Sanidad pisa el acelerador para ampliar la ley antitabaco a espacios al aire libre

“Hay predisposición del Ministerio, pensamos que quiere dar un paso firme en ese sentido”. La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) cuenta con que la prohibición de fumar en las terrazas será una realidad más pronto que tarde. La subdirectora general de Promoción de la Salud y Vigilancia en Salud Pública, Pilar Campos, avanzó la semana pasada que la pandemia de la COVID-19 había abierto “un camino importante” en la lucha contra el tabaco y aseguró que había que “aprovechar” la buena aceptación social a vetar fumar en la hostelería al aire libre para ampliar la ley, una década después.

El departamento que dirige Carolina Darias está inmerso desde hace semanas en un borrador para reformar la legislación y lo compartirá pronto con las sociedades científicas y las comunidades autónomas. El respiro que ha dado la pandemia permite a partir de ahora al Ministerio de Sanidad retomar otras cuestiones vitales de salud pública, como el antitabaquismo, que la urgencia de la COVID-19 dejó de lado.

La incógnita es cuánto de ambicioso será el Gobierno en la actualización de la ley. La previsión es poner en marcha un plan integral hasta 2025 –aunque no se ha marcado plazos concretos– con cuatro objetivos: los espacios sin humo, la fiscalidad, la protección del medio ambiente y la mejor coordinación entre ministerios, sociedades científicas y asociaciones. El Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, que integra a 40 sociedades científicas, ve receptividad institucional para incluir, más allá de la hostelería, las paradas de autobús, los andenes de trenes, los estadios deportivos o las playas. También SEPAR.

“Creemos que puede ser más extensivo porque el humo ambiental de tabaco perjudica y enferma a los que están alrededor, no solo molesta”, explica el presidente del CNPT Andrés Zamorano. “Hay clubes o ayuntamientos que prohíben fumar en determinados lugares pero son acciones individuales, lo interesante es que esté regulado por ley nacional”, añade.

Hay dos factores que reman a favor de una reforma amplia en este momento. Por un lado, “la oportunidad de oro” que ha traído la COVID-19 en la percepción social del riesgo del tabaco. El Consejo Interterritorial de Salud acordó liberar las terrazas de humo para evitar la transmisión del coronavirus, aunque la medida no se cumple en todas las comunidades por igual. Según la encuesta anual sobre tabaquismo de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), tres de cada cuatro personas mantendría la prohibición y seis de cada diez vetaría también fumar en la calle. La medida sería aceptada por el 40% de los fumadores, revela una encuesta de la misma sociedad.

Por otro lado, la posición rezagada de España en la lucha contra el tabaquismo tras marcar hace diez años el camino para otros países del entorno hace urgente una revisión. La ley de Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo –aprobada en 2005 y actualizada en 2010– fue pionera, pero otros países han tomado después la delantera. Francia, Reino Unido o Irlanda ya han implantado, por ejemplo, el empaquetado neutro –para evitar la identificación de los fumadores con una marca– y tienen precios de la cajetilla mucho más elevados. Hasta diez euros, el doble que en España.

La Encuesta Europea de Salud en España de 2020 revela que un 16,4% de mujeres y un 23,3% de hombres fuma a diario, con una especial concentración entre los 25 y los 64 años. En esta franja de edad, los hombres que consumen tabaco diariamente alcanza el 30%, casi uno de cada tres. Cuando se aprobó en 2005, fumaba diariamente el 32,8% de la población. Bajó hasta el 29,6% en 2007, pero en 2017 ya estaba otra vez en el 34%. La última encuesta EDADES sobre hábitos de consumo de los españoles, publicada en 2020, vincula con el consumo diario al 32,4% de la ciudadanía.

Otros flancos: fiscalidad, publicidad y vigilancia

¿Qué políticas públicas se han puesto en marcha desde 2010? Durante los gobiernos del PP se produjo un “parón” en el control y la prevención, según la CNTP. La exministra María Luisa Carcedo, del PSOE, dio pasos en la erradicación del tabaquismo incluyendo entre los medicamentos financiados por la Seguridad Social dos fármacos para dejar de fumar, vareniclina y bupropion (el primero ha sido retirado del mercado tras un éxito brutal de ventas), y Salvador Illa reunió a sociedades científicas y asociaciones de no fumadores a finales de febrero de 2020, justo antes de que estallara la pandemia. En el encuentro mostró su intención de “avanzar en espacios sin humo”, pero la cuestión no avanzó.

Tanto la CNPT, como SEPAR y los epidemiólogos insisten en que la reforma de la ley debe tocar diferentes aristas y no limitarse a la prohibición de fumar en determinados espacios. Un estudio sobre el consumo de tabaco durante el estado de alarma, publicado por la Revista Española de Salud Pública, apunta que dos medidas que “han demostrado mayor eficacia en la disminución del consumo”: la subida progresiva de impuestos que eleve y equipare los precios en todo tipo de productos, y la aprobación del empaquetado neutro, además de la regulación impositiva para aumentar los impuestos asociados a todo lo relacionado con el tabaco, incluidos los cigarrillos electrónicos, cuyo consumo se ha disparado en la población de menor edad. El presidente de SEPAR, Carlos Giménez, añade otra urgencia en la regulación. “En la ley vigente queda un poco laxa la vigilancia y no queremos que vuelva a ocurrir. Tienen que establecerse unas determinadas formas de denunciar y multar por falta de cumplimiento”, expresa.

La publicidad es otro flanco que preocupa mucho en la estrategia antitabaco. “En las redes sociales vemos influencers fumando sin control ninguno, con muchos seguidores, que presentan los cigarrillos electrónicos como algo cool...”, ejemplifica Zamorano. La CNPT lleva años exigiendo que los vapeadores y también el tabaco de liar se equipare fiscalmente con el clásico porque si no, aseguran, se produce un desplazamiento de la demanda.

Para Mario Fontán, experto en salud pública, “ya se ha demostrado que todos los males que se preveía que iba a traer la ley de 2010 no se han producido, como la caída de la recaudación”. “Sabemos que es un falso debate y hemos aprendido que la legislación es necesaria, que tiene un impacto positivo y eso sirve para que sea mucho más fácil endurecerla ahora”, opina el epidemiólogo, que es crítico con centrar el debate solo en la hostelería. “El clima se ha asociado a esto y no se ha intentado desde mi punto de vista ampliarlo a otros espacios donde al no fumador le estás condicionando porque no tiene capacidad de decidir no exponerse”, lamenta. En el mundo se dan ocho millones de muertes anuales vinculadas con el tabaco, 1,3 afectan a fumadores pasivos, recuerdan desde CNPT.

Avanzar en la erradicación del tabaquismo también es positivo, según Fontán, porque “hay un gradiente social de fumadores diarios”, es decir, las clases más bajas fuman más y tienen menos probabilidades de éxito si lo quieren dejar. “En términos de equidad, subir el precio es buena medida porque no podrían o estarían dispuestos a pagarlo”, profundiza el epidemiólogo, que ve “fundamental desactivar el discurso del impacto que va a tener en determinados sectores económicos”. “El fin último de la salud pública es que la gente no fume, que algo que genera tanto mal y tantas muertes prematuras termine desapareciendo”, zanja.