La telemedicina puede ser uno de los ejes de la eficiencia y la reducción de costes en sanidad. Y una pieza clave para hacerla sostenible. Un estudio del Club de la Sostenibilidad cifra en 121.000 millones de euros el ahorro que se podría alcanzar en España en los próximos siete años con la implantación de la receta y la historia clínica electrónicas, la teleconsulta, el telediagnóstico y la teleasistencia. Un dato significativo en una época en la que las administraciones se afanan en hacer recortes sanitarios y en el que la privatización es presentada como la única alternativa para seguir brindando este servicio público. Y con una perspectiva para nada positiva, ya que por el envejecimiento de la población España elevará el gasto en salud del actual 7,23% del PIB hasta el 8,1% en 2020.
Sin embargo, a pesar de que hay unanimidad casi absoluta en el reconocimiento de la telemedicina como contención del gasto en salud, los grupos de presión que fuerzan la privatización del negocio sanitario se mantienen en sus trece. Como denuncian médicos, asociaciones e instituciones, la amnesia de los privatizadores en el objetivo de la incorporación de la telemática, aunque sólo sea como facilitador para economizar, esconde razones inconfesables. La primera, que la incorporación de tales tecnologías produce ahorros de 121.000 millones de euros y crea 42.000 nuevos empleos. Pero únicamente si antes se ha afrontado una inversión de 8.082 millones y se acepta soportar unos costes de 21.915 millones, según las cifras de Spain 20.20. TIC y Sostenibilidad.
“La externalización de la gestión de hospitales no garantiza la eficiencia en el servicio, y mucho menos contribuye a su racionalización o mejora mediante telemedicina u otras iniciativas. Las concesionarias sólo pretenden asegurarse de que el coste de la asistencia no supere al importe de las primas por cápita que les pagará las Administración cada mes”, analiza un portavoz de la asociación profesional Afem. De hecho, la telemedicina no tiene ningún valor en los concursos de privatización de los hospitales que promueve, por ejemplo, la Comunidad de Madrid.
Por el contrario, si se ven avances en la implantación de la telemedicina es gracias a la inversión pública. Carlos Royo, director de la división de sanidad de la tecnológica española GMV, una compañía de referencia en este sector, afirma que “la telemedicina no es una mera promesa en España”. Sin embargo, este médico y durante años director general de salud de Castilla-La Mancha reconoce que su puesta en marcha es “muy desigual” y en el aspecto fundamental de la asistencia “avanza desesperadamente lento”.
Royo calcula que el 97% de las historias clínicas de los españoles ya están digitalizadas. Y da crédito al calendario ministerial por el que en 2016 el 100% de las recetas emitidas serán electrónicas. También se progresa en la digitalización de la imagen médica. “El 90% de las radiografías o placas se procesan ya en archivos digitales”, explica. Sin embargo, existe un gran agujero negro “en la actividad en la que la telemedicina podría ser más efectiva y eficiente: la consulta médica”. No se puede hablar de una implantación general de la teleconsulta en ningún territorio y los avances, muy lentos, se mueven en el terreno de las experiencias piloto.
Descendiendo al terreno de la práctica diaria, el alcance de la implantación actual no se ve tan claro. El médico de familia y miembro del Colegio de Médicos Miguel Ángel Sánchez Chillón denuncia la “falta de voluntad política” para impulsar a ras de suelo la telemedicina. “En mi centro de salud hay medio centenar de ordenadores, pero la conexión es muy insuficiente y se quedan colgados cada dos por tres. La mayoría de los profesionales utilizamos el correo electrónico, incluso el personal, para agilizar contactos y ahorrar visitas inútiles”, comenta. Con los pacientes mayores, el uso de la tecnología se complica. “Nos las ingeniamos para establecer contactos con otros médicos especialistas vía móvil, correo electrónico o incluso videoconferencia, a fin de agilizar el proceso de atención de esas personas mayores que son incapaces de utilizar estos medios”, indica la doctora Emma Charques.
Un sistema lejos de los intereses privados
Un sistema lejos de los intereses privados
Los estudios más ambiciosos sobre el impacto de la telemedicina en la moderación del crecimiento de los presupuestos de salud han sido realizados por El Club de la Sostenibilidad y por la Fundación Vodafone, en colaboración con la ONCE, el Imserso, Cermi, ABB, Ericsson o Accenture.
El informe 'Spain 20.20. TIC y Sostenibilidad', realizado por el Club de la Sostenibilidad y dirigido por Juan Alfaro, dedica un extenso apartado a la telemedicina. La semana pasada la Fundación Vodafone presentó el estudio 'Acceso y uso de las TIC por las personas con discapacidad'. Concluye el estudio que un 32,9% de este colectivo (que, como todos los enfermos crónicos, supone un importante reglón del gasto sanitario) utiliza ya sistemas de telefonía móvil que mejoran su calidad de vida y de asistencia médica. Su directora de innovación, Mari Satur Torre, señala que “la cifra demuestra los esfuerzos que se han hecho, pero sobre todo los que quedan por hacer”.
En el estudio del Club de la Sostenibilidad se recogen los objetivos que se marcan en telemedicina los sistemas autonómicos de salud. En una evolución lenta, en 2020 el 33,7% de las consultas se harán por vía telemática, y eliminarán el 34,5% de los tratamientos hospitalarios, según la previsión de los Gobiernos vasco y navarro. La teleasistencia habrá sustituido ese mismo año al 20,75% de las visitas médicas a domicilio, lo que ahorrará un 15% de las hospitalizaciones, según datos del Imserso.
Entre las recomendaciones para hacer sostenible el sistema con la incorporación de las tecnologías de la información, Spain 20.20. TIC y Sostenibilidad afirma que los aparatos de la nueva tecnología en sí no aportan valor si no “están respaldados por una estructura organizativa” que se adecúe a las nuevas facilidades de la telemedicina. Señala que es imprescindible asegurar la “interoperabilidad” de las infraestructuras que utilizan los agentes, “difundir entre la ciudadanía las ventajas” del acceso a los nuevos medios, “capacitar al personal sanitario y a los pacientes” en su uso, y también en actividades críticas como “garantizar la protección y la privacidad de los datos” con los que trabaja el sistema. Una última recomendación detecta la necesidad a corto plazo de “un sistema de almacenamiento, intercambio y gestión de imágenes, ya que los servicios de telediagnóstico utilizan este tipo de soporte”.
El modelo organizativo que exige la implantación de la telemedicina, con amplio protagonismo de los profesionales, queda lejos de los intereses de los privados. En ninguno de los estudios citados se menciona la privatización de la sanidad, y mucho menos la aplicación de recortes en presupuestos y servicios, como el escenario óptimo que permita mejorar su calidad o producir significativos ahorros en el inmediato futuro. Todo lo contrario.