La Comunidad de Madrid ha aprobado el texto legal que posibilita la privatización de hospitales y centros de salud. Con esta medida, el Partido Popular de Madrid ha conseguido acabar con la huelga indefinida de médicos que protestaban contra el plan. Los facultativos han decidido parar. Un rato antes, el presidente de la región, Ignacio González (PP) acusaba a los médicos de usar a los “pacientes como rehenes”. Los partidos de la oposición (PSOE, IU y UPyD) han votado en contra de la ley de acompañamiento que incluía la herramienta que permitirá la privatización.
“Se habilita al Servicio Madrileño de Salud para adjudicar contratos para la gestión del servicio público de asistencia sanitaria especializada en los Hospitales Infanta Cristina, Infanta Sofía, Infanta Leonor, Sureste, Henares y Tajo, que garantizarán los adecuados niveles de calidad, atención y derechos de los usuarios”.
Con este párrafo, la Asamblea de Madrid ha dado luz verde a la privatización de estos seis centros. Estas frases han provocado la movilización más unitaria del sector sanitario en décadas en protesta por la puesta en marcha de un nuevo modelo de gestión de la sanidad pública. Entre ellas una huelga indefinida de médicos especialistas que, tras un mes, ha tocado a su fin: “Era un medio para frenar lo que se ha aprobado hoy en el Parlamento regional así que no es sostenible en el tiempo”, explican desde la Asociación de Facultativos AFEM. Sin embargo, han diseñado una siguiente etapa de movilizaciones que harán públicas el viernes. Por el camino ha habido otros cuatro días de huelga general sanitaria y otras dos parciales.
Con las herramientas legales para privatizar hospitales y centros de salud en el bolsillo, la Consejería de Sanidad ha convocado a los sindicatos de la Mesa Sectorial (CC OO, CSIT, UGT, AMYTS, SATSE y USA) como “continuación de las reuniones anteriores” en las que las organizaciones estuvieron presentando vías alternativas de ahorro para no llevar adelante la privatización. Esa era la línea roja de los sindicatos y de AFEM. Así que los representantes de los trabajadores han quedado “a la expectativa” tras la votación porque se verán las caras con los directivos de la consejería al día siguiente.
Pero, además, la ley que hoy ha aprobado la mayoría del Partido Popular incluye otro texto: “Podrá ofrecerse la gestión de los centros preferentemente a las sociedades de profesionales con personalidad jurídica propia, que estén constituidas total o mayoritariamente por los profesionales sanitario (…). En caso de no asignarse ”podrán concurrir para su gestión el resto de personas físicas o jurídicas legalmente constituidas“. es decir, empresas en los centros de Atención Primaria. Los directivos de estos centros siguen recopilando cartas de dimisión para presentar al consejero Javier Fernández Lasquetty y hacerlas efectivas al sacarse a concurso alguno de estos servicios.
Un ahorro que crece por semanas
Un ahorro que crece por semanasCon cada semana, el Gobierno de la Comunidad de Madrid le asigna una mayor cifra de supuesto ahorro económico al plan de privatización de servicios sanitarios que puede poner en marcha desde hoy. El propio presidente regional, Ignacio González, ha calculado hoy que se dejarán de gastar 600 millones de euros. La semana pasada, su consejero de Presidencia, Salvador Victoria, le atribuyó a la privatización un ahorro de 200 millones. Un día antes, el responsable del área, Javier Fernández Lasquetty no fue capaz de cuantificar el ahorro. Lo que sí hizo fue inflar el gasto por paciente y año que, aseguró, suponía la atención sanitaria en los seis hospitales que pretende privatizar: les calculó un coste de 600 euros anuales cuando 21 meses antes anunció que esos mismos centros gastaban 428.
Entre las novedades que recoge la ley se incluye el cobro de un euro por receta a partir del 1 de enero próximo, medida que ya aplica el Gobierno catalán y que está recurrida por el Estado ante el Tribunal Constitucional.
Otro de los temas relevantes que recoge la normativa son los Centros Integrados de Desarrollo (CID), una categoría que incluye al complejo Eurovegas y por la que se otorgan bonificaciones fiscales e incentivos a proyectos que generen inversión y empleo, incluidos los casinos, donde estará prohibido que jueguen menores.
Los CID, que no prevén en ningún apartado la permisividad de fumar en las salas de juego, gozarán de incentivos para el empleo, tendrán una bonificación anual del 9 % para las inversiones en compra de material para sus instalaciones y del 95 % en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados.
El socialista Carmona ha dicho que los CID son un “salvoconducto a la corrupción” y ha criticado que con este sistema el PP está “haciendo juego con la democracia”, mientras que Luis de Velasco ha subrayado que con esta ley se está haciendo un “traje a medida” para el magnate estadounidense Sheldon Adelson y potenciando la creación de una “república independiente de juegolandia”.
La diputada Libertad Martínez, de IU, ha lamentado que se regale “ley, suelo y dinero a un propietario de casino”, en referencia al promotor de Eurovegas.
Desde el PP, el portavoz Pedro Muñoz Abrines ha respondido a la oposición diciendo que su “inmovilismo” es “una garantía al fracaso” y ha defendido que para salir de la crisis “lo primero que hay que hacer es reconocer la realidad y no tener miedo al cambio”.