El modelo sanitario que venza el 28A marcará el futuro del sistema público cuyo deterioro alimenta al sector privado

El sistema sanitario español es, todavía, básicamente público. El 70% del gasto lo cubren los impuestos. Por eso no es especialmente gravoso: supuso el 8,8% del PIB en 2017, según la OCDE. Menos que la media de la Unión Europea. También lo hace sensible a las decisiones de sus gestores políticos.

Las competencias en sanidad son autonómicas. Sin embargo, la convocatoria de elecciones generales del 28A va a poner en el escaparate las ideologías sanitarias que representan diferentes maneras de entender la asistencia sanitaria: mayor o menor peso de los servicios privatizados, ampliación o restricción de prestaciones públicas, autorización para reponer o ampliar las plantillas de profesionales… Elementos que luego se trasladan a la calidad de asistencia a los pacientes.

Así, la aplicación de recortes sanitarios derivada de la reducción del gasto público que diseñó el PP ha hecho que la inversión pública actual sea muy parecida a la que hubo en 2008: 74.000 millones en 2016 (últimos datos oficiales ajustados a inflación) por los 80.000 de casi una década antes. El pico de gasto fue en 2009 con 84.500 millones. A partir de 2010, con Rodríguez Zapatero aún en la Moncloa, empezó a caer y permanecer dos cursos en la franja de los 68.000 millones. Eso es en torno al 15% menos de recursos. En 2015 se inició una remontada. Mientras, la sanidad privada ha ido al revés: 28.000 millones en 2008. 30.000 en 2016.

Detraer recursos ha hecho, por ejemplo, que, en España haya actualmente menos camas hospitalarias que en 2012. El Catálogo Nacional de Hospitales del Ministerio de Sanidad muestra que 2018 se cerró con unas 158.000 camas por las 162.000 que había en 2012.

Las urgencias

Aunque no sea una idea intuitiva, los famosos colapsos en los servicios de urgencias hospitalarias están muy relacionadas con la capacidad en las plantas y sus camas disponibles. Los pacientes alojados en la urgencia, si han de recibir un tratamiento más prolongado, no se derivan hasta que se libera alguna plaza en las, normalmente, plantas superiores. Entre las primeras razones que saturan urgencias, los profesionales han señalado “la espera para hospitalización” o “la atención de pacientes hospitalizados sin camas”. Dos asuntos estructurales. Entre los mitos se subraya que se pueda reducir los colapsos a base de inaugurar áreas de urgencias más grandes.

Entre los gobiernos autonómicos (responsables últimos de diseñar los presupuestos para sostener la atención sanitaria), los que más han recurrido a la llamada colaboración público-privada para, en sus palabras, promover la eficiencia y sostenibilidad del sistema han sido los de la Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana al mando del Partido Popular. En Levante estrenaron el modelo Alzira de concesión a un sociedad privada de la atención sanitaria con el hospital de la Ribera. Un sistema que se extendió por el resto de departamentos sanitarios valencianos. El ya saliente ejecutivo de Ximo Puig (Pspv) revertió precisamente este centro sanitario a la gestión pública directa.

En Madrid, el modelo 100% externalizado se ha aplicado a cinco hospitales. Los tratamientos resultan, finalmente, más costosos según analizó la Cámara de Cuentas en su informe preliminar sobre los procesos de privatización, unas conclusiones que se evaporaron de documento final tras la alegaciones del Gobieno autonómico para las que se recurrió al actual jefe de gabinete en del presidente del PP, Pablo Casado, Javier Fernández-Lasquetty, precisamente uno de los principales impulsores de la gestión privada de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid. Fórmulas similares han sido aplicadas por la Xunta de Galicia o la Junta de Castilla y León en el hospital universitario de Burgos, el HUBU, cuya factura se ha multiplicado varias veces. 

El ejemplo de modelo de gestión más reciente ha llegado con el nuevo Gobierno andaluz formado por una coalición entre Partido Popular y Ciudadanos. Allí, ya en la sesión de investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla, se oyó la argumentación propia del PP de Esperanza Aguirre en Madrid sobre la manera de dirigir el sistema sanitario. Este mes de marzo el Ejecutivo de PP y Ciudadanos ha anunciado que prevé ampliar esa fórmula de los conciertos con centros privados con 15,5 millones más para agilizar las listas de espera, y baraja ya “externalizar” este servicio “en beneficio de los pacientes”

Con todo, los últimos ejercicios han visto cómo los responsables políticos volcaban el dinero hacia los hospitales mientras perdía fuerza la atención primaria. En 1982 representaba el 20,2% de todo el presupuesto sanitario público. En un declive sostenido, en 2017 se colocó en el 14,2%. El deterioro progresivo y acumulado en este eslabón del sistema ha terminado por provocar el último torbellino de protesta a finales de 2018 y el comienzo de 2019.

La sanidad española dispone de menos médicos de primaria que en Europa: la media está en unos 7,4 por cada 10.000 habitantes por los 9,7 en la UE. En cuanto a enfermería, hay unas 6,6 profesionales por las 8,8 en la UE. Hace solo dos semanas, los facultativos de centros de salud se concentraron frente al Ministerio de Sanidad ofreciendo algunos relatos sobre la carga de trabajo que las plantillas precarias y menguadas les impone.

La Atención Primaria es una pieza clave para, incluso, mejorar la eficiencia del sistema porque ahora hasta un 20% del gasto sanitario se desperdicia por falta de inversión en medicina familia y medicamentos genéricos. Esta semana, el Ministerio de Sanidad distribuyó a los consejeros autonómicos de sanidad su propuesta sobre Atención Primaria entre la que incluye promover un contrato, al menos de dos años, para los MIR que terminen medicina de familia. El objetivo es que cada sanitario tenga un cupo de 1.500 pacientes por profesional.

Precarización de plantillas sanitarias

La escasez de médicos en esta disciplina responde a una mezcla de precarización en las condiciones laborales y planificación ambas bajo la competencia de responsables políticos. La oferta de plazas MIR, el sistema de especialización, cayó un 10% entre 2011 y 2014 junto a los presupuestos sanitarios, y en 2019 no llega aún al nivel de hace ocho años. Hay un déficit reconocido de 4.000 especialistas. Medicina de familia es una de las principales damnificadas.      

La desinversión llevó a la exclusión de amplios grupos de personas del sistema sanitario público (como los inmigrantes irregulares), la eliminación de ciertas prestaciones (como la reproducción asistida a lesbianas y mujeres sin pareja) o a ampliar el copago farmacéutico. Varias de estas medidas se han revertido. Otras, como la reproducción, van a quedar en el aire.

Las familias pagan más

Al tiempo que se daba un deterioro del sistema público, la sanidad privada no ha parado de crecer. Las clínicas privadas no benéficas ingresaron 1.615 millones de euros públicos en 2017, según el último análisis disponible de DBK, encadenando cinco años seguidos de incremento (un 13% más). Las aseguradoras han pasado de facturar 6.900 millones en pólizas a unos 8.000 millones.

El mercado engorda. La facturación ha aumentado tanto por el dinero que llega de las aseguradoras como por el de los conciertos o concesiones con los gobiernos. El nicho ha creado grandes corporaciones (algunas multinacionales) como Quironsalud, Vithas-Nisa, HM, HLA y Hospiten que suman 3.900 millones en ingresos, dos tercios de un mercado al alza mientras decae el sistema público.

Con este panorama, el gasto sanitario en el sector privado ha escalado de 27.450 millones en 2012 a 29.995 en 2016, según reflejan los datos actualizados a inflación del último Sistema de Cuentas de Salud del Ministerio de Sanidad. Los familias son las que desembolsan la mayoría de ese dinero. 23.900 millones, el 81,5%. El campo se ha abonado de tal manera que en estos años han proliferado nuevas formas de negocio como las plataformas pay-as-you-go, abonas lo que consumes. Fórmulas destinadas a captar el flujo económico que no para de llegar a la asistencia privada. Empresas que se publicitan subrayando el deterioro público: “Con sus limitaciones y esperas”, “evitando las largas listas de espera de la sanidad pública”. Reclamo para clientes.