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Un animal abandonado en España puede cumplir un doble castigo en función del lugar en el que lo abandonen: si está en Palencia, puede acabar sacrificado en una perrera; si está en Sabadell, quizá tarde en encontrar un nuevo hogar, pero no le matarán. La ausencia de una regulación estatal permite que en cuatro comunidades autónomas (Catalunya, Madrid, Galicia y Murcia) exista una ley de “sacrificio cero”, pero que en el resto esté permitido matar animales sanos porque los centros de acogida de animales estén colapsados.
Contar con una ley de “sacrificio 0” tampoco garantiza la ausencia de éstos, pues la ley aprobada en 2017 en la Región de Murcia contempla un plazo de aplicación de un año en la Comunidad Autónoma (diciembre de 2018), pero la capital tiene una normativa que prevé la ausencia de sacrificios en 2020 y es la perrera consultada con más sacrificios reconocidos (769 en 2017). Siguen muriendo perros en Murcia por falta de espacio, lo que se conoce como “sacrificio”, en oposición a la “eutanasia”, que es aplicada a los animales que tienen una enfermedad terminal o contagiosa o que son considerados excesivamente “peligrosos”.
Además, si las leyes no van acompañadas de otras medidas, pueden resultar una parte más del problema. “En la Comunidad de Madrid no ha habido iniciativas necesarias, especialmente la limitación de la cría en particulares, y la normativa ha generado que los animales estén criándose en la calle”, explica Arancha Sanz, abogada de Federación de asociación de protectoras FAPAM. “Muchos Ayuntamientos han cerrado las puertas de sus centros”, critica. Por ejemplo, si la perrera tiene una capacidad de 250 animales, no se admite al 251 para evitar el sacrificio.
Sanz lamenta que “la mayoría de animales que entran en perreras acaben siendo sacrificados” y cuestiona los datos oficiales sobre el número de sacrificios: “Existen empresas que están controlando la gestión de los centros y alegan que hay animales que han muerto cuando, en realidad, se los han cargado”. Pone como ejemplo los gatos que son recogidos en la calle y que, durante el transporte, “mueren casualmente”. Además, la abogada asegura que los ayuntamientos “no inspeccionan ni hacen control sobre los sacrificios”.
La competencia de la recogida de animales recae habitualmente en los ayuntamientos, aunque hay dos modelos de gestión: el público y el privado. En el segundo, el Consistorio lanza un concurso público y lo gana una protectora o una empresa, aunque suele ser la segunda por las bajas licitaciones. “Las empresas van a ganar dinero con los animales abandonados y, con las condiciones habituales de los pliegos, es imposible que hagan protección animal”, destaca Sanz.
La ley estatal: paralizada en el Congreso
Amparo Requena, presidenta de la Sección de Derecho Animal del Colegio de Abogados de València, gestiona con la protectora Modepran los centros de València, Paterna y Moncada. Insiste en que “el 'sacrificio 0'” es viable y critica que la mayoría de administraciones no hagan un “control exhaustivo”. También denuncia que, cuando las perreras (o mercantiles) dicen que no realizan sacrificios, es “seguro” que “están falseando los datos”.
Requena también pide que los ayuntamientos otorguen los concursos a las protectoras. La abogada cree que el modelo privado “no debería existir” y, por ello, lamenta que “el 99% de las perreras” sean “mercantiles”. “Tampoco opto por el modelo público porque los centros de animales requieren una sensibilidad especial que un técnico o un veterinario municipal puede tener o no”, explica.
Tanto Sanz como Requena abogan por una ley de “sacrificio 0” a nivel estatal. “En Madrid las perreras mercantiles están colapsadas y es, en gran parte, porque las demás comunidades autónomas no tienen una normativa similar”, explica Requena. El partido PACMA presentó en en el Congreso la “Ley Cero” pero, como dice Laura Duarte, su portavoz, la iniciativa está paralizada: “La ley sigue en la Comisión de Medio Ambiente y no tenemos respuesta de ningún partido”, lamenta.
Gran Canaria y Oviedo dejan el sacrificio masivo
El caso de la perrera de Gran Canaria es especialmente complejo: el Cabildo ha tenido siempre la gestión del albergue, a pesar de que es una competencia municipal. Hasta 2017, una protectora se encargaba de gestionar el centro y, según denuncian fuentes oficiales, los animales vivían en pésimas condiciones. Además, los trabajadores estaban en situación irregular y personal no cualificado practicaba sacrificios masivos, alcanzando tasas del 90%.
Ahora, el centro está gestionado por una empresa pública. Desde el Cabildo hacen hincapié en la falta de sensibilización de la población e instituciones isleñas, así como en la histórica falta de recursos y de voluntad por parte de los ayuntamientos: solo 3 de 21 tiene un centro de estancia temporal. La perrera acogió en 2017 un total de 2.524 animales y actualmente está casi al doble de su capacidad, recibiendo unos 15 animales al día.
Miguel Àngel Rodríguez, consejero del Cabildo, dice que cambiaron la gestión por una cuestión “de urgencia social y bienestar animal”. Actualmente, destinan 800.000 euros a la perrera. Pero advierte que el problema no es el recinto, sino los abandonos, y que no se soluciona solo “invirtiendo dinero en el centro”, sino con las campañas de concienciación.
El caso de Gran Canaria es parecido al de Oviedo. En la capital de Asturias, el nuevo gobierno municipal (PSOE, Somos e IU) surgido a raíz de las elecciones generales de 2015 incluyó en los pliegos de contratación del servicio la cláusula del sacrificio cero. El Consistorio asegura que el número de animales se ha reducido casi a la mitad y que han realizado obras de mejora en las instalaciones. El siguiente vídeo, publicado hace 11 años, muestra las antiguas condiciones de los animales.
La gestión está ahora en manos de la Clínica Veterinaria Quirós. Pedro Quirós, su responsable, destaca el esfuerzo que han realizado para esterilizar a los gatos de la calle. Cree que el ejemplo a tomar es Holanda, donde hay un “sacrificio 0” real y donde no hay animales abandonados. Tal es la situación que los holandeses adoptan animales provenientes de España. Para el veterinario, la clave es la identificación obligatoria y potenciar las esterilizaciones gratuitas o muy baratas.
Murcia, la que más sacrifica
Murcia tiene la perrera con el mayor número de sacrificios de todas las capitales de comunidad autónoma, aunque ha ido reduciendo sus números: en 2009 sacrificó a 2.529 perros y, en 2017, a 769. Un funcionario del municipio, que prefiere mantener el anonimato, denuncia que los empleados municipales han advertido a la Administración que “es muy difícil gestionar con condiciones el ‘sacrificio 0'” por los plazos y moratorias que marca la ley autónomica. “No nos han dado tiempo a que las instalaciones se amplíen. Para financiarlo, redactarlo, contratarlo y ejecutarlo necesitaríamos irnos a mediados de 2019”, lamenta.
La capital de la Región contempla tres sistemas de recogida de animales: Uno gratuito, mediante el cual el propietario del perro tan solo tiene que llamar al servicio municipal para que recoja al animal, sea por el motivo que sea. Otro por batidas, cuando la Policía Local o los ciudadanos llaman al servicio. Un último a través de las entregas directas por parte de propietarios. El funcionario asegura a eldiario.es que solo están obligados a recoger animales en caso de batidas y que “si se suprimiera la posibilidad de que un ciudadano pudiese entregar su animal, prácticamente se llegaría al ‘sacrificio cero’”. En 2009, Murcia recogió a domicilio a 1.085 perros y, en 2017, a 255.