Robar agua en España sale barato. En un país donde hay grandísimas zonas en las que utilizarla se traduce en fuertes beneficios económicos, el castigo dista de ser “disuasorio” y genera sensación de “impunidad”, según analizan activistas, abogados e investigadores.
Mayo de 2023. España mira continuamente al cielo para ver si llueve. Se ha certificado el cuatrimestre de inicio de año más seco registrado nunca y los agricultores reclaman ayudas y medidas de apoyo por la sequía. Agentes del Seprona de la Guardia Civil, que investigaban desde hacia ocho meses a cientos de personas, detienen a 26 sospechosos de extraer agua sin permiso para regar 570 hectáreas de fincas de cultivos subtropicales en Málaga. Explotaciones de mangos y aguacates que beben intensamente en una de las zonas con mayor escasez de agua, La Axarquía.
Un día después, el Seprona arresta a 15 personas en la Región de Murcia. Son sospechosas de sacar ilegalmente agua subterránea para sus granjas porcinas –además de verter residuos ganaderos que acabarían en el Mar Menor–.
En ambos casos, el uso del agua se traduce en mucho valor económico añadido: multiplica los beneficios en los cultivos o la producción de carne de cerdo. En la primera operación, los investigadores calculan que se captaron sin permiso 28 millones de metros cúbicos mediante 250 pozos ilegales con un daño de unos 13 millones de euros. En la segunda, las explotaciones de cerdos se dispersaban por Alhama de Murcia, Cartagena, Fuente Álamo, Torre Pacheco y Totana.
Está mucho más extendido de lo que podría pensarse. Las confederaciones no saben en realidad quién saca, cuánto extraen y cuándo lo hacen lo que permite que el robo se haga más fácilmente
“Lo del robo del agua se explica, en efecto, porque es rentable”, explica Jaime Martínez Valderrama, investigador sobre desertificación y uso del agua de la Universidad de Alicante. “Además, hay regantes que de buena voluntad piden permiso y ven cómo se demora. Tras haber realizado enormes inversiones necesitan empezar a producir y tener ingresos para reducir deudas. Si los permisos no llegan y ven gente que riega sin permiso, entonces hacen lo mismo. Y una vez que corre la voz, ya nadie pide permiso, ¿para qué? Es una bola de nieve difícil de parar, con los miles de pozos ilegales que hay”.
Y no es la única manera de “distraer aguas” –como lo llama el Código Penal–. Solo unos pocos días después de las operaciones de la Guardia Civil en Andalucía y la Región de Murcia, los inspectores de la Confederación Hidrográfica del Guadiana detectaron tres caudalímetros trucados en su territorio. Llevan 14 en lo que va de campaña de riego 2023.
Los agentes hallaron los medidores falseados con imanes que detienen las hélices del contador y dejan de medir el volumen de agua que pasa. Se utiliza más, pero se mide menos, así que, oficialmente, se ha limitado el consumo. Es una práctica nada rara en el Alto Guadiana –que cae sobre La Mancha Occidental, un área actualmente en situación de emergencia por escasez de agua–. La Confederación describía así la situación en julio de 2020: “Se ha podido constatar que continúa la manipulación de contadores”. Habían encontrado 15 caudalímetros trucados. En enero de 2022, el organismo repetía las mismas advertencias.
Si los permisos no llegan y ven gente que riega sin permiso, entonces hacen lo mismo. Y una vez que corre la voz, ya nadie pide permiso, ¿para qué? Es una bola de nieve difícil de parar
“Está mucho más extendido de lo que podría pensarse”, afirma Rafael Seiz, responsable del programa de aguas en WWF. “Las confederaciones no saben en realidad quién saca, cuánto extraen y cuándo lo hacen, lo que permite que el robo se haga más fácilmente”.
Seiz considera que el problema se da, sobre todo en las aguas subterráneas. “No se sabe cuántos pozos hay, existen múltiples métodos para trucar los caudalímetros y no hay personal suficiente para controlar tanta extensión como tienen las demarcaciones hidrográficas. Ahí está el problema”.
El robo de agua se concentra allí donde, normalmente, disponer un recurso escaso lo convierte en muy atractivo. Donde más escasea “más rentable se vuelve si accedes a ella”, cuenta Martínez Valderrama. Y ahí se genera la cuenta mental: es tentador bombear “y luego esperar a que llegue la multa. Y si llega, la pagas”.
Además de las confederaciones cuyas campañas para detectar robos más resuenan, el Guadiana, Guadalquivir o Segura, en 2022, en la demarcación del Tajo se incoaron 61 expedientes con un monto total en multas de 261.000 euros –en 2023 llevan 30 expedientes–. En el Duero, el año pasado se abrieron 146 procedimientos por pozos o sondeos ilegales y este curso van por 51, según recuenta el Ministerio de Transición Ecológica.
“Las multas son ridículas, a pesar de que la Ley de Aguas permite imponer sanciones muy elevadas”, analiza el abogado especializado en derecho ambiental Jaime Doreste. “Para imponer infracciones graves o muy graves, las que llevan cantidades de 50.001 a un millón de euros, tienen que cuantificar el daño económico o acreditar un perjuicio ambiental –explica el letrado– pero no suelen acreditarse esos extremos y se quedan en menos graves”.
Julia Martínez, directora de la Fundación Nueva Cultura del Agua, coincide en que “las sanciones no tienen carácter disuasorio porque la multa es baja y no incluye otro tipo de castigos como la clausura temporal del acceso al agua y, en caso de reincidencia, revocar la concesión”.
Las multas son ridículas, porque las infracciones más graves tienen que cuantificar el daño económico o acreditar un perjuicio ambiental y no suele acreditarse esos extremos por lo que se quedan en menos graves
“El castigo es normalmente administrativo y la cuantía no disuade. La sanción es baja y la probabilidad de que te pillen, aún más baja”, remacha Rafael Seiz.
Porque, en medio de todo el territorio, parece difícil que te cacen. “A la Guardia Civil y a la policía de aguas les cuesta un mundo inspeccionar los pozos porque les acosan sobre el terreno”, cuenta Doreste. El Seprona realizó 5.326 actuaciones administrativas en materia de aguas en 2021. En 2016 habían sido 3.888, según los datos de la Guardia Civil.
El abogado se refiere a casos como el de 2018 en Huelva, en el entorno de Doñana, cuando un grupo de agropiratas rastrearon y cercaron a un inspector de la Confederación del Guadalquivir hasta acorralarlo en su coche. El funcionario pasó cinco días ingresado en un hospital de la ciudad de Huelva tras el shock.
Camino arduo en los juzgados
Los robos de agua que acaban juzgando caen en un tipo penal que se llama distracción de las aguas. Conlleva una pena de multa de tres a seis meses. Pero si el valor que se le asigna al agua utilizada no excede de 400 euros, se limita el castigo a multa de uno a tres meses.
¿Sacar agua de un acuífero o llevársela de un río sin permiso no daña el medio ambiente? “Hay un artículo específico del Código Penal –el 325– si se causan daños ambientales sustanciales”, recuerda Doreste.
Ese supuesto, además de multas más graves, acarrea pena de prisión de seis meses a dos años. Si el perjuicio a los sistemas naturales fuera grave, la prisión pasa a una horquilla de dos a cinco años. Pero “es muy difícil atribuir los daños a una única explotación”, resalta el abogado ambiental.
Los fiscales de Medio Ambiente coinciden con esta interpretación y se han quejado a su manera de lo mismo. En 2019, la Fiscalía Especial dejaba testimonio de que “es reseñable la tendencia, por parte de los Juzgados de lo Penal, a condenar por el delito de distracción de aguas del artículo 247 del Código Penal [el menos riguroso], en lugar del delito del artículo 325 [específico de protección del medio ambiente y más exigente], como sería lo procedente”.
Es obvio que la normativa es muy complaciente con el robo del patrimonio público hidráulico
Y añadía: “En relación con las extracciones ilegales de aguas para regadío en Las Tablas de Daimiel, la Fiscalía lamenta la falta de especificación normativa del concepto ”daño sustancial“ en el artículo 325, dado que ello afecta al planteamiento probatorio de la acusación”. Una manera distinta de decir lo mismo: al final no se llega a condenas contundentes por daños ambientales.
Un caso práctico: un juzgado de lo Penal de Huelva condenó a una explotación por el delito más leve “apartándose del dictamen de los peritos de la Unidad Técnica de la Fiscalía”. El agua salía del acuífero de Doñana. Sin embargo, los fiscales recurrieron y la Audiencia Provincial les dio la razón en febrero de 2020: había delito ambiental. Ha sido una decisión relevante ya que “esta sentencia dio lugar a que se dictaran al menos tres sentencias de conformidad en asuntos similares”, destacan los fiscales.
Entre la dificultad para pillar a los infractores y lo difícil de conseguir castigos disuasorios “la sensación de impunidad que tienen es brutal”, resume Jaime Doreste. “Es obvio que la normativa es muy complaciente con el robo del patrimonio público hidráulico, robo que mayoritariamente está ocasionado por los regadíos”, insiste Julia Martínez.
Rafael Seiz añade que, en el fondo, “lo que persiste es una mentalidad en la que se considera que, en tu terreno, el agua del subsuelo es algo tuyo, algo privado”. Pero, al hacer seguimientos de los acuíferos, “lo que ha quedado constatado es que las extracciones en muchos sitios están por encima de la recarga natural del acuífero. Están sobreexplotados. Y eso no es sostenible”.
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