El precio de los medicamentos en España es un misterio. Se sabe el coste máximo que las administraciones pueden pagar por determinados tratamientos. O que, cada año, el Sistema Nacional de Salud invierte cerca de 20.000 millones de euros en recetas y farmacia hospitalaria. Pero la cantidad que se paga por algunos de estos fármacos es un secreto que, durante años, Sanidad y los laboratorios se han empeñado en ocultar. Esta asociación, al menos por el momento, parece que toca a su fin: el Ministerio ha cambiado su postura en dos procesos judiciales y está dispuesto, por primera vez, a revelar el coste de Veklury (remdesivir) y Yescarta (axicabtagén ciloleucel), dos tratamientos del laboratorio Gilead.
El origen de los conflictos se remonta a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Plataformas como Civio y No es Sano comenzaron a reclamar al Ministerio conocer el precio unitario de algunos tratamientos. Los siguientes pasos eran más o menos similares en todos los procesos. Sanidad se negaba, alegando que eran confidenciales; los demandantes de información recurrían al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que les daba la razón; y el Ministerio y los laboratorios se aliaban para impugnar esas decisiones ante la Justicia.
Las respuestas judiciales a esos recursos van conociéndose a cuentagotas. Uno de estos casos, en el que No es Sano quería conocer el precio de Kymriah, un fármaco de Novartis para tratar la leucemia linfoblástica aguda, el litigio quedó paralizado por un defecto de forma. Con Luxturna, una terapia genética para niños y adultos, el juzgado dio la razón a Civio, pero Sanidad recurrió la decisión junto a Novartis.
El 8 de enero, el juzgado central de lo contencioso-administrativo número 4 de la Audiencia Nacional emitió sendas sentencias en las que daba la razón a No es Sano en el caso del remdesivir, un fármaco para pacientes con covid-19, y a Civio, con Yescarta, una terapia CAR-T para dos tipos de linfoma. Esas plataformas han recibido esta semana el recurso de la empresa Gilead, que ha declinado hacer comentarios a este medio porque, pese al propio recurso y a ser parte implicada en los procesos, considera que “se trata de procedimientos recurridos por el Ministerio de Sanidad”.
“Pasos adelante en materia de transparencia”
Y es aquí donde radica la novedad. Fuentes del departamento que dirige Mónica García se han abierto, por primera vez, a comunicar el precio de estos dos tratamientos. “Este Ministerio tiene un compromiso con la transparencia y creemos que no podemos seguir dilatando el caso y que hay que dar pasos adelante en esta materia”, afirmaban antes de conocer el recurso de Gilead, que ahora les obliga a esperar a una sentencia en firme. “En cuanto se nos notifique que lo hagamos, enviaremos los datos pertinentes”, señalan.
El nuevo equipo al frente de Sanidad espera “poder ir avanzando de forma proactiva en diferentes medidas de transparencia en el ámbito de los medicamentos en los próximos meses, sin perjuicio de la capacidad negociadora del Ministerio en el ámbito de fijación de precios, pero tratando de empujar también a los países de nuestro entorno hacia el camino de una mayor transparencia y rendición de cuentas”.
El trasfondo de esta cuestión radica precisamente en las negociaciones entre administraciones y laboratorios para fijar esos precios, que no son siempre iguales. A preguntas de este medio en marzo de 2023, el Ministerio, con Carolina Darias al frente, señalaba que “la ruptura de la confidencialidad implicaría una pérdida de capacidad negociadora y competitiva en precios, que conllevaría un perjuicio para el interés público” y “un perjuicio irreparable a nuestro sistema sanitario”.
La directora de Salud por Derecho, Vanessa López, que junto a la OCU conforma la plataforma No es sano, indica que es precisamente la falta de transparencia, “tanto en los precios como en los costes de investigación y desarrollo y los aportes públicos, lo que nos pone en una situación en la que los precios de los fármacos han ido creciendo de manera exponencial en los últimos años”. Así, considera que “una mejor transparencia nos va a llevar a una mayor objetividad sobre cuál debería ser el precio justo de los medicamentos”.
López considera “una muy buena noticia” la decisión del Ministerio de no oponerse a la resolución judicial. “Es la primera vez, después de varias peticiones de información y recursos al Consejo de la Transparencia, que Sanidad decide no recurrir”. También valoran como un gesto positivo que “se quieran establecer medidas de transparencia, porque está todo por hacer, y que se vaya a trabajar para que otros países del entorno adopten medidas similares”.
Es muy importante que, por primera vez, el Gobierno no se ponga del lado de las farmacéuticas, sino del lado de quienes queremos que haya transparencia sobre cuánto se está pagando por medicamentos tan caros
La codirectora de Civio Eva Belmonte coincide en calificar de “buena noticia” la postura de Sanidad sobre estos dos procesos. “Es muy importante que, por primera vez, el Gobierno no se ponga del lado de las farmacéuticas, sino del lado de quienes queremos que haya transparencia sobre cuánto se está pagando por medicamentos tan caros”. No obstante, Belmonte espera que el Ministerio “se retire de todos los juicios abiertos” y que publiquen también “las condiciones de financiación: si se paga por paciente curado o tratado, los precios en bloque, etc.”.
Civio sí había sido capaz de localizar algunos precios. “Hemos podido publicarlos mientras estamos en los juicios porque los hemos encontrado investigando los datos de contratación pública, pero necesitamos las condiciones”, señala Belmonte. Por ejemplo, buceando en los contratos de entidades de salud autonómicas, descubrieron que Euskadi y Málaga pagan por cada pastilla de Sovaldi para la hepatitis C unos 280 euros. O que los hospitales públicos pagan 307.200 euros, sin IVA, por Kymriah, una terapia contra la leucemia.
“La transparencia en todo el proceso, por supuesto en los precios, pero también en las inversiones públicas que se hacen, redunda en mejorar la capacidad negociadora, en el proceso de rendición de cuentas, en qué impacto tienen los medicamentos de precios elevados en las arcas públicas y en un mejor acceso”, insiste López. “Si Sanidad se retira de los juicios en los que está, corregirá una anomalía democrática, que es que un Gobierno, en un caso de publicidad de la transparencia de un contrato público, se pusiera del lado de la empresa que quiere ocultar ese precio”, valora Belmonte.