Sanidad rectifica y negociará las restricciones con las comunidades tras el varapalo de la Audiencia Nacional

El Ministerio de Sanidad busca nuevas vías de consenso después de que varias comunidades autónomas se hayan negado a aplicar las restricciones que se aprobaron la semana pasada con mayoría pero sin consenso en Consejo Interterritorial. Las restricciones afectarían sobre todo a las reglas sobre la hostelería y a la reapertura del ocio nocturno, y estarían vigentes hasta que el 70% de la población esté inmunizada frente a la COVID-19. Y esas nuevas vías podrían incluir que se cambiara parte del documento publicado en el BOE. Una de las autonomías que se había opuesto al acuerdo con más contundencia, Madrid, recurrió las medidas ante la Audiencia Nacional. El órgano les ha dado la razón este lunes y les ha concedido medidas cautelarísimas por las que suspenden en la región las restricciones de Sanidad. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha llamado después de conocerse la decisión judicial a varios consejeros de salud de las comunidades, confirman fuentes autonómicas, para estudiar modificaciones. El próximo Consejo Interterritorial se celebra el miércoles.

Fuentes de Ministerio de Sanidad rebajan la 'crisis' tras la decisión del Alto Tribunal y aseguran a elDiario.es que la ministra habla “prácticamente todos los días” con los consejeros y consejeras autonómicos. En cualquier caso, destacan que el Ministerio está “por encontrar espacios de encuentro” y por el “diálogo” para conseguir dos objetivos: que la incidencia acumulada baje hasta 50 casos por cada 100.000 habitantes; y subir la cobertura de vacunación. “La mayoría de las comunidades también están en ese espíritu de alcanzar acuerdos”, explican. Y zanjan estas mismas fuentes: “Si para llegar a consensos hay que modificar algún párrafo o palabra, ningún problema por nuestra parte”. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, también decía en rueda de prensa este lunes que “todo el Ministerio ha tratado siempre de mantener una posición negociadora a la hora de implementar y proponer medidas”.

El Ministerio de Sanidad sacó adelante el miércoles pasado sin consenso un documento de medidas obligatorias en toda España, en formato de declaración de actuaciones coordinadas, para la hostelería y el ocio nocturno. Estaba pensado como un marco común de cara a afrontar la recta final de la pandemia de COVID-19, hasta que el 70% de la población esté inmunizada con las vacunas. Varias comunidades se opusieron; las que más abiertamente, Madrid, Euskadi y Andalucía, que ya avisaron de que no iban a acatarlo y en el caso de Madrid, incluso a llevarlo a la Justicia. El Ministerio de Sanidad tenía desde el verano pasado un informe de la Abogacía del Estado que le aseguraba que los acuerdos del Consejo Interterritorial son de obligado cumplimiento aunque salgan sin consenso.

El cisma en Euskadi

Más allá de la rebelión liderada en los tribunales por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, varias comunidades estaban en pie de guerra contra las restricciones aprobadas en el Consejo Interterritorial, entre ellas Andalucía, Catalunya y Galicia, cuyo presidente, Alberto Núñez Feijóo, llegó a plantear un conflicto de competencias.

Todos esos gobiernos son de distinto color del central, pero el cisma se planteó también en Euskadi, donde el PNV gobierna en coalición con los socialistas. El Ejecutivo vasco también se quejó por las restricciones y amenazó con no cumplirlas. Dentro del propio partido socialista ha habido conflicto dado que el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, se alineó desde el inicio con el lehendakari. El secretario general del PSE en Guipuzcoa, Eneko Andueza, le reprendió y reclamó a Euskadi acatar la decisión.

Hurtado y la vicelehendakari, Idoia Mendia, negociaron con Sanidad para que incluyera una cláusula PSE dice que una cláusula de contextualización en la orden que permite mantener las condiciones regionales de la hostelería en función de “las especificidades que se dan en las comunidades autónomas respecto a distintos aspectos relacionados con las medidas para combatir la pandemia de la COVID-19.

En un comunicado, los socialistas vascos aseguraban que esa resolución “preserva la capacidad de coordinación atribuida al Gobierno de España” al mismo tiempo que reconoce “las competencias autonómicas en asuntos como la determinación de las medidas que afectan a las condiciones de funcionamiento de la hostelería y la restauración”. Fuentes del gobierno vasco indican también que el documento les permite tomar medidas en función de la especificidad del territorio, así que no les preocupaba no cumplirlo, pero sí les inquieta que el Consejo Interterritorial funcione sin consenso, informa Iker Rioja.

En qué consisten y a quién afectan las restricciones

La declaración de actuaciones aprobada el miércoles obligaría en primer lugar a reglas fijas para los bares y restaurantes de comida. Para los territorios en, según los indicadores del llamado 'semáforo' de Sanidad, “nueva normalidad”, riesgo 1 y riesgo 2, las medidas serían parecidas, con como mucho un 50% de aforo en interiores, con pequeñas variaciones entre niveles. Es a partir de nivel 3 cuando el documento, que se remite al ‘semáforo’, estipularía que deben cerrar los interiores. En esa situación de riesgo 3 solo están ahora mismo Euskadi y La Rioja, Madrid estaría en riesgo 2.

El texto también es una regulación de la reapertura del ocio nocturno y de las discotecas. Podrán abrir siempre que el área se encuentre fuera de los niveles de alerta o en el nivel 1 de riesgo, solo hasta las 3 de la mañana, con solo un 50% de aforo en interior pero sí un 100% en exterior, sin poder estar de pie en la barra, y en mesas de como máximo 6 dentro y 10 fuera. En nivel de riesgo 2, podría valorarse según la tendencia, tendría que ser favorable. En nivel 3 y 4, el ocio nocturno tiene que estar cerrado. 

Teniendo en cuenta todos los indicadores que analiza el 'semáforo', estarían en disposición de reabrir el ocio nocturno con seguridad las que están en nivel 1: Galicia, Cantabria, Navarra, Extremadura, Comunitat Valenciana, Murcia, Baleares y Canarias. Si se cuenta por provincias, puesto que el ‘semáforo’ se puede utilizar con las unidades territoriales que la comunidad precise, se añadiría, se uniría Zamora, Salamanca, Guadalajara, Albacete, Huesca, Cádiz, Málaga y Almería.  Las que seguro no podrían serían, de nuevo, Euskadi y La Rioja.