El Ministerio de Sanidad ha aprobado este jueves en un consejo interterritorial con las comunidades autónomas el plan que les presentó el lunes para hacer frente a los rebrotes. Se trata de un protocolo unificado de respuesta rápida ante la COVID-19, pensado para un escenario de “control”, que es el que nos encontramos, defienden, tras una primavera de “mitigación”. Los consejeros autonómicos podían presentar hasta el miércoles aportaciones y correcciones técnicas al plan que, según ha apuntado Sanidad a través de un comunicado, han sido incorporadas en el documento final. El objetivo es dar un marco jurídico y epidemiológico para actuar, que pasa por tres niveles: las competencias de las Comunidades, que las tienen casi todas en sanidad; la coordinación del Ministerio cuando una situación implique a dos o más regiones y se tenga por tanto que tomar decisiones coherentes; y un nuevo estado de alarma, el último recurso y lo que se busca evitar.
La intención del Ministerio durante todo este tiempo es, además de llevar a cabo un seguimiento diario de los contagios, realizar una evaluación semanal con cada comunidad del “riesgo” de la transmisión del virus, que no se espera que esté controlado hasta que haya vacuna –es decir, al menos en un año de acuerdo con las previsiones–. Esa evaluación tendrá en cuenta varios valores: el ámbito territorial del que se habla –no será lo mismo que haya una serie de contagios en una misma localidad que diseminados por varias regiones–; la capacidad asistencial de la que se dispone; la posibilidad de que haya casos importados –por ejemplo, por la afluencia turística de una zona–; las situaciones de mayor exposición –los eventos que se vayan a celebrar–; la población susceptible de infectarse y si es más o menos vulnerable; y las medidas de prevención que estén implementadas. En base a todo ello se considerarán tres escenarios sobre los que actuar, de menos a más grave.
No están marcados por números de casos concretos porque, indican fuentes del Ministerio, cada territorio tiene una idiosincrasia distinta que hay que analizar. Los escenarios hablan de lo macro, de una respuesta genérica, pero el Ministerio también dio unas directrices concretas para lo micro, la específica: las instrucciones a seguir si los casos o transmisiones de los que se hablan se dan en un entorno escolar, laboral o sociosanitario, a partir de eventos de masas, o entre poblaciones socialmente vulnerables.
Escenario de riesgo bajo
Dentro de que no se puede evitar que siga habiendo transmisión, el Ministerio describe como de “riesgo bajo” cuando lo que se den son casos esporádicos, puntuales, o, en todo caso, cadenas de transmisión atajadas, es decir, que no trasciendan a más de tres personas o lo familiar, o no sigan saliendo casos durante más de un periodo de incubación. Así, los posibles brotes y sus contactos están manejados y bien localizados y la presión principal recae en el primer escalón del sistema sanitario, la Atención Primaria y la vigilancia epidemiológica.
Es un escenario asumido y las acciones son “continuas”, es decir, las que se hacen por protocolo. Se deben garantizar “las capacidades asistenciales”, evaluar continuamente los resultados de la vigilancia que proporcionan las comunidades, y controlar los aeropuertos y las fronteras. La recomendación es la de siempre: permanecer en el domicilio si se perciben síntomas y mantener la distancia física –incluyendo para ello medidas, por ejemplo, en los espacios de trabajo. En este escenario, el Ministerio prevé informar como hasta ahora sobre la situación y el riesgo asociado a por ejemplo, los viajes, e ir monitorizando la opinión de la población. Hasta ahora, esto último solo se ha hecho oficialmente mediante las encuestas del CIS.
En la práctica y según los datos oficiales, toda España menos las regiones que han retrocedido a fases equiparables a las de la desescalada se encuentran actualmente en este escenario.
Escenario de riesgo medio
En un escenario de riesgo medio, ya no solo se dan casos esporádicos sino agrupaciones. Y las “cadenas de transmisión”, es decir, contagios que llevan a otros contagios, no son ya excepcionales, sino que se dan varias y algunas no se logran cortar tan a tiempo. La presión, en esa situación, ya trasciende la Atención Primaria y recae más sobre el sistema hospitalario. El Ministerio ha llamado a esta circunstancia “brotes complejos” o “transmisión comunitaria esporádica”.
Lo que hay que hacer se resume en un refuerzo de las medidas de contención y también de la estrategia de comunicación, advirtiendo a la población correctamente del peligro. Una de las medidas más llamativas a aplicar en este caso es la “redistribución” de las capacidades asistenciales y de los recursos: por ejemplo, una forma sería construir hospitales temporales, para lo que las comunidades tuvieron que demostrar que estaban preparadas en la desescalada.
En estas circunstancias, se limitan las visitas a los centros sociosanitarios, porque son espacios de alta concentración de personas vulnerables, y la intromisión del virus en ellos a finales de febrero fue clave en la explosión posterior de la transmisión en nuestro país. También se contempla aquí el cierre de locales de ocio, la recomendación de reducir los grupos de amigos y familiares con los que se tiene contacto a menos de 20 y la reducción de horarios y de aforos al 50% en bares y también en velatorios. El Ministerio hace hincapié en que hay que “explicar las razones” a la ciudadanía, y “fomentar la transparencia y los mensajes alineados entre instituciones”, es decir, no proporcionar información contradictoria.
En la práctica, aún sin el plan aprobado, este escenario es el que se ha adoptado para más de la mitad de la población aragonesa que ha visto cómo su territorio regresaba a una fase equiparable a la 2 de la desescalada.
Escenario de riesgo alto
La situación se considera preocupante y de alto riesgo cuando la incidencia de la COVID-19 empieza a aumentar exponencialmente en vez de linealmente –el número diario se duplica–, y se detecta transmisión comunitaria. Esto último pasa cuando se encuentran varios casos de origen desconocido, es decir, ya no vinculados a un brote. La presión comienza a producirse no solo sobre el sistema hospitalario sino sobre las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), y se registra un aumento de la mortalidad por COVID-19.
Se ha denominado a este escenario como de “transmisión comunitaria no controlada” o “sostenida con presión creciente”. Las acciones que se plantean son el confinamiento, tanto para territorios específicos como, llegado el caso y de nuevo, toda España. Es en este caso, cuando afecte a todo el país, se recurriría de nuevo al estado de alarma. Este escenario plantea como necesarias las restricciones a la movilidad, que hay que “explicar” bien.
“Las medidas encaminadas a la reducción de la movilidad de las personas, se han mostrado altamente efectivas para controlar la transmisión del SARS-CoV-2 cuando el virus alcanza un elevado nivel de difusión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este tipo de medidas suponen un elevado coste social y económico, por lo que conviene implementarlas estudiando la situación caso por caso”, explican desde el Ministerio. Es decir, tanto el confinamiento como la restricción de la movilidad no tendrían por qué ser tan duros como los vividos estos meses atrás, porque cada circunstancia habría que estudiarla. Se plantea que puedan seguir reuniéndose grupos reducidos, por ejemplo. Pero sí deberían cancelarse eventos y cerrarse establecimientos.
En la práctica, esto es lo que está llevando a cabo ya la Generalitat en Lleida y en varios barrios de L’Hospitalet donde han reconocido transmisión comunitaria descontrolada.