta para 2019.

Aprobar la Ley de Igualdad LGBTI: “Un paso hacia la igualdad real”

El 12 de mayo de 2017, el grupo Unidos Podemos registró en el Congreso de los Diputados la proposición de la Ley de Igualdad LGTBI. Han pasado 19 meses y el texto continúa atascado en la Comisión de Igualdad por “lentitud o por la falta de capacidad o interés”, lamenta la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (FELGTB), que engloba a más de medio centenar de asociaciones, Uge Sangil. Ello pese a que, según indican desde la federación, han recibido el compromiso público y privado de partidos políticos y del Gobierno.

“Es un reto del que llevamos detrás más de un año, pero que no se cumple. Queríamos que fuera una realidad en diciembre, pero no ha sido así”, por lo que “esperamos que durante el primer trimestre de 2019 pase a Igualdad y a votación. Si no ocurriese así, lo primordial es que se haga lo antes posible, por si hubiera un adelanto electoral”, advierte Sangil. Y es que, para las entidades, esta ley es “un paso hacia la igualdad real” y un avance en cuanto a derechos humanos. Un paso que supondría la unificación de criterios en todas las comunidades y que, además, se daría en todas las direcciones. Porque la normativa abarcaría aspectos relativos a la educación, la memoria histórica, el mercado laboral, los delitos de odio, la discriminación, los derechos trans y sexuales y reproductivos, entre otros.

Reducir el acoso escolar lgtbifóbico: No es “cosa de niños”

“El acoso escolar por LGTBIfobia es uno de los más altos a nivel estatal”, indica la coordinadora de educación de la FELGTB, Visi González. Aunque no existen estudios anuales a nivel nacional, desde las entidades si cuentan con indicadores que apuntan en esa dirección. Por ejemplo, un informe elaborado por el colectivo aragonés Somos, en 2017, destaca que el 75% de los alumnos de estos colectivos no se siente cómodo en clase. Además, la federación ha detectado en los colegios e institutos donde trabaja que el 60% del alumnado ha percibido algún tipo de ciberacoso hacia alumnos por su orientación sexual o de género o que el riesgo de suicidio entre adolescentes LGTBI es tres veces mayor al del resto.

Atajar este problema pasa, indica González, por las familias “que deben romper con determinados estereotipos sobre el colectivo, por ejemplo, cuando hacen algún comentario si ven algo en la televisión” y por el profesorado, “que tiene que estar avalado por unas leyes”. “En 2018 se han aprobado leyes autonómicas, como en la Comunidad Valenciana y Aragón, que nos dicen que trabajar la diversidad afectivo sexual, de género y familiar previene el acoso escolar, y que, además de tener derecho a trabajarla en las aulas, tenemos el deber de hacerlo”, explica. No obstante, señala que hasta que la ley nacional no se apruebe, “estamos poniendo tiritas”. “Los profesores tenemos mucho miedo sobre si lo estaremos haciendo bien, si estaremos utilizando el vocabulario adecuado o qué hacer si viene una familia. Esta ley nos va a dar las herramientas para saber que lo estamos haciendo bien”, indica.

Además, la normativa que está pendiente de ser tramitada incluye un protocolo específico contra el acoso lgtbifóbico. “Nos están llamando marimachos, travelos y maricones, y no pasa nada”, lamenta González, para quien desde los centros “se ve como cosas de niños, se invisibiliza o minimiza y se enseña que esa es una forma posible de relacionarse”.

Despatologización trans: “Una deuda histórica”

2018 ha sido el año en el que la Organización Mundial de la Salud ha sacado la transexualidad del catalogo de enfermedades mentales para adultos y adolescentes. Una antigua reivindicación del colectivo que no ha tenido su homologación en España, donde la ley 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que permite el cambio registral de nombre y género “sigue exigiendo el trastorno de disforia de género, es decir, un diagnóstico psiquiátrico, para optar a ese cambio”, explica el vicepresidente de la FELGTB, Mané Fernández.

Esto, además, supone un trato diferente para las personas trans según la comunidad autónoma en la que estén, ya que algunas -como Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, País Vascos, Islas Canarias y Baleares- no exigen este requisito. Por eso, desde las entidades reclaman “la despatologización de las entidades trans y no binarias en todo el territorio y el derecho a la autodeterminación, aún sin ser mayor de edad”, explica Fernández.

En esta línea, la ley de Igualdad LGTBI vuelve a presentarse como un paso más en la consecución de estos objetivos. El propio Fernández lamenta que “en la ‘T’ es donde mas problemas estamos teniendo”. Sangil secunda sus palabras: “Estamos convencidas de que el retraso se debe, sobre todo, a actitudes ante articulados que tienen que ver con la transfobia. No entender la realidad trans y verla como una amenaza hace que se retrase”. Y ello, pese a que la “total despatologización y la autodeterminación” es “una deuda histórica con nuestras compañeras trans, que han estado delante de las pancartas siempre”, sentencia la presidenta de la federación.

Delitos de odio: formar a la policía y perder el miedo a denunciar

A finales de noviembre, el Observatorio Redes contra el Odio presentó el estudio ‘La cara oculta de la violencia hacia el colectivo LGTBI’. En él, recababa los datos recogidos por diferentes entidades a lo largo de 2017. Entre los datos que arroja se encuentran los 629 casos de delitos de odio por LGTBIfobia identificados por las organizaciones, o que entre el 60 y el 80% no se denuncian. “Hay muchas partes del colectivo que aún no se atreven a denunciar o que no tienen acceso a estas denuncias. A través de este análisis, podemos ver que hay mucha diferencia entre víctimas que viven en comunidades que nos protegen y las que no. Por eso, necesitamos una ley que nos proteja a todos”, indica Arantxa Miranda, vocal de delitos de odio de la FELGTB.

En esa ley se abarcará, previsiblemente, la formación a los cuerpos policiales. “Estamos en varias mesas de trabajo con distintos ministerios, pidiendo que se forme a la policía desde la base, cuando están en la academia, en delitos de odio y que no sea algo voluntario porque, si lo es, solo se forman los que ya están concienciados”, explica Miranda. Este punto es importante para que los agentes, que suelen ser los primeros en intervenir en un conflicto en la calle, sepan identificar cuando una agresión tiene el agravante de ser un delito de odio. Pone como ejemplo el caso de la Comunidad de Madrid, con leyes donde “no todos los artículos se aplican” y las denuncias llegan, principalmente, a través de la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid.

Además, Miranda señala otro factor a tener en cuenta y que explica el alto porcentaje de incidentes que no se denuncian. “En diciembre hizo 40 años que se eliminó la homosexualidad y la transexualidad como delito. El colectivo era perseguido por la policía, por lo que es difícil romper esa barrera si no pones herramientas. Ese miedo de que te van a culpabilizar sigue existiendo”. Un miedo que se suma a los casos donde las víctimas no son visibles en el trabajo o la familia, por lo que iniciar un proceso judicial se hace complejo. “Una ley estatal sería muy importante, porque hay incidentes que se resolverían con una simple incidencia administrativa, que es mucho más fácil que meterte en un proceso penal, mucho más farragoso”, indica.

Recordar a los mayores: “No podemos olvidarnos de la historia”

En 2019 se cumple el 50 aniversario de las revueltas de Stonewall en Nueva York, que supusieron la visibilización de las demandas de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales. Aprovechando la efeméride, la FELTB dedicará este año a los mayores y la memoria histórica. “No podemos olvidarnos de la historia y de cómo hemos llegado hasta aquí. Tenemos que acordarnos de esas personas que salieron del armario y que, quizás ahora, por la precariedad, tienen que volver a él: los mayores que están en una residencia o que no se atreven a salir porque son rechazadas por el propio colectivo; las personas trans que no han cotizado; etc.”, indica Sangil.

Por eso, dignificar el papel de estas personas que han sufrido el mayor estigma por su orientación sexual o de género y exigir justicia y reparación a través de la historia es uno de los retos para este 2019.

Contrarrestar el discurso de “la ultraderecha más rancia”

Otro tema que preocupa a los representantes de las entidades LGTBI es el aumento “de la ultraderecha más rancia”, como califican a Vox. “No tienen miedo ni se cortan en decir que derogarían la ley de matrimonio igualitario. Supone crear un pensamiento que, en lugar de llevarnos a la diversidad, nos lleva a tiempos pasados que no queremos recordar, donde se denigraba al colectivo, lamenta Sangil. Por eso, la necesidad de ”estar atentos y contrarrestar ese discurso“ se hace más necesaria que nunca, defiende, porque ”el sentir de la población es el enriquecimiento con la diversidad“.

“No podemos dormirnos. Tenemos que reivindicar que el trabajo que hemos hecho durante todos estos años es nuestro, y no dejar que nadie llegue y nos lo quite. Estamos hablando de lo que somos, de nuestras familias y de nuestros hijos”, argumenta González, para quien “no se trata del colectivo, sino de toda la ciudadanía, creando sociedades seguras donde poder expresarse libremente”. “Vienen tiempos un poco revueltos, con partidos políticos que intentan quitarnos nuestros derechos. Por eso es importante recordar lo que nos ha costado llegar donde estamos”, dice Miranda. Y remata: “No tenemos que escondernos”.