Los Ministerios de Sanidad y Seguridad Social han anunciado este jueves un “proyecto piloto” con una duración de tres años para paliar la falta de médicos en el sistema sanitario español, que sacude especialmente a la Atención Primaria. En concreto, el ministro José Luis Escrivá ha propuesto un plan que pasa por permitir la jubilación activa a los médicos de familia y pediatras, para que puedan seguir trabajando más allá de la edad legal de jubilación mientras cobran un 75% de su pensión.
En una comparecencia conjunta, tras la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la titular de Sanidad, Carolina Darias, ha resaltado que se trata de “una propuesta de calado” y una “herramienta innovadora” para tratar de retener a los profesional de Atención Primaria a punto de jubilarse o que ya lo han hecho. “Hemos presentado una medida que intenta abordar la insuficiencia de profesionales en medicina, concentrados en la Atención Primaria, general y pediatría”, ha insistido Escrivá.
En España hay unos 42.000 profesionales médicos trabajando en este primer escalón asistencial de la sanidad pública, según datos del Ministerio de Seguridad Social, de los que uno de cada tres tienen más de 60 años. Esto es, 12.000 estarán en edad de jubilación de aquí a 2027 y unos 1.500 han superado ya los 65. Son todos ellos los que podrán acogerse al plan, pero también los que se han jubilado ya en los últimos años.
Los trabajadores del sector público no tienen acceso a la jubilación activa. Esto es, a seguir trabajando mientras cobran una parte de la pensión, que actualmente es del 50% para quienes sí pueden hacerlo. Para evitar que se vayan, Escrivá ha anunciado que se les abre esta opción y, además, se hace en un régimen mejorado de la pensión, que podrá llegar al 75% de la misma.
Los médicos que trabajan en el sector público tampoco pueden optar, en la práctica, a la jubilación parcial, porque no se ha desarrollado un reglamento, ni para los funcionarios ni para el personal estatutario.
Escrivá ha señalado, además, que la falta de profesionales de Atención Primaria, que suponen un 30% del total, es “combinación de dos elementos”. Por un lado, a un “conjunto de promoción de médicos muy numerosa en los 80, que están empezando a jubilarse ahora”. Una situación de la que están alertando profesionales y sindicatos en las protestas que se vienen produciendo en varias comunidades autónomas en las últimas semanas.
Por otro, a una “planificación inadecuada”, con un “descenso claro de plazas MIR en el periodo 2010-2017”, que se solapa casi en su totalidad con el mandato de Mariano Rajoy.
La reacción de las comunidades, “extremadamente favorable”
“La reacción prácticamente de todas las comunidades autónomas a esta medida ha sido extremadamente favorable”, ha señalado el ministro. Ahora, ha señalado Darias, “se va a compartir con los sindicatos del ámbito”.
Pese a esta medida, la ministra ha insistido en que el “objetivo prioritario” es la incorporación de nuevos médicos al sistema sanitario público. En esa línea, ha recordado que el Gobierno ha destinado “más de 50 millones de euros para financiar el incremento de las plazas públicas de las Universidades”, que desde 2018 se ha aumentado en un 40% la formación sanitaria especializada y que este año se ha producido “la mayor convocatoria del plazas” del Sistema Nacional de Salud, con 11.171. “En el caso de medicina familiar y comunitaria, la oferta que hemos hecho es de 2.455 plazas, un 5% más”, ha afirmado.
El Ministerio de Sanidad ya puso en marcha una medida similar durante lo peor de la pandemia. En concreto, el Gobierno estableció una “fórmula transitoria de jubilación activa a tiempo completo o parcial con pensión completa”. Con ella, 155 médicos jubilados retornaron al sector público y dos lo hicieron al privado.
Escrivá ha evitado hacer cálculos sobre cuántos médicos se acogerán a este nuevo “programa piloto”, con una duración de tres años, ni si servirá para paliar las carencias de personal de Atención Primaria, con agendas que superan los 35 pacientes que reclaman los sindicatos y las sociedades científicas en muchas zonas del país. “El potencial es muy grandes, pero va a depender de la decisión individual”, ha reconocido, pese a admitir que “el incentivo es significativo”.