La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que unos de los primeros pasos que dará al frente del departamento será “sacar del cajón el plan integral antitabaco” que se encargó al Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) pero que quedó en papel mojado. “No podemos darle la espalda a la medida que más años de vida puede suponer para la población”, ha insistido García.
El plan antitabaco, frustrado con el adelanto electoral del 23 de julio, preveía la prohibición de fumar en el coche, en las terrazas, en las playas, la regulación de los cigarrillos electrónicos y más impuestos, entre otras medidas. El objetivo del nuevo equipo del ministerio es “ampliar espacios libres de humos”, aunque han dejado la puerta abierta a valorar “cada uno de los supuestos”. “Lo vamos a revisar y lo vamos a ver, siempre poniendo la salud de los menores en el centro”, ha dicho sobre los cigarros en los vehículos en los que van niños y niñas.
En la misma línea, García ha insistido en el compromiso con las recomendaciones del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo y en “ampliar o modificar” ese plan, según las necesidades. Donde desde el equipo de la ministra se han mostrado más claros ha sido en que esos espacios libres de humos se extenderán a las terrazas.
García ha explicado que los liberadores de nicotina deberán contar también con una regulación que se asemeje a la del tabaco. Porque no solo es importante, ha dicho, “la parte de salud, sino la parte ecológica que tiene que ver con los vapeadores desechables”. Estos dispositivos se han extendido en los últimos tiempos entre la población más joven, gracias a promociones en redes sociales e, incluso, con presentaciones con forma de dibujos animados. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, los niños que usan estos dispositivos tienen hasta el triple de probabilidades de consumir tabaco en el futuro que aquellos que no lo hacen. “Centrándonos en la salud y en los menores, tendrán que tener una regulación precisa”, se ha comprometido la ministra.
De fondo está la decisión de Francia, que ha anunciado su intención de prohibir los cigarrillos electrónicos desechables para combatir el tabaquismo y de declarar playas, parques y entornos escolares como espacios libres de humos, además de elevar el precio de la cajetilla de unos 10 a 13 euros. “Las prohibiciones de fumar y las subidas de precio funcionan. Sobre eso hay consenso científico a nivel mundial”, aseguró el ministro de Sanidad galo, Aurelien Rousseau. Una afirmación con la que coincidía el presidente del CNPT, Andrés Zamorano, en una entrevista en elDiario.es: “La medida estrella contra el tabaco es el precio, hemos solicitado subirlo a 20 euros la cajetilla”, explicaba.
Sobre los vapeadores, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha secundado que se dará “continuidad a lo que ya estaba trabajado previamente” y “con independencia de que a nivel europeo haya otras cosas que se vayan avanzando”. En concreto, Padilla ha indicado que el control de estos dispositivos no se limitará a los pronunciamientos a nivel comunitario. “En lo que haya que avanzar se avanzará y en lo que vayamos por delante, iremos por delante”, ha dicho.
Sobre la posibilidad de que algunas comunidades se adelanten a la regulación de los dispensadores de nicotina, desde el ministerio señalan que serán ellos quienes les digan a las comunidades que no tomen medidas para mejorar la salud de sus poblaciones. Han puesto como ejemplo la prohibición de bebidas energéticas a menores en Galicia y Andalucía. “Algunas comunidades lideran una serie de iniciativas y después el resto nos vamos adhiriendo. De eso se trata la extensión del conocimiento, porque no tenemos la fórmula mágica para todo”, ha añadido García.
El plan antitabaco que la nueva ministra quiere recuperar fue puesto en marcha en diciembre de 2021 por el entonces titular de Sanidad, Salvador Illa. La estrategia, con un horizonte en 2025, concluyó hace un año y medio, tras las aportaciones de asociaciones científicas y del CNPT. Pese a que supondría un impulso en la prevención del tabaquismo tras los grandes avances que significó la ley de 2005 y su actualización en 2010, que situaron a España a la cabeza en cuando a legislación, no llegó a llevarse a cabo, ante la preocupación de médicos y expertos.