Sanidad da un plazo de 24 horas a las comunidades para confirmar si apoyan el plan contra el tabaco

El plan antitabaco se le está poniendo cuesta arriba al Ministerio de Sanidad. La reunión con los directores generales de Salud Pública de las comunidades autónomas ha terminado con la petición por parte de las últimas de más tiempo para analizar las medidas de la estrategia y los cambios incorporados tras sus enmiendas. De las 157 alegaciones enviadas por las consejerías, diez se han quedado fuera, según ha informado el Ministerio en una nota de prensa. Es la segunda vez que los territorios piden una moratoria al equipo que dirige la ministra Mónica García.

En todo caso, las posiciones manifestadas este miércoles en la Comisión de Salud Pública ya anticipan la práctica imposibilidad de que el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) 2024-2027 se apruebe con consenso. Sanidad renuncia a someterlo a votación y ha propuesto la fórmula de darle luz verde a través de un “acuerdo de colaboración” al que podrán o no adherirse los gobiernos autonómicos ante la previsión de una falta de sintonía. La adhesión podrá ser total (a todo el texto) o parcial (a algunas líneas de él). El equipo ministerial quiere sacar adelante el plan esta semana y ha dado hasta el jueves de plazo a las consejerías para que comuniquen su postura.

Sanidad ha informado de que 147 propuestas procedentes de las comunidades “han conllevado una modificación o aclaración del texto”, aunque antes de la reunión el Ministerio cifraba en 160 las alegaciones que estaba dispuesto a considerar. Entre ellas, están la retirada del término “espacio privado”, que era polémico por si atañía a los vehículos, y el cambio por “espacios sin humo de uso público y colectivo” o la incorporación de la evidencia científica disponible a favor del etiquetado genérico que recoge el plan, según ha podido saber este medio de fuentes cercanas a las negociaciones.

Las que no han sido negociables, sin embargo, son la idea de Baleares, La Rioja o Aragón, avanzada por Efe, de que la ampliación de los espacios al aire libre sin humo sea de adhesión voluntaria o se autorregulen; o la propuesta de Aragón para que los vapers se contemplen en el plan como una herramienta de “reducción de daños” –la llamada deshabituación tabáquica– en algunos casos. Las comunidades alegan falta de tiempo para revisar las enmiendas que han sido aceptadas y la ausencia de una memoria económica de la estrategia.

El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) han apelado al Gobierno y a las comunidades autónomas, tras la reunión de este miércoles, “para que actúen con responsabilidad y busquen el mayor consenso posible en la aprobación” de la hoja de ruta contra el tabaco en España. “Nuestro mensaje es claro: las decisiones que tomemos hoy definirán el bienestar y la salud de las próximas generaciones”, según una nota de prensa difundida por las organizaciones, que aseguran que la “coyuntura es decisiva para influir en un cambio significativo”.

Amenaza de “frente político”

Entre las peticiones de las comunidades también había incentivos fiscales por declarar más espacios exteriores sin humo, la petición de una memoria económica para la estrategia, fondos para las medidas que dependen de ellas o mayor concreción en lo que se refiere a la prohibición de fumar en espacios privados, como los vehículos, según Efe.

En todo caso, el resultado de las negociaciones de esta semana dará lugar en el mejor de los escenarios a la aprobación de una estrategia que después deberá plasmarse en textos legales. Es decir, el plan no es una ley. “Cada medida legislativa que afecte a las comunidades autónomas la tendremos que ir aprobando en su foro correspondiente. No estamos hablando de que, de repente, cuando se apruebe el plan, estén todos los espacios regulados y todas las leyes cambiadas”, aclaró Gullón hace dos semanas, cuando el Ministerio se reunió con sociedades científicas y asociaciones contra el tabaquismo para demostrar que su plan –parcialmente heredado del anterior mandato– tenía respaldo.

La propia ministra, Mónica García, ya envió un mensaje directo a las comunidades anticipándose al “frente político” que puede suponer este asunto. “Más allá de la crispación y el ruido, son responsables de la protección de la salud. Me sonaría muy raro, después de toda la evidencia, de las cifras y de la trayectoria de nuestro país, que se utilizara este tema concreto con consenso social avalado para hacer de ello otro frente político”, dijo ante la prensa.