Sanidad retomará desde este mes la regulación del cannabis medicinal

Sanidad va a retomar la regulación del cannabis medicinal. Fuentes del ministerio que dirige Mónica García han confirmado a elDiario.es que pretenden reimpulsar a partir de mediados de enero la creación de un programa médico. El Congreso aprobó a finales de la pasada legislatura un documento que instaba al Gobierno a regular el uso medicinal del cannabis, pero el anterior equipo ministerial acabó dejando morir la iniciativa, que decayó del todo con el adelanto electoral.

Ahora, la ministra va a reabrir el melón. España es de los pocos grandes países europeos que no tiene un programa medicinal regulado, pese a que tiene un gran respaldo social (un 84% estaba a favor de este uso la última vez que preguntó el CIS) y una mayoría del Congreso similar a la que hay ahora ya avaló su creación hace un año en una subcomisión en la que solo PP y Vox votaron en contra. El actual reparto de escaños, calcula el Gobierno, es favorable a esta regulación.

Además, hay partidos que también van a agitar el árbol de la legalización integral. La pasada legislatura ya se registraron varias iniciativas parlamentarias (Ciudadanos, UP, Más País y ERC) que decayeron por motivos variados –el principal es que el PSOE no lo veía–, y podemos ha vuelto a la carga: el pasado 19 de diciembre Podemos presentó, de nuevo tras hacerlo la pasada legislatura, otra proposición de ley. En el Ejecutivo hay voces que creen que puede haber margen para dar algún paso más allá del medicinal, según ha podido saber elDiario.es.

Igual que los programas terapéuticos están muy extendidos, el uso recreativo del cannabis es una rareza en Europa en este momento. Malta acaba de ser la pionera, pero el gran salto lo dará Alemania, que ya ha anunciado una regulación que el país germano pretende que entre en vigor el 1 de marzo de 2024.

En España el cannabis está en un limbo legal. La posesión de pequeñas cantidades –no existe una cifra específica de gramos que separen el consumo personal del tráfico– no es un delito, pero tampoco es legal. El transporte en vía pública está prohibido, pero se puede tener alguna planta en casa... mientras no se vea desde la calle. El consumo en el hogar se permite de facto, fuera de él está multado.

En manos del PSOE

La regulación del cannabis, sea medicinal o integral, pasa por el PSOE. Con el rechazo casi garantizado de PP y Vox y el apoyo previsible del resto de la cámara (seguro en el caso del médico, el PNV y Junts podrían dudar con el recreativo) la posición que adopten los socialistas es lo que decanta la balanza. Históricamente el partido se ha alineado con la postura prohibicionista de la ONU y ha negado incluso las propiedades médicas de la planta, pero el cambio de posición del organismo internacional en los últimos años (la OMS ya admite que el cannabis tiene utilidad médica e insta a que se investigue más) ha arrastrado a los socialistas, que estuvieron a punto de aprobar el uso medicinal del cannabis en la pasada legislatura pero acabaron bloqueándolo.

El PSOE apoyó hace un año y medio una iniciativa del PNV para que una subcomisión del Congreso evaluara el tema y votó a favor del informe que emitió dicha subcomisión proponiendo la creación de un programa medicinal en España. Pero en el último momento el partido se echó atrás, pese a que legalizar el cannabis medicinal tiene el respaldo del 84% de la población, según el CIS. El Ministerio de Sanidad dejó pasar los seis meses que tenía para validar el texto y la iniciativa murió cuando se convocaron las elecciones.

Entonces votaron a favor de aquella regulación medicinal PSOE, UP, Cs, PNV y PDECAT, mientras Bildu y Esquerra se abstuvieron, más por el diseño de regulación específico que se proponía que por estar en contra de la medida (los republicanos catalanes presentaron una propuesta de legalización integral). En contra se quedó sola la derecha nacional de PP y Vox.

De aquella propuesta, que Sanidad va a retomar ahora, empezando por el encaje que tendría un programa medicinal en el andamiaje legal español, una de las principales batallas era dónde se podría dispensar y si entraban entre las opciones las flores del cannabis (los cogollos) y las fórmulas magistrales. En la primera cuestión, para el Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM), uno de los principales actores civiles en este tema, era fundamental que se hiciera en las farmacias comunitarias y no solo las hospitalarias como se proponía, bajo el argumento de que un programa que no facilita el acceso no es útil. De la segunda había una de cal y otra de arena para los pacientes: flores no, preparados y fórmulas magistrales sí. También quedaron fuera como dispensadores los actores privados del sistema sanitario (Quirón, HM, etc.) pese a que sí se les permite dispensar otras drogas, como la ketamina.

¿Y la integral?

Respecto a la regulación integral, por un lado, el CIS sostiene que hay más gente a favor de la legalización de todos los usos del cannabis que en contra (un 47% contra un 41%). Por otro, a nivel económico podría suponer una notable inyección de recursos. En España la referencia para el impacto que podría tener una legalización de la marihuana es un estudio realizado por David Pere Martínez Oro, profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Sostiene este informe, realizado en base al consumo actual, que el estado ingresaría 3.312 millones de euros anuales en concepto de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, y que se crearían 101.569 empleos de calidad para producir los 772.313 kilos de marihuana necesarios para abastecer la demanda.

En el otro espectro, el cannabis no deja de ser una droga y, aunque legalizarla tiene más apoyo que rechazo, menos de la mitad de la población respalda la regulación integral. Nadie quiere dejar su nombre asociado a la regulación de otra droga y que se dispare su consumo.

Al mirar los números parlamentarios, si el Gobierno se planteara una regulación integral, algo que incluía Sumar en su programa electoral, –o apoyara una propuesta externa, como va a hacer Podemos– le bastaría con los votos de la investidura –de hecho sobraría algún voto– ya que más “síes” que “noes” serían suficientes para aprobar una ley no orgánica. Del grupo que apoyó la investidura (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, CC), los que han mostrado tradicionalmente más reticencias son, en principio, el PNV y Junts.

En España, en 2021 el 14,9% de la población adulta se declaraba consumidora habitual (lo había hecho en el último mes), tras alcanzar picos del 20,1% en 2008, según el Plan Nacional sobre Drogas. Es la droga no legal más consumida, pero lejos de otras sí reguladas como el tabaco (23,9%) o el alcohol (53,6%), según la misma fuente.

Desde el Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM), quizá el grupo que más ha presionado por una regulación medicinal y pese a que son favorables a una regulación integral, creen que ser demasiado ambiciosos puede ser perjudicial. “Tramitar las dos leyes a la vez, integral y medicinal, puede retrasar mucho la de los pacientes”, advierte Carola Pérez, su presidenta, “y llevamos ya muchas promesas incumplidas desde 2016”, cuando Ciudadanos presentó su iniciativa y se empezó a hablar en serio de la posibilidad de tener un programa medicinal. Los usuarios medicinales, cansados de tener que comportarse como delincuentes para conseguir el cannabis que alivia sus dolores, claman por un programa médico.

Canadá y Uruguay, experiencias previas

En los dos países que tienen una mayor experiencia con la legalización del cannabis, Uruguay primero y Canadá después, la legalización, polémica en su momento, se va asentando. El principal objetivo de ambos países cuando regularon el consumo fue tanto atacar al narcotráfico como proteger la salud de las personas, aunque cada Gobierno eligió un camino. El sudamericano optó por un modelo basado en el usuario consumidor, la protección de la salud y los derechos humanos. El modelo canadiense prima más el negocio. Autocultivo y clubes de consumidores en un lado, empresas y productos estandarizados en el otro.

Aunque el consumo ha crecido en ambos casos tras la legalización, no lo ha hecho más de lo que venía creciendo de manera natural en todo el planeta en los últimos años, explica Milton Romani, exsecretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay. “No ha habido esas hordas de zombies deambulando por Montevideo buscando farmacias que asaltar, como se dijo”, ironiza Romani. “El impacto que sí ha tenido, diría que cultural y antropológico, es que cuando se abrieron las farmacias aparecieron las viejitas que lo habían probado porque les iba bien para dormir, el ingeniero electrónico que consumía... Desapareció el estigma del joven rasta fumeta y aparecieron todo tipo de usuarios”, cuenta.

En cifras, tanto en el país sudamericano como en Canadá el consumo ha mantenido la tendencia alcista que traía antes de la legalización. En Uruguay, el usuario habitual (que dice haberlo consumido en el último mes) ha pasado de un 1,4% en 2001 al 9,3% en 2014 (se aprobó en 2013), al 14,8% en 2018 y ronda el 18% hoy.

En Canadá, la otra gran referencia mundial, se triplicó entre 1985 (5,6%) y 2017 (14,9%), cuando se aprobó. Desde entonces ha subido otro 40% hasta el 21% de consumidores habituales que registra hoy el país.

Más allá del aumento del consumo –sobre la que los expertos debaten si se mantiene de manera natural, como pasaba antes de la legalización, o si esta la ha facilitado–, en Uruguay la población sí parece aceptar la regulación, tal y como apuntaba Romani. La encuesta CIFRA que realiza el país muestra que el balance a favor-en contra de la legalización ha pasado de un 26%-63% en 2013, cuando se aprobó la norma, a un 48%-45%. Se le ha dado la vuelta a la tortilla, y para Romani la mejor muestra de que el programa funciona es que el cambio de Gobierno en el país –cuando el impulsor de la legalización, José Mujica, dejó paso a la derecha al frente del Ejecutivo– no lo llevó por delante pese a que en su momento algunos portavoces dijeron que lo derogarían.

En Canadá, con el aumento del consumo ha crecido la recaudación. El país, con una población algo menor a la española (38 millones de habitantes, frente a 48 millones) y un mayor porcentaje de consumidores (un 21% frente al 15% español) ha pasado de facturar 28,7 millones de euros por venta de cannabis el primer mes que se legalizó, hace cinco años, a 305 millones de euros en julio de 2023. Con un número total de consumidores aproximado, según estas cifras (ocho millones de personas en cada país) esos 305 millones de euros, extrapolados a un año entero, son coherentes con la estimación realizada por David Pere Martínez Oro en su informe sobre el impacto económico del cannabis legal en España: 3.312 millones de euros.