El angioedema hereditario es una enfermedad rara pero grave, de origen genético, que provoca una hinchazón que afecta a la piel, las mucosas de las vías respiratorias altas y el tracto gastrointestinal. Esta patología no dispone de un tratamiento específico, pero un medicamento huérfano ha demostrado ser eficaz para la prevención rutinaria de las crisis recurrentes en pacientes a partir de los 12 años de edad. Se trata de una inyección cada dos o cuatro semanas. El precio es elevado, pero gracias al sistema sanitario público las personas que lo necesiten puede acceder a él.
Lo que el Ministerio de Sanidad trata de impedir por todos los medios es que se conozca cuánto paga por ese fármaco a la farmacéutica Takeda, hasta el punto de hacer suyos los argumentos de la multinacional y recurrir a los tribunales para sortear las peticiones de transparencia de la plataforma 'No es sano'. En una situación similar se encuentra remdesivir, el principio activo que Gilead comercializa con el nombre de Veklury para pacientes con coronavirus con neumonía que requieren oxígeno suplementario.
La negativa de Sanidad viene de lejos. Según un comunicado emitido este jueves por la campaña 'No es Sano', a lo largo de 2022, sus responsables presentaron una decena de peticiones a través del Portal de Transparencia del Ministerio para conocer los precios de aquellos medicamentos nuevos y con un coste más elevado, además de su impacto en el presupuesto. De hecho, el gasto farmacéutico en España, que no para de crecer, supone un buen mordisco de la factura sanitaria. En 2022 fueron más de 25.000 millones de euros, en torno al 23% del total.
Ante la respuesta en contra a las peticiones de Transparencia, alegando que los precios pactados entre organismos públicos y empresas farmacéuticas son confidenciales, la plataforma, que une a diversas organizaciones bajo el leitmotiv del acceso universal a los medicamentos, impugnó la decisión ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) en verano. En concreto, lo hizo para conocer el dinero público que se destina al lanadelumab y al remdesivir.
El Consejo de Transparencia, contra la decisión de Sanidad
El organismo independiente emitió su resolución sobre el primer caso el 19 de enero y sobre el segundo, el día 2 de febrero. En ambos casos daba la razón a los solicitantes: “Este Consejo no aprecia la concurrencia de los límites al derecho de acceso a la información invocados, por lo que procede estimar la presente reclamación a fin de que se proporciona a la reclamante la información relativa al precio final del medicamento abonado por el Sistema Nacional de Salud”, indica el escrito.
“El Ministerio de Sanidad, sin embargo, ha decidido recurrir a los tribunales, interponiendo dos recursos contenciosos administrativos a la decisión favorable del Consejo de Transparencia para que la ciudadanía tenga acceso a esta información”, lamentan desde 'No es Sano'. Un movimiento con el que el departamento que todavía dirige Carolina Darias paraliza el mandato del órgano independiente.
Ello, pese a que el Consejo desmontaba los argumentos que esgrimió Sanidad tras “dar audiencia” a los laboratorios afectados. En ambos casos, el Ministerio alegaba que existía la obligación legal de confidencialidad y que la “entrega de la información solicitada supondría un claro perjuicio para los intereses económicos y comerciales del laboratorio”, además de para la protección del secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial y para “los intereses de España”, al suponer “una desventaja negociadora a la hora de conseguir precios más competitivos”.
En su resolución, el Consejo considera que “lo solicitado no son los expedientes completos ni la información que haya entregado el laboratorio relativa a sus aportaciones o fórmulas para considerar adecuado un precio o otro, con posible afección a sus intereses comerciales, sino, únicamente, el precio de financiación aprobado por el Sistema Nacional de Salud del medicamento Lanadelumab (Takhzyro) y el impacto que dicha decisión tiene sobre los presupuestos sanitarios”. En el caso del remdesivir hay una redacción similar.
Fuentes de Sanidad explican a elDiario.es que en muchos países, entre ellos España, coexisten dos precios: el notificado, para la referenciación internacional, que se aplica para la compra del medicamento sin receta pública, y el de facturación, más bajo y con condiciones más favorables pactadas para la financiación pública. “La ruptura de la confidencialidad implicaría una pérdida de capacidad negociadora y competitiva en precios, que conllevaría un perjuicio para el interés público, como ocurre en el caso de estas resoluciones” y “un perjuicio irreparable a nuestro sistema sanitario”, justifican. En ese sentido, desde el ministerio recuerdan que de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece como límite para el acceso a la información que este “no determina una quiebra de dicha confidencialidad”. Un supuesto que el Consejo que emana de esa ley no considera que se dé en estos casos.
Las farmacéuticas llevan años evitando que se den a conocer los acuerdos que se realizan con dinero público, ya que mantenerlo en secreto les permite negociar con cada Estado un precio diferente, en función de lo que cada país esté dispuesto a pagar
“Las farmacéuticas son empresas privadas y defienden sus estrategias comerciales y sus beneficios. Llevan años evitando que se den a conocer los acuerdos que se realizan con dinero público, ya que mantener esta información en secreto les permite negociar con cada Estado un precio diferente, en función de lo que cada país esté dispuesto a pagar. Por eso, nosotros nos dirigimos a los Gobiernos, también al de España, que son quienes tienen que cambiar las reglas de esa negociación para cumplir con la transparencia a la que obliga la ley”, explica Vanessa López, la directora de Salud por Derecho, una de las organizaciones promotoras de la campaña, que se ha personado en el proceso junto a la OCU.
Beneficios del 1000%
Diferentes asociaciones llevan años denunciando esa opacidad en las negociaciones entre farmacéuticas y Estados, que en Europa suele hacerse país a país, salvo excepciones como la compra centralizada de vacunas, y que permite obtener a las empresas beneficios incalculables. Por poner un ejemplo, Médicos Sin Fronteras ya calculaba en 2017 que la farmacéutica Gilead, que ahora comercializa el remdesivir, vendía cada pastilla contra la hepatitis C a un previo mil veces superior al que le costaba producirla.
El argumento para defender estas ganancias suele ser siempre el mismo: el proceso de investigación y desarrollo hasta que se produce un medicamento es costoso y no siempre fructífero. Pero lo cierto es que ya existen mecanismos para paliar esos riesgos, como las patentes, o triquiñuelas, como los medicamentos me too, similares a los que ya existen pero vendidos como nuevos a precios más elevados. Sin contar con que, en algunos casos, la inversión pública también juega un papel importante en la aparición de nuevos fármacos. En mayo de 2021, 'No es Sano' publicó un informe en el que indicaba que desde el comienzo de la pandemia “la inversión pública y filantrópica solo en investigación y desarrollo de vacunas suma” sumaba “casi 5.000 millones de euros”, de la que el 98% procede de los Gobiernos.
Lo que Sanidad sí publica en su página web, desde 2017, son las notas informativas de la Comisión Interministerial de Precios y de Medicamentos y Productos Sanitarios, donde se recoge el precio máximo que puede llegar a pagar, pero no el que realmente paga. En el caso del medicamento de Takeda, cada vial o jeringa, que se aplican una o dos veces al mes, está limitado a 14.166 euros. Para el de Gilead, son 460 euros por vial para un tratamiento que se prolonga entre tres y 10 días.
¿Cuál es el precio justo?
Pero, ¿cuál es el precio justo de un medicamento? “En No es Sano llevamos años defendiendo que para que los precios de los medicamentos sean justos el criterio principal a la hora de fijarlos debe ser la transparencia, que podamos conocer los costes que hay detrás y también la inversión pública, si la hay. Desde nuestro punto de vista, un precio justo sería calculado a partir de los costes de investigación, desarrollo y fabricación, añadiéndole un margen de beneficio razonable para la industria”, responde López.
La farmacéutica estadounidense Gilead tuvo unos ingresos en el último trimestre de 2022 de unos 7.000 millones de euros, un 2% más que el año anterior en el mismo periodo. Es, reconoce en su balance, “debido principalmente al aumento de las ventas en oncología, VIH y virus de la hepatitis C, parcialmente compensado por menores ventas de Veklury (remdesivir)”, una vez pasado lo peor de la pandemia.
En el tercer trimestre de 2020, los ingresos de la farmacéutica por la venta de Veklury fueron de 828 millones de euros, según sus propias cuentas. El trimestre siguiente fueron 1.838 millones, un 26% del total. Sus cuentas siguieron engordando durante los siguientes meses gracias a este fármaco y los estragos o los logros alcanzados durante la pandemia. “Las ventas de Veklury generalmente se ven afectadas por las tasas relacionadas con las infecciones, las hospitalizaciones y las vacunas relacionadas con la COVID-19”, admitían a principios de 2021.
Por su parte, la multinacional Takeda ingresó en el último cuatrimestre de 2022 alrededor de 3.950 millones de euros solo en el apartado de enfermedades raras, que creció un 5% respecto al año anterior.