Unas vacaciones de verano pueden ser un momento ideal para la calma y el descanso, pero también un suplicio y un quebradero de cabeza para miles de vecinos de toda España que llegan a sufrir día a día ruidos continuos.
Según dice a Efe la presidenta de Juristas contra el Ruido, Yomara García, ya no se salva ningún rincón del país: los altos decibelios se extienden desde “zonas típicamente ruidosas”, como Andalucía, Canarias y la vertiente mediterránea, hasta ciudades menos concurridas como Valladolid.
Curiosamente, aunque Madrid casi se vacía en verano y una parte considerable de su población viaja a otros lugares, sigue manteniendo altos niveles de ruido incluso durante esta época, según fuentes de la Subdirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Comunidad madrileña.
Pese a que el ruido del tráfico se reduce en la capital, especialmente en agosto, de alguna manera se “compensa” con la llegada de turistas y la mayor vida que los ciudadanos hacen en terrazas y en locales, que generan “incontables” quejas vecinales.
Quejas que también se producen en una de las zonas más turísticas de Barcelona, el distrito de Ciutat Vella, donde casi el 80 % de los vecinos considera que en su barrio hay mucho ruido, y prácticamente todos los sonómetros dispuestos en la zona superan los umbrales adecuados de ruido, tal y como indica un balance realizado en junio por el Ayuntamiento barcelonés.
Así pues, Barcelona y Madrid aparecen en el mapa como dos de las ciudades acústicamente más saturadas, es decir, aquellas en las que los niveles sonoros recomendables se superan a causa de actividades recreativas, espectáculos o por el ocio nocturno en establecimientos públicos.
En otras zonas tradicionalmente turísticas, como Ibiza, la cuestión ruidosa se ha ido extendiendo de las clásicas discotecas a fiestas ilegales en villas o incluso en parajes rurales, asevera la portavoz de la entidad Prou, Pitiüses en Acció (Basta, Pitiusas en acción), Rosa Redolat.
Redolat menciona que en la localidad de Sant Josep hay un grupo de vecinos que lleva cinco años denunciando, sin éxito, las molestias que originan los locales de la zona o las fiestas a volumen “insoportable” en cruceros, que atracan en el puerto “con total impunidad” pese al descontento de la población.
Por ello, la presidenta de Juristas contra el Ruido considera que sería interesante que se creara un cuerpo policial especializado en delitos relacionados con este tema, porque, a su juicio, la actuación policial se limita a “levantar acta” en algunas ocasiones.
Juristas contra el Ruido aclara que en España tan sólo el 6 % de las denuncias por ruido son provocadas por el tráfico, mientras que el barullo nocturno en terrazas y locales, que en los casos más extremos pueden cerrar tan solo cinco horas al día, aglutina el 30 % de las quejas.
Según García, los ciudadanos alzan su voz “cada vez más” contra los ruidos: las denuncias han aumentado, asegura, a pesar del “viacrucis” que aguarda al denunciante por la “inactividad municipal” y la ausencia de ordenanzas en algunos ayuntamientos.
Todo se complica si tenemos en cuenta que, aunque existe una legislación estatal, la normativa para cada municipio es diferente y en muchas ocasiones los medios disponibles en las localidades limitan su posibilidad de actuar contra el exceso de ruido.
El Consistorio madrileño, por ejemplo, evalúa las zonas afectadas durante tres o cuatro semanas cuando recibe una queja, analizando los locales de ocio y el número de vecinos que residen en el lugar -entre otros parámetros- para crear una “malla de ruido”; así, llega a realizar aproximadamente 7.000 inspecciones anuales.
Sin embargo, para llegar a conseguir que los ayuntamientos hagan una inspección hacen falta unas “20 ó 30 denuncias”, reprochan desde Juristas contra el Ruido, y a menudo los expedientes “se duermen”.
“No se puede generalizar porque es verdad que en algún ayuntamiento se plantea la cuestión y reaccionan, pero normalmente no hay conciencia”, critican.
Vecinos de todas las ciudades le han plantado cara al ruido y se han organizado en asociaciones como la de Pombo-Cañadío en Santander, que debe su nombre a una zona tradicionalmente ruidosa de la capital cántabra.
Incluso el Defensor del Pueblo ha llegado a mediar en este tipo de asuntos, como cuando hace un año, sugirió al Ayuntamiento de Santander que iniciase la declaración de Cañadío como “zona acústicamente saturada” por las reclamaciones que esta asociación presentó por el alboroto en la zona.
Muchos vecinos tendrán que esperar a que, con el invierno y el frío, les pueda llegar un poco de tranquilidad.
Marta Hita Mingo y Román Rodríguez Curbelo