El Ministerio de Sanidad quiere blindar qué medidas se toman contra el virus, cuándo se toman y cómo se toman en función del número de contagios y la forma de propagación de la epidemia en un territorio. Hace ya tres meses –exactos, fue el 16 de julio– que publicó el Plan de Respuesta Temprana en un Escenario de Control de la Pandemia de COVID-19, el cual establecía tres escenarios de actuación pero no umbrales numéricos a partir de los cuales aplicar restricciones concretas. El ministro Salvador Illa siempre ha defendido que esa estrategia era suficiente para encarar la pandemia, pero ahora espera que la semana que viene esté aprobada una Actuación Coordinada que lo complemente y que regule indicadores para definir cuatro escenarios de riesgo. Es la misma fórmula, la actuación coordinada, que se utilizó para prohibir el ocio nocturno, fumar en la vía pública, y, hace tres semanas, cerrar las ciudades grandes si tenían una situación muy extrema. A esta última se opuso la Comunidad de Madrid y otras comunidades del PP, un enfrentamiento que acabó en estado de alarma. Ahora llega la negociación del documento que intentará que a partir de la semana que viene haya “mínimos” comunes.
El portavoz del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, hablaba de eso, de “mínimos”: “No es que no existiera nada antes, el Plan de julio ya daba indicadores, y varias opciones a las comunidades. (...) este lo que hace es marcar unos niveles mínimos sobre los que se tiene que evaluar la situación”. Simón reconocía, sin embargo, que lo de hace tres meses era “mucho menos preciso” que este borrador –aún sujeto a modificarse con las aportaciones de las comunidades–, porque no había umbrales numéricos. Pero sobre todo recordaba que el nuevo acuerdo no estipulará que, a partir de cierta incidencia –250 casos por cada 100.000 habitantes en el apartado que valora la situación de “extrema”– haya que tomar ciertas medidas, sino que obliga a “evaluar una combinación” de factores. Ponía un ejemplo por lo que esto es así: no es lo mismo una incidencia de 1.000 casos en una gran ciudad que en un pueblo de 1.000 personas, donde bastarían diez contagios en dos semanas para llegar a esa tasa.
En resumen, el acuerdo plantea cuatro posibles escenarios: riesgo bajo, alto, medio y extremo. Para decidir en qué punto está un territorio –podrá ser, siempre según el borrador, la comunidad autónoma, provincia, isla, municipio, departamento o área de salud– habrá que mirar cuatro marcadores epidemiológicos (incidencia en la población general, incidencia en la población mayor de 65 años, positividad y trazabilidad del origen de los casos) y dos asistenciales (ocupación de camas de hospital y ocupación de UCI). El hecho de que se junten dos de los primeros con uno de los segundos, según los baremos de cada escenario, llevará implícita la adopción de medidas tales como el cierre de interiores de bares, la imposición del teletrabajo o la reducción de aforos en los establecimientos. El escenario “extremo” contempla la posibilidad de todo tipo de restricciones de la movilidad, aunque no obliga a ello y prevé siempre con una “evaluación específica”.
Un debate que viene de largo y que intensificó Madrid
El establecimiento de este mecanismo común que quiere Sanidad se produce en plena trifulca política con la Comunidad de Madrid. La escalada sin freno de los casos en la región llevó al Gobierno central a imponer un estado de alarma el pasado viernes que la presidenta, Isabel Díaz-Ayuso ha calificado de “ataque contra los derechos y libertades”. Los contagios en Madrid no han dejado de aumentar desde el verano, aunque el tira y afloja sea más reciente. Llegó hasta los casi 800 casos detectados por cada 100.000 habitantes los últimos 14 días a finales de septiembre. Pero incluso entonces, Madrid solo hablaba de cerrar barrios con incidencias superiores a los 1.000 positivos, aunque muchas otras zonas estaban fuertemente afectadas. Con esos datos, el primer Plan, aunque sin números, ya dejaba claro que la región estaba en peligro, igual que muchos expertos.
Madrid ha dilatado la imposición de medidas drásticas mientras otras comunidades han ido implementándolas ante el crecimiento de contagios. Catalunya ha decidido cerrar bares y restaurantes con una incidencia a la que llegó la CAM el 19 de agosto y Castilla y León ha confinado perimetralmente León, Palencia y Salamanca. Asturias, por ejemplo, ha vuelto a una especie de fase 2 con una incidencia de 175 casos. En este escenario de disparidad, los expertos consideran que el marco general de actuaciones que va a proponer Sanidad es una buena noticia. “Está claro que el Plan de Respuesta Temprana aprobado en julio ha tenido dificultades para su aplicación”, cree Pedro Gullón, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE). “Hemos visto a algunas comunidades llegar tarde, otras estaban ya llevando a cabo acciones contundentes, pero establecer un marco común puede implicar un mayor grado de control porque lo que existía, al no tener rangos fijos, ha generado confusión y la sensación de que cada comunidad podía hacer lo que quisiera”, añade el también autor de Epidemiocracia (Capitan Swing).
El portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), Ildefonso Hernández, opina en la misma dirección. El Plan de julio era “muy extenso y exhaustivo, cualquier responsable público leyendo ese documento habría sabido cuándo tomar medidas”. Pero sí, no incluía umbrales, “y es bueno que se pongan indicadores básicos comunes y que se facilite la transparencia. Porque se ha visto que en España hay que hacer documentos a prueba de irresponsables”. Que no obligue a confinar, pero sí ponga negro sobre blanco cuándo conviene, también le parece un buen planteamiento: “Hay que evaluar y contextualizar los datos, y adecuarlos al territorio. Pero si tu zona está en rojo oscuro, la comunicación está hecha. Siempre se podrá tergiversar, por ejemplo, la trazabilidad. Pero quita buena parte de las valoraciones y de la utilización interesada de la información”. Hernández cree además que saldrá adelante la semana que viene con las comunidades, a pesar de las últimas disputas: “Es muy raro que un director de salud pública no te firme algo así”.
Daniel López-Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS, también coincide: “Tener un marco unificado claro, explícito y transparente que sirva de cuadro de mandos para establecer cuándo se rebasa una situación y disparar las actuaciones correspondientes es clave. Ha tardado en ocurrir, pero es positivo”. Dice que ha tardado en ocurrir porque el debate viene de lejos. Ya López-Acuña se refería a ello en abril de cara a la desescalada tras el confinamiento estricto que preparaba España. Tampoco entonces Sanidad consideró pertinente aplicar rangos fijos, y eso fue también uno de los fallos que señaló hace escasas semanas The Lancet en referencia a nuestro país, junto a las carencias en el rastreo. “Contar con criterios muy objetivos y muy claros facilita que todo el mundo sepa cuándo se convierte en intolerable una situación sin tomar cierto tipo de actuaciones. De esta forma hay menos espacio para la subjetividad”, añade el especialista.