Un año de marea blanca contra la privatización: 6 cosas que hay que recordar

El 31 de octubre de 2012 el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunció un Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público ligado a los presupuestos regionales. El documento contenía una “reforma estructural” basada en esta premisa: “Lo primero y más importante es ahorrar”. La línea maestra del plan era la cesión a empresas de la gestión de hospitales, centros de salud y cualquier servicio no sanitario. Por su parte, la Consejería de Sanidad se dedicaría a la reducción de la plantilla asistencial.

La manifestación de la marea blanca este domingo recuerda un año de acciones contra el “desmantelamiento de la sanidad pública”. Un año de la instalación de un nuevo modelo sanitario diseñado por el Partido Popular de Madrid, y de manifestaciones, huelgas y acciones legales.

1. Cambio de modelo y privatización

El cambio de modelo en la sanidad pública fue un acto sobrevenido del Gobierno madrileño. Nada ni remotamente parecido figuraba en las propuestas electorales de Esperanza Aguirre al acudir a las elecciones autonómicas de 2011 (en septiembre de 2012 la presidenta del PP madrileño abandonó su puesto y dejó paso a González). La entrada a gran escala de las empresas en todas las esferas de la sanidad fue justificada por la caída de ingresos en las arcas públicas. Y la oposición al plan de medidas se materializó en una huelga de profesionales sanitarios en noviembre de 2011.

Se le sumó una batería de manifestaciones protagonizadas por médicos, cuyas batas dieron el nombre a las marchas de marea blanca. Tras la aprobación, el 27 de diciembre de 2012, del texto legal que permitía la entrada de empresas en la dirección médica de seis hospitales, la oposición se trasladó de la calle a los juzgados. Dos recursos contra la orden de cesión presentados por la asociación de facultativos AFEM han conseguido la suspensión cautelar actualmente activa. Todo el proceso ha acumulado 14 recursos judiciales.

2. Sanidad gestionada por contratistas

El Gobierno regional ha adjudicado la atención sanitaria de 1,2 millones de ciudadanos a tres empresas (Sanitas, Ribera Salud e HIMA San Pablo) al cederles la gestión de seis hospitales, por la que calcula pagar 4.600 millones de euros. Las concesiones han sido ya firmadas, pero el traspaso de gestores está paralizado por el Tribunal Superior de Justicia. En el concurso no hubo ninguna competencia. Cada empresa optó por centros diferentes, sin colisionar en sus intereses. Las ofertas apenas redujeron mínimamente las cantidades propuestas por Sanidad.

Sanitas concursó por el hospital del Henares (Coslada), cercano a otra concesión pública que gestiona: Torrejón de Ardoz, que a su vez había comprado a la adjudicada original: Ribera Salud. Ésta, tras salir del negocio sanitario madrileño, regresó para dirigir dos hospitales: Infanta Leonor (Vallecas), y del Sureste (Arganda del Rey). Para completar los lotes, acudió a la subasta un grupo hasta entonces ajeno a la realidad médica española: la puertorriqueña HIMA San Pablo, especializada en captar turistas sanitarios hacia el Caribe. El grupo se quedó con el hospital Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), el Infanta Cristina (Parla) y el del Tajo (Aranjuez).

El consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández Lasquetty, también diseñó la privatización del servicio de un 10% de los centros de salud en Atención Primaria, medida que de momento está en el limbo tras presentar 320 directivos públicos de estos centros sus renuncias anticipadas para hacerlas efectivas “en cuanto salga un concurso de adjudicación”. Aunque la cesión de centros sanitarios ha encallado en los tribunales, la privatización de servicios se ha ido profundizando. Actualmente, casi cualquier actividad que no sea médica está ya en manos de contratistas. La limpieza, el mantenimiento, la lavandería o las comidas han pasado al mercado.

3. Reducción de plantilla

Además de liberarse de los trabajadores que pasaron a depender de las empresas adjudicadas, Madrid ha aligerado parte de sus equipos con la jubilación de profesionales a los 65 años. La medida, anunciada en el plan de octubre de 2012, tuvo evidencias de su alcance en mayo de este año, cuando de golpe quedaron fuera de los hospitales 700 médicos. Hasta entonces, la trayectoria profesional se podía prolongar sin grandes incovenientes hasta los 70 años. Esta es la primera fase de un adelgazamiento de 1.200 facultativos para cinco años, según los propios cálculos de Sanidad.

4. Sin actividad hospitalaria por las tardes (y con más lista de espera)

La Consejería de Sanidad de Madrid prohibió en 2012 la actividad extra que muchos profesionales realizaban por la tarde en los hospitales. El argumento fue que resultaba demasiado cara, porque las llamadas peonadas se pagaban como horas extras. A cambio, el Gobierno madrileño anunció que implantaría turnos “ordinarios” vespertinos contratando otros profesionales para aprovechar mejor las infraestructuras sanitarias.

Al final, la eliminación de las intervenciones quirúrgicas o pruebas diagnósticas extra se hizo efectiva. El nuevo turno, no. Mientras, las listas de espera quirúrgicas llegaron a su máximo histórico. En marzo aguardaban 64.311 personas. En junio, 64.113. El presupuesto para atender a pacientes o hacer pruebas diagnósticas de pacientes derivados desde los hospitales públicos a centros privados creció un 17% en 2013.

5. Hospitales “especializados”

En noviembre de 2012, el consejero Javier Fernández-Lasquetty decretó el cambio del hospital general La Princesa a geriátrico. O, como explicó entonces, “especializado en atención a mayores”. Este fue el primer gran detonante de movilizaciones y manifestaciones. Hasta la alcaldesa de la capital, Ana Botella, puso su firma de apoyo para que el hospital no perdiera sus servicios generales. Esta ha sido la única medida que el Ejecutivo de Ignacio González ha retirado de forma pública. Sanidad explicó que el hospital debería recortar en cinco millones extra sus gastos. No corrió tanta suerte el Hospital Carlos III, que se convierte en centro de estancia media.

6. El euro por receta

Madrid emuló la medida adoptada por Cataluña de cobrar un euro por cada receta que los pacientes presentaran en las farmacias. Se puso en macha rápidamente y ya funcionaba el 1 de enero de 2013. El día 29 de ese mes, el Tribunal Constitucional lo suspendió al admitir el recurso que presentó el Gobierno de Mariano Rajoy. Según el departamento de Economía de la región, en ese periodo se habían recaudado cinco millones de euros. En abril, un director general de Sanidad anunció en el Parlamento regional que si el Constitucional no anula definitivamente la medida, perseguirán a los objetores para “reclamar lo que no se ha pagado”.