Rosa Martínez es la secretaria de Estado de Derechos Sociales. Es decir, es una de las personas más implicadas en la aplicación de la Agenda 2030 dentro del Ministerio de Pablo Bustinduy, aquella agenda que Vox quiere tirar a la basura –literalmente–. La extrema derecha europea y parte de la derecha lo llaman “globalismo” y “consenso progre”, pero no son más que 17 objetivos de desarrollo vinculando derechos humanos y sostenibilidad, como el fin de la pobreza, la igualdad de género, el agua limpia y la acción por el clima.
Las críticas a la Agenda 2030 están presentes en la movilización actual del campo en España y el resto de Europa, y la derecha de siempre y la extrema derecha abanderan ese señuelo para pescar votos en un descontento que atraviesa desde temporeros hasta pequeños productores o los grandes empresarios que se llevan el 80% de los fondos de la Política Agraria Común. “España es uno de los países más afectados por los impactos del cambio climático, y el modelo que tenemos de agricultura y ganadería no es que no sea sostenible, es que no va a ser posible”, explica la secretaria de Estado.
¿Qué tiene que ver la Agenda 2030 con lo que está pasando en el campo?
No tiene nada que ver. Si vemos las reivindicaciones de los agricultores, tienen que ver con, por una parte, la burocracia; la competencia desleal de muchos productos que entran en el mercado sin cumplir las mismas reglas ni los mismos estándares en virtud de una política comercial de libre mercado instaurada y defendida por la derecha desde hace muchos años; los bajos precios que cobran dentro de la cadena alimentaria, que tampoco es nuevo; los seguros agrarios, que no se están adaptando a los fenómenos extremos derivados del cambio climático como la propia sequía... Todos son problemas que ya existían antes de la Agenda 2030.
Si bien la extrema derecha está aprovechando y canalizando este descontento, lo que hace es no dar soluciones y señalar un chivo expiatorio, haciendo responsable a una agenda que está en las antípodas. Es más, cuando leemos el detalle de la Agenda 2030, que tiene muchas propuestas para el mundo rural, para la agricultura y la ganadería, va en dirección contraria, y podría solventar muchos de los problemas que tiene el campo y que son reales.
En este sentido, la agenda habla de vida sostenible y de cuidado del medio ambiente.
La Agenda 2030 hay que entenderla como un acuerdo global, que es un un horizonte trazado con valores compartidos. El marco es clarísimamente el de los derechos humanos. Hablamos de acabar con el hambre en el mundo, de acceso universal a la sanidad, a la educación en la paz. ¿Quién puede estar en contra de eso?
La novedad de la Agenda 2030 es que por primera vez vincula los derechos humanos con la gestión sostenible de los recursos y la crisis ecológica, tanto climática como de biodiversidad.
La Agenda 2030 habla de incrementar las rentas agrícolas, de fomentar la agricultura y la ganadería a pequeña escala, del empleo decente en zonas rurales, de incrementar los recursos de las comunidades...
En el momento en que metemos la gestión de los recursos, la crisis climática, la crisis de la biodiversidad, los sistemas agrícolas tienen mucho que decir. Y encontramos que la Agenda 2030 habla de incrementar las rentas agrícolas, de fomentar la agricultura y la ganadería a pequeña escala, del empleo decente en zonas rurales, de incrementar los recursos de las comunidades... Es decir, reconoce el papel de los sistemas agrícolas en este horizonte de valores compartidos.
Lo que pasa es que, tal y como funciona ahora mismo la industria agroalimentaria, ni garantiza los derechos humanos ni garantiza la sostenibilidad.
Habla de la sostenibilidad rural, de un modo de vida que preservar, pero también es de donde viene todo aquello de lo que nos alimentamos.
Cuando hablamos de sostenibilidad es importante remarcar las dos vertientes: sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social. Los modos de vida que queremos preservar vinculados a la agricultura y a la ganadería solo serán posibles si las condiciones climáticas, de fertilidad del suelo, de biodiversidad, se mantienen.
La propia sostenibilidad de los modos de vida está vinculada al cambio climático. Y esto lo estamos viendo ya en muchas partes del mundo donde zonas que eran fértiles y que tenían grandes comunidades rurales que vivían de la agricultura se desplazan, tienen que dejar sus tierras, su modo de vida, precisamente por los impactos del cambio climático.
Todo el debate que tengamos en torno a cómo mejorar los precios, la burocracia, la producción, los seguros... y todo lo que pensemos sobre cómo repensar la agricultura y la ganadería tiene que tener una mirada climática y ecológica.
España es uno de los países más afectados por los impactos del cambio climático, y el modelo que tenemos de agricultura y de ganadería no es que no sea sostenible, es que no va a ser posible. Es importante entender que si queremos mantener sistemas agrícolas, sistemas ganaderos que no solo produzcan alimentos, sino que efectivamente mantengan vivas una amplia variedad de comunidades rurales a lo largo de todo el país, tenemos que tener este debate, y lo principal es el uso del agua y la sequía.
Se habla de que esta transición tiene que ser justa, porque al final las movilizaciones tienen que ver con que se resienten los ingresos y se ve peligrar un tipo de modelo económico. ¿Cómo se puede hacer que sea justa esta transición en el campo?
Es la clave. Hay que acompañar a las personas que viven en esas zonas en la transición justa. Otros sectores, como la minería o la industria, han estado muy vinculados a cómo mantener el empleo y cómo hacer para generar nuevos empleos.
En el mundo rural, el mundo agrícola y ganadero, hay que ver cómo son los empleos que ya son sostenibles, eso tiene que ver con un cambio de prácticas, y supone formación, inversión, acompañamiento y muchísimo diálogo y participación en todos los procesos de transición justa.
No funciona si se hace de arriba abajo; las comunidades y los territorios, los propios afectados, tienen que tener una voz.
Además, lo que tiene que ver con la transición en relación a cómo cultivamos a partir de ahora, también están los derechos sociales, qué tipo de prestaciones, ayudas y acompañamiento social damos a esas comunidades para que efectivamente en esta transición no solo se pueda mantener un modo de vida, no solo que la población pueda quedarse en ese territorio, sino que además tenga un modo de vida digno y que no haya situaciones de pobreza o de vulnerabilidad.
En definitiva, acompañar en todo lo que tiene que ver con la transformación del propio sector, los nuevos cultivos, las nuevas maneras de cultivar a través de la participación, la escucha, y teniendo en cuenta los derechos sociales.
El perfil de las movilizaciones es diverso. El descontento afecta no solo a gente trabajadora, sino también a pequeños empresarios, medianos empresarios y grandes empresarios. Además, las derechas se están moviendo bien en esas movilizaciones, mientras hemos visto en el Parlamento Europeo que el PP europeo se va descolgando de la agenda verde europea y que la propia Comisión Europea está echando el freno al Pacto Verde Europeo en algunas medidas que parecían consolidadas.
Hay dos cosas muy interesantes. En primer lugar, que lo que llamamos campo no es homogéneo. No es lo mismo una persona que cultiva cereal en Castilla, por ejemplo, que un pequeño empresario de la huerta murciana, que una pequeña explotación ganadera en Euskadi, y por supuesto, con el duque de Alba y otros terratenientes que son los principales beneficiarios de la PAC.
Muchas veces metemos en el mismo saco problemáticas que no tienen nada que ver las unas con las otras. Pero lo que sí comparten todas estas personas y los diferentes tipos de explotaciones es que van a tener unos impactos de fenómenos atmosféricos, de sequía, producidos por el cambio climático. Eso sí que es común, y no hacerle frente es adoptar el modo avestruz, de meter la cabeza bajo tierra, a ver si no hablo y se pasa.
La industria química usa principalmente gas. ¿Cuál ha sido la mayor crisis energética y de precios en los últimos años? La vinculada al gas. Frenar la Agenda Verde supone que la agricultura y la ganadería sigan dependiendo de los altos precios del gas
Y no solo tenemos que dar respuesta a la crisis climática, sino también, y esto es fundamental en agricultura, todo lo que tiene que ver con pesticidas, fertilizantes, que están agotando la fertilidad del suelo. Y si hablamos de precios, hablemos de los precios de los pesticidas y fertilizantes.
La industria química usa principalmente gas. ¿Y cuál ha sido la mayor crisis energética y de precios que hemos tenido en los últimos años? La vinculada al gas. Frenar la Agenda Verde, entre otras cosas, supone que la agricultura y la ganadería sigan dependiendo de los altos precios del gas para ser más o menos rentables.
No se trata solo del cambio climático, es también una cuestión económica y de ir reduciendo esa dependencia de carísimos combustibles fósiles que solo van a seguir subiendo: enfrentar la Agenda Verde con el futuro de la ganadería y la agricultura no solo es una falacia, creo que es una irresponsabilidad política.
Sin embargo, es algo en lo que está entrando cada vez más toda la derecha europea.
Sí, pero es un fenómeno que se ha dado también en otros temas. La ultraderecha sale con posiciones muy extremas en un tema, lo hemos visto también en migración y logra relativo éxito en ciertas capas sociales porque controlan muy bien la manera en que comunican, da igual no ofrecer soluciones, aunque sean falsas. Y logran restar apoyos de la derecha en favor de la ultraderecha.
¿Qué pasa? La derecha se mimetiza de ese discurso y de esas posiciones. Y no es una cuestión solo de la agenda verde, lo hemos visto en Europa con los derechos de las mujeres, los derechos LGTBI, la migración... Y la ultraderecha, más que tener un poder real, lo que está teniendo es un poder de hacer virar posiciones políticas hacia posiciones que no tienen nada que ver con valores compartidos y de derechos humanos.
¿Hasta qué punto también tiene que ver el horizonte de las elecciones europeas de junio? Está acabando un ciclo de una Comisión Europea que ha cuestionado ciertos paradigmas, como la austeridad, con los fondos de recuperación, por ejemplo. Y ahora, dada la correlación de fuerzas del Consejo Europeo y de cómo puede ser el nuevo Parlamento Europeo con el ascenso de las derechas, ¿podemos estar en un momento de inflexión sobre si se avanza en lo que se ha hecho estos cinco años o se empieza a revertir?
La importancia de las elecciones europeas del próximo mes de junio es vital, precisamente para confirmar un cambio de ciclo a nivel macro, no solo europeo, sino que el propio Banco Mundial y todas las organizaciones económicas van en ese sentido de inversión pública, de fortalecer los derechos sociales frente a la austeridad, y en defensa de una agenda verde.
No solo la Unión Europea, también el G7 y el G20 tienen claro que esa transición económica, industrial y de producción va a darse. Pero es verdad que las elecciones europeas siempre son golosas para partidos que, sin tener un gran poder institucional, tienen mensajes rupturistas, subversivos con lo establecido. Yo creo que la extrema derecha lo ha entendido bien y está subiendo el tono precisamente porque en las elecciones europeas el voto castigo y de enfado siempre es mayor que en otro tipo de elecciones.
Pero esto supone un riesgo para el propio proyecto europeo y para lo que se ha avanzado este año en agenda verde, social y económica, recordemos, con una presidenta de la Comisión de la familia conservadora. Es preocupante y tenemos que ser conscientes de que en España también nos jugamos mucho con ese equilibrio entre progresistas y conservadores con las ultraderechas Hay que entender que nos jugamos mucho.
¿Hasta qué punto a veces este tipo de cuestiones, como la Agenda Verde, parece una agenda urbanita que no termina de entender la realidad del campo, al tiempo que es precisamente la gente del campo la primera que es perfectamente consciente de la sequía y de las consecuencias del cambio climático?
Las personas que están todos los días en la tierra, en su explotación, son las que perciben cómo cambian las estaciones, cómo suben las temperaturas, cómo llueve menos. No tenemos que explicárselo con datos científicos, Ellos lo ven, pero hay una urgencia de supervivencia del día a día, de cómo me voy a mantener, que es a lo que no estamos sabiendo dar respuesta.
Porque, además hay muchos otros intereses, no solo el de los las personas que tienen su explotación agrícola y ganadera. Aquí estamos hablando de la industria agroalimentaria, que son multinacionales tan poderosas y del mismo tamaño que las grandes petroleras y grandes energéticas.
El sistema de producción alimentaria a nivel mundial, en nuestro país y en Europa, está controlado de arriba a abajo, desde quien vende las semillas, los fertilizantes, a quien compra los productos... Son todo multinacionales con unos intereses tremendamente poderosos.
Creo que es un error caer en la dicotomía entre lo urbano y lo rural. También en la ciudad, con una agenda climática muy clara, las personas son reacias a ponerla en marcha aún sabiendo que es lo que necesitamos hacer para preservar nuestra salud
Entonces, cuando hablamos de sistemas agrícolas, no es lo mismo la solución que hay que dar a un pequeño productor que a un gran terrateniente, que a una producción industrial. Porque, cuando vamos por el campo y vemos campos cultivados, muchas veces hay grandes industrias detrás. Y esto complica la transición.
Creo que es un error caer en la dicotomía entre lo urbano y lo rural. También en la ciudad, con una agenda climática muy clara, las personas son reacias a ponerla en marcha aún sabiendo que es lo que necesitamos hacer para preservar nuestra salud, nuestro modo de vida.
Hay algo en la manera en que nos comportamos, o en que comunicamos, o en la que aceptamos las transformaciones, que no nos hace querer ver la realidad y decir, 'bueno, yo prefiero seguir como hasta ahora'. Pero los impactos del cambio climático van a ser tanto en el campo como en la ciudad.
En el debate de la industria agroalimentaria, también está la cadena de valor. El otro día decía Pedro Sánchez que quería tomar medidas para corregirlo, pero no se sabe aún bien cómo.
La ley de cadena alimentaria que se puso en marcha pretendía corregir estos desequilibrios que hay desde los costes que asume el productor a lo que realmente luego le pagan. Pero el problema es que no estamos en un libre mercado: un productor, con sus tomates o su trigo, no va y lo oferta al mejor postor. Muchas veces ya tiene la cosecha vendida de antemano a grandes empresas que tienen esa capacidad de fijar y apretar precios y el consumidor final acaba pagando una diferencia que no se entiende.
Ese, está clarísimo, es uno de los principales problemas que tiene que ver con una falta de voluntad de muchos sectores políticos, empezando por la derecha, de querer regular un mercado fundamental como es el de los alimentos. Y esto lo vemos a pequeña escala con nuestros productores, con nuestras cadenas de distribución, y a escala global con las especulaciones que hemos visto durante años con el grano, y cómo los alimentos son objeto de especulación en los grandes mercados bursátiles.
¿Qué puede hacer el Gobierno para responder ante el descontento del campo?
Seguir avanzando en el control de márgenes y que los agricultores reciban un precio justo en la cadena alimentaria. Es una cuestión fundamental. Creo que la posición de España en la negociación de la próxima política agrícola común europea (PAC) tendría que ser mucho más decidida en defensa de los pequeños agricultores y en apoyar ese transición hacia un modelo más sostenible con menos agua, menos fertilizantes y poniendo el foco sobre todo en pequeñas explotaciones y dejar de financiar a grandes terratenientes.
Creo que habría que sentarse con las aseguradoras y ver cómo podemos repensar la manera en que los seguros agrarios cubren, en una situación de incertidumbre climática absoluta, las cosechas y la sequía y la falta del agua. Habría que sentarse con las organizaciones, con los agricultores y con la ciencia, que tiene clarísimo cuánta agua vamos a tener en España, y empezar a diseñar un plan de transición, de qué tipos de cultivos podemos permitirnos y qué tipos de cultivos no.
Y, junto con este plan para un uso racional del agua, tenemos que ver qué medidas de acompañamiento económico, social y político hacemos para que estas comunidades, que no van a poder seguir cultivando lo mismo que están cultivando ahora mismo, puedan seguir teniendo un modo de vida digno y en su tierra.
Todo esto debe estar vinculado a todas las medidas de reto demográfico que tiene que ver, sobre todo, con que existan servicios públicos esenciales en las zonas rurales, que haya consultorios médicos, escuelas, centros de atención a personas mayores... Sin servicios públicos, la España rural seguirá vaciándose.
Usted ha comentado que está oyendo muchas manipulaciones en las movilizaciones del campo, ¿a qué se refiere?
No sé si mentira o brocha gorda, pero es demencial que alguien pueda hablar en contra de algo como la Agenda 2030, que aboga por acabar con el hambre en el mundo, por la paz mundial, la educación, la salud y que haya peces en un mar sano. Ya no es cuestión de mentiras o no mentiras, es manipulación.
Y esto no quita que, efectivamente, muchas de las reivindicaciones y problemas de la agricultura y de la ganadería en España sean reales. Pero el chivo expiatorio, el muñeco de paja en el que se está convirtiendo la Agenda 2030 y la agenda verde es un error, es engañar a los productores y ganaderos.