El momento de la evaluación ha llegado. Tras meses de que la oposición machacara con la necesidad de saber qué se ha hecho mal en la gestión de la pandemia y después de que un grupo de reputados científicos se reuniera con el ministro de Sanidad para trabajar con ese objetivo, parece que esa idea se materializa. Salvador Illa lleva este miércoles al Consejo Interterritorial que celebra semanalmente con todos los consejeros de Sanidad autonómicos la propuesta de realizar una “evaluación independiente del desempeño del sistema nacional de salud frente a la pandemia de COVID-19”. El Ministerio busca llegar a un acuerdo con las comunidades para examinar “tanto las actuaciones realizadas por parte de las autoridades sanitarias durante este periodo, como las fortalezas y debilidades que poseía el Sistema Nacional de Salud” cuando comenzó la pandemia, según se describe en el documento que esperan que salga adelante, al que ha tenido acceso elDiario.es. El primer objetivo del Consejo será crear un grupo de trabajo que defina “el marco y las características principales” de la auditoría. Tendrán que presentar sus conclusiones en el plazo máximo de un mes.
Por parte del Ministerio de Sanidad, en el grupo de trabajo estará la secretaria de Estado, Silvia Calzón, que lo presidirá. Estará formado también por un representante de cada una de las comunidades y ciudades autónomas, designado por las respectivas consejerías. A todos les podrán acompañar asesores, técnicos y expertos. De ahí saldrán las “líneas de evaluación, el alcance, los objetivos, los parámetros y cuantos elementos resulten necesarios para llevar a cabo una evaluación independiente lo más completa posible del conjunto del sistema”, y se perfilarán “el objeto y los criterios de la evaluación, la metodología, su extensión temporal, la forma de provisión de resultados y otros factores”. El objetivo último no es solamente entender qué se pudo haber hecho mal o en qué pudo haber fallado el entramado sanitario español, sino que se buscan efectos a largo plazo. Prevé que tras las conclusiones de la evaluación “se adopten las decisiones que correspondan en orden a reforzar” el conjunto del Sistema de Salud para que sea “más robusto, flexible y resiliente” de cara a futuras crisis sanitarias.
La semana pasada, el ministro de Sanidad se comprometió en una reunión con un grupo de veinte científicos de primer nivel a comenzar a trabajar en una auditoría externa de la crisis de la COVID-19. Era el grupo, compuesto por, entre otros, Joan Carles March, Alberto García-Basteiro, Margarita del Val, Manuel Franco, Helena Legido-Quigley e Ildefonso Hernández, que hace dos meses –el 7 de agosto– pidieron una evaluación externa de la gestión central y autonómica de la crisis sanitaria en la revista británica The Lancet. Las dos partes salieron con “saldo positivo” del encuentro y se emplazaron a reunirse de nuevo a mediados de octubre, con una propuesta más en firme sobre cómo debería ser el proceso.
Desde Sanidad se había trasladado al grupo de especialistas que la propuesta debía ser elevada primero al Consejo Interterritorial. Igualmente, el ministerio expresó su intención de que, de completarse esa auditoría, pueda servir como “legado” de esta legislatura, es decir, que a partir de esta experiencia se sistematice un procedimiento de evaluación de crisis al que se pueda recurrir en el futuro. Lo mismo sucedió con gran parte de lo aprendido durante la pandemia de gripe A: acabó en la Ley de Salud Pública de 2011. En el documento se refleja que el trabajo “habrá de encaminarse a generar valor y utilidad a los responsables políticos, a los gestores, a los profesionales sanitarios y al conjunto de la ciudadanía, inspirándose en un principio esencial como es el de la independencia evaluadora como garantía de la legitimidad de sus conclusiones”.
“Nuestro modelo de gobernanza sanitaria requiere el concurso del conjunto de los actores presentes en el Sistema Nacional de Salud”, explica el documento del acuerdo que se debatirá en el Consejo – el primero tras el polémico encuentro de la semana pasada en la que varias comunidades del PP y Catalunya se opusieron a la orden de Sanidad sobre las ciudades con alta incidencia, que fue finalmente aprobada–. Hace solo dos semanas, en una entrevista con elDiario.es, el ministro Illa se mostraba a favor de realizar una auditoría pero se inclinaba por dejar pasar algo más el tiempo: “Observo y respeto algunas opiniones vinculadas a veces a alguna formación política, que tienen mucho empeño en poner el acento en lo que hemos hecho mal y en señalarlo. Yo pongo el acento ahora en unir fuerzas para seguir luchando contra el virus. Ya haremos la evaluación. Del Gobierno por descontado, de las comunidades autónomas, del mundo académico. De todos. Pero en mí van a encontrar siempre un esfuerzo por hacerlo de forma constructiva”.
Existen varias fórmulas posibles para una auditoría externa, algunas en ejecución. Entre ellas, y como muestra que llevaron los científicos a Illa, la guía que los profesores Martin McKee y Mike Gill presentaron en mayo para el Reino Unido con el mismo objetivo, o la que prepara la OMS a nivel mundial.
Fuentes sanitarias aseguran que la revisión exhaustiva de las debilidades y fortalezas del Sistema Nacional de Salud es fundamental para mejorarlo de cara a nuevos desafíos de salud pública como lo ha sido el coronavirus. La pandemia ha puesto a prueba las capacidades asistenciales, la organización y gestión conjunta de las autonomías y el Gobierno central e incluso las propias leyes que regulan la salud pública. El borrador que presenta el Ministerio y que figura en el orden del día de la reunión de este miércoles pondrá a prueba una vez más los mecanismos de coordinación para la gestión de la pandemia.
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