Los Salesianos intentan comprar el silencio de una víctima de abusos sexuales con 40.000 euros

Confidencial, inapelable e irrevocable. Así es el protocolo que ha tenido que firmar Enrique M. Ferrer para recibir una compensación económica de 40.000 euros por los presuntos abusos sufridos en el colegio Salesianos de Huesca. Tiene 56 años y explica que todo ocurrió en su infancia y adolescencia durante finales de los setenta y principios de los ochenta, cuando tenía entre 10 y 16 años. “Creo que han pagado por desentenderse”, resume la víctima. 

Tras la firma de varias cláusulas que le obligaban a mantener silencio incluso ya terminado el proceso, el intercambio de emails con el órgano investigador, encuentros en los que ha tenido que recordar los presuntos abusos sufridos y la búsqueda de documentación que apuntale su relato, Ferrer hace balance en el sofá de su casa, delante de los documentos: “Ha sido un año horroroso”.

Las decenas de páginas que incluye esta auditoría interna recogen las exigencias que impone la Inspectoría Salesiana María Auxiliadora para otorgar una indemnización económica a víctimas de abusos sexuales en esta orden religiosa. En marzo de 2022 comenzó el procedimiento y doce meses después, la víctima ha recibido la indemnización en su cuenta bancaria. 

“La primera penetración nunca la olvidaré”

El relato de los abusos denunciados por Enrique figura en la documentación que se ha elaborado a lo largo de la investigación interna. En una entrevista que mantuvo el denunciante con dos abogadas de un despacho externo, encargado de realizar la auditoría, Enrique explicó que los presuntos abusos perpetrados por J. R., que daba alguna clase a los menores, se produjeron desde que llegó al colegio: “Fue a finales de los años 70, sería en el 77-78, que empecé el 5º de EGB en los Salesianos y estuve ocho años interno”. Esta conducta se extendió “hasta 2º de BUP”, explicó en el encuentro que mantuvo en octubre con estas letradas.

El sacerdote denunciado “está llevando adelante un proceso de justicia restaurativa”, indican desde la Inspección Salesiana María Auxiliadora –la institución de esta congregación que aglutina las delegaciones de Andalucía, Extremadura, Murcia, Comunitat Valenciana, Aragón, Catalunya, Illes Balears y Canarias–. Según explican, desde noviembre de 2021 tienen información de “su implicación en casos de abusos”. En ese momento optaron por apartarlo “de cualquier servicio pastoral y religioso, recibiendo la sanción religiosa correspondiente”, sin aportar más detalles.  

Las actuaciones denunciadas se produjeron en varios entornos, tanto en el centro educativo como cuando se iban de excursión. Entre los episodios narrados por el reclamante hay hechos que sucedieron al apagarse la luz de su dormitorio, en la habitación del denunciado aprovechando el descanso del recreo y en tiendas de campaña cuando estaban fuera del centro. “La primera penetración nunca la olvidaré, pero luego llegas a un punto de tantos abusos, que la mente no está contigo”, indicó a las abogadas, siempre según la documentación consultada por esta redacción. 

En el encuentro que se celebró por videoconferencia, Enrique dejó claro que no compartía la gestión de este procedimiento. En esa reunión ya expuso que “los papeles de los salesianos” le parecían “muy fríos”. “No tengo derecho a nada, simplemente a coger el dinero y ya está”, apunta en conversación con esta redacción. Lamenta, asimismo, que la institución no le haya pedido perdón por los hechos denunciados y que tampoco haya obligación de informarle sobre las medidas impuestas a J. R.  Pese a todo, acabó firmando.

“En ningún momento hemos querido comprar el silencio de nadie”

En el acta de la entrevista que mantuvieron en octubre se deja claro que ese encuentro se realiza tras la firma del protocolo –titulado ‘Protocolo de reparación para las víctimas de acoso y abusos religiosos’ Inspectoría Salesiana María Auxiliadora– que ha regido la gestión de este procedimiento. Además, antes de comenzar la entrevista volvieron a preguntar a la “víctima” –así se refieren a Enrique en la transcripción de ese encuentro– si mantenía su adhesión al documento interno y a los anexos que lo acompañan. La participación del religioso también está pautada en este documento, tiene que suscribir un documento de confidencialidad y se puede reunir con las intermediarias.

El procedimiento ha sido coordinado por un despacho de abogados externo a los Salesianos. La congregación reconoce, tras ser contactada por esta redacción, que acudieron “a una entidad ajena” para “que prestara un servicio de mediación en un caso de abuso”. Amparados en esa decisión, rechazan la responsabilidad de las cláusulas impuestas a Enrique: “Esta entidad [el despacho de abogados], y no la Inspectoría Salesiana María Auxiliadora, diseñó un protocolo a tal fin que nosotros aceptamos”.

“En ningún momento nosotros, como institución religiosa, hemos querido comprar el silencio de nadie”, destacan en un comunicado remitido a elDiario.es. Se desvinculan, además, de la cláusula de confidencialidad. Insisten en que este tipo de medidas “son procedimientos que ya están estandarizados”. Con todo, optan por derivar la consulta al despacho de abogados contratado: “Quizá quien debería dar razón de esta confidencialidad sería la entidad mediadora que creó dicho protocolo”.

Más allá del intento de la congregación de desvincularse del protocolo, el informe final emitido por el despacho de abogados sí que los relaciona y se refiere a ese documento como “el Protocolo de reparación para las víctimas de acoso y abuso de religiosos de la Inspectoría Salesiana María Auxiliadora”. Por su parte, desde el equipo jurídico que ha gestionado el procedimiento se limitan a plantear que “la confidencialidad es sobre el método” de trabajo, “no sobre los abusos”.

Tres tramos tarifarios para indemnizar según la gravedad

La cantidad recibida por Enrique es la reparación más elevada que contempla el protocolo. Este documento, que se extiende a lo largo de 13 páginas, fija las tarifas a abonar a las víctimas “en función de la gravedad de la conducta”. Las indemnizaciones se dividen en tres grados: alta (hasta 40.000 euros), media (hasta 20.000 euros) y leve (hasta 5.000 euros), siempre según la documentación consultada por esta redacción.

Con el objetivo de llegar a ese cálculo, el despacho de abogados que intermedia entre la orden religiosa y el denunciante tiene en cuenta varios parámetros: “La credibilidad de la reclamación basada en todos los hechos y circunstancias”, “la naturaleza y el alcance del daño emocional y espiritual sufrido por el reclamante”, así como “del daño físico y/o psicológico”. Asimismo, valoran que se aporte “documentación verificable de gastos médicos, de asesoramiento o de otro tipo, pagados como resultado de las conductas sexualmente inapropiadas”. Enrique ha remitido una evaluación psicológica que señala que sufrió “abusos sexuales por parte de un cura”. 

Para conocer los baremos económicos que se manejaban Enrique ya tuvo que firmar un acuerdo de confidencialidad. Posteriormente, al recibir el protocolo y continuar con el procedimiento de reparación tuvo que suscribir otra cláusula en la que se comprometía a no difundir, ni a su entorno más cercano ni a la prensa –así figura específicamente–, la documentación que se le iba facilitando.

El veredicto final se emitió en un escueto informe, con la palabra confidencial impresa de forma diagonal como marca de agua, que estimó la reclamación de Enrique. En él se detalla que el “grado de verosimilitud de la reclamación” es “alto” y que también es “alta” la “gravedad de la conducta examinada”. Se especifican, además, los nombres y apellidos del “reclamante” y del “religioso”. 

Me arrepentiré toda la vida de aceptar ese dinero, pero cuando fallezca mi madre me reconfortará la idea de saber que hice todo lo posible para que jamás le faltara nada

La letrada que ha dirigido esta auditoría interna se lo remitió por correo, acompañado del siguiente mensaje: “Conforme a lo conversado telefónicamente, y siguiendo el protocolo firmado con la Inspectoría Salesiana María Auxiliadora, adjunto el informe final estimatorio, en la (sic) que consideramos tu testimonio totalmente creíble y recomendamos la mayor indemnización posible”.

A pesar de que se da credibilidad a su relato y de que proponen que se le indemnice con 40.000 euros, no se refieren a él como víctima en este punto final de la investigación, a diferencia de lo que sucede en otros tramos del procedimiento. Este documento se emitió el 3 de febrero. La reparación económica llegó a la cuenta de Enrique el 25 de febrero. 

En el intercambio de correos que se produjo entre el denunciante y la letrada, este ya advirtió de sus discrepancias con las cláusulas firmadas: “Me arrepentiré toda la vida de aceptar ese dinero, pero cuando fallezca mi madre me reconfortará la idea de saber que hice todo lo posible para que jamás le faltara nada”.

La confidencialidad persiste después de la auditoría

La cláusula que obliga a Enrique a mantenerse en silencio sobre este procedimiento expone que las partes que han suscrito el protocolo “se comprometen a mantener en la más estricta confidencialidad toda la información y/o documentos que conozcan, ya sea de forma escrita, oral, electrónica o por cualquier otro medio, o que pueda llegar a su conocimiento respecto a los hechos denunciados y al proceso de reparación que se lleve a cabo”. “La obligación de confidencialidad y reserva será preceptiva y subsistirá aun después de finalizar el proceso de investigación”, añade el documento consultado por esta redacción.

En este punto, el documento alerta de que si se produce “algún tipo de fuga de información/documentación, las personas directamente autoras de ello serán responsables ante la Inspectoría Salesiana María Auxiliadora, la cual tendrá el derecho de solicitar el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la vulneración del deber de confidencialidad, con independencia de las acciones civiles y penales que pudieren corresponder”.

Esta advertencia se incluye en el protocolo unas páginas después del apartado de derechos y garantías del mismo documento donde recomienda velar por la “prohibición de represalias, tanto directas como indirectas, hacia el reclamante”. La confidencialidad que se impone a todas las partes que participan en el proceso también contrasta con la carta apostólica del Papa, publicada en 2019, sobre la gestión de abusos en la Iglesia, que reseña que “al que hace un informe no se le puede imponer alguna obligación de guardar silencio con respecto al contenido del mismo”.

Sin derecho a conocer el futuro del religioso

La misión de este protocolo se centra en “reparar económicamente el daño producido al reclamante en función del grado de verosimilitud y gravedad del mismo y conforme a criterios jurídicos”. Más allá de la indemnización, también contempla una compensación económica de hasta 500 euros para afrontar asistencia médica y terapéutica. Para que unos hechos puedan ser amparados por este documento, la reclamación que se presente tiene que limitarse a abusos que “no se encuentren resueltos judicialmente y que estén prescritos”. 

Otra de las peculiaridades de este procedimiento se centra en que todas las partes –reclamante, religioso y congregación– deben aceptar “que el informe final de la investigación será vinculante, inapelable e irrevocable ante cualquier instancia”. Eso sí, no se recoge en el texto que el denunciante tenga derecho a conocer, en caso de que se acredite que ha sido víctima de abusos, las medidas que la orden religiosa va imponer al religioso. “Solo en el caso de considerarlo conveniente, la Inspectoría Salesiana podrá comunicar al reclamante tales medidas”, detalla el protocolo. 

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