Las normas éticas de Sanidad recuerdan que no se puede negar a un paciente la UCI o el respirador por su avanzada edad

“Los pacientes de mayor edad, en caso de escasez extrema de recursos asistenciales deberán ser tratados en las mismas condiciones que el resto de la población, es decir, atendiendo a criterios clínicos de cada caso en particular”. El Ministerio de Sanidad se ha encargado de establecer recomendaciones expresas sobre los aspectos éticos de la gestión de la pandemia de COVID-19. En un documento específico establece, entre otros puntos, que no se puede excluir a nadie del acceso a recursos asistenciales por motivos de edad. Una decisión en esa línea, dicen, vulneraría el artículo 14 de la Constitución Española, zanjan.

El documento está fechado a 2 de abril y compila una serie de de conclusiones sobre los dilemas éticos que plantea la pandemia, así como de recomendaciones para facultativos e instituciones implicadas que deberían ser aplicadas en común. Está elaborado por Carlos Romeo Casanoba y Asier Urruela, catedráticos en Derecho Penal, y revisado por distintos expertos en Ética, Psiquiatría y Salud Pública. “Nuestro punto de partida es que la ética no puede dejarse de lado durante una catástrofe de salud pública”, tienen como premisa, porque en una crisis es “aún más” importante “evitar el menosprecio de las normas profesionales por los responsables de tomar decisiones bajo presión”. Está redactado con el objetivo de que “ayuden a la toma de decisiones” que, en última instancia, es responsabilidad de los médicos y médicas.

Entre sus conclusiones, recuerdan que “la escasez de recursos, temporal o duradera” que puede provocar esta pandemia “puede exigir el establecimiento de criterios de priorización de acceso a los mismos”. Pero tendrán que ser en base a criterios “objetivos, generalizables, transparentes, públicos y consensuados”. Es decir, no podrá haber discriminación “por ningún motivo ajeno a la situación clínica del paciente y a las expectativas objetivas de supervivencia” según su gravedad. Aceptar una discriminación por edad avanzada supondría una “minusvaloración de determinadas vidas humanas por la etapa vital en la que se encuentra”, lo que contradice “los fundamentos del Estado de Derecho”.

Ya había habido indicaciones en esta línea. Lluís Cabré, ex jefe servicio UCI en el Hospital de Barcelona y uno de los autores de la guía sobre el tema del Grupo de Bioética de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, explicaba a eldiario.es hace unas semanas que “la edad como tal no es el único parámetro ni el definitivo para entrar en la UCI”.

Sin embargo, el documento de técnicos de Sanidad recuerda que el debate sobre discernir el acceso a las UCIS según la edad del paciente había sido planteado “tanto en los medios de comunicación como en distintos documentos y foros científicos”. Un documento interno del Sistema de Emergencias Médicas de la Generalitat días después avalaba limitar la ventilación mecánica al uso de oxigenoterapia, sin respiradores, a los pacientes de más de 80 años sospechosos de tener COVID-19, si así lo consideraban los sanitarios que atendiesen.

La alta presión asistencial del mes de marzo, que aunque se espera que los próximos días se relaje en las unidades de cuidados intensivos ha llegado al borde de su capacidad, también ha provocado que los traslados de enfermos graves desde residencias se haya reducido al mínimo en Madrid y Catalunya. Otro protocolo que el gobierno de la Comunidad de Madrid tuvo que retirar tras varias críticas recomendaba no hospitalizar a mayores usuarios de estos centros con dependencias severas, algo que el documento ético de Sanidad tampoco aprobaría, ya que no respalda limitar a un colectivo concreto el acceso a las UCIS.

Además de la edad, los expertos en ética y derecho especifican que supondría una vulneración igual del Estado de Derecho limitar los recursos disponibles durante una pandemia “por motivos tales como la discapacidad en cualquiera de sus manifestaciones”. Advierten igualmente de la especial protección que deben tener los menores en situación de especial vulnerabilidad, como los extranjeros no acompañados.

El documento de Sanidad también se refiere a otros aspectos, además del acceso a recursos asistenciales. Entre ellas, a las condiciones para el reclutamiento de nuevo personal sanitario: el ministerio llamó a médicos jubilados y estudiantes de últimos cursos, pero recuerdan que con diversos planes de contingencia y censos hay que asegurarse de su idoneidad. También sobre el orden de prioridad a la hora de realizar pruebas diagnósticas. Mientras dichas pruebas “todavía no sean suficientes”, un orden claro sería priorizar a los profesionales sanitarios y otros trabajadores esenciales, ciudadanos de grupos y en situaciones de riesgo, y los que hayan estado en contacto con ellos.