Este Jueves Santo, más de doscientos legionarios llevarán en alzas al Cristo yacente de Mena (Cristo de la Buena Muerte) en Málaga. Lo harán portando sus uniformes, sus fusiles y con el desembarco de la Compañía de Honores de la X Bandera del Tercio 'Alejandro Farnesio' y el buque de la Armada. Todo pagado con fondos públicos.
Los ministros de Cultura, Defensa e Interior se desplazarán a la capital andaluza para distintos actos. Rafael Catalá asistirá al acto de indulto de un preso (este año, el Gobierno ha concedido cinco perdones de culpa a reos solicitados por distintas hermandades y cofradías), mientras que Cospedal asistirá a la procesión de la Hermandad Sacramental y Cofradías Fusionadas de Málaga, escoltada por la Brigada Paracaidista. Zoido, por su parte, será condecorado por la Hermandad de Jesús el Rico y la Hermandad de la Expiación de Málaga.
El de la Legión es el caso más conocido de una panoplia de procesiones que se suceden por todos los rincones de España, y en los que la presencia de los Cuerpos y las Fuerzas de Seguridad del Estado, o de alcaldes, concejales o cargos públicos, son una constante. Algo extraño en un país que, constitucionalmente, se define como “aconfesional” pero que, en la práctica, mantiene unos hilos férreos de unión entre el poder político y la Iglesia católica.
Esta dependencia va más allá de los colores políticos. Concejales y diputados de todas los partidos participan en las procesiones de Semana Santa, con excepciones visibles como las de las alcaldesas de Madrid y Barcelona, Manuela Carmena y Ada Colau, que decidieron que ningún miembro de la Corporación Municipal participara en los pasos procesionales. O como las de los concejales de Izquierda Unida en Soria, que se han negado a seguir a la Corporación Municipal (gobernada por el PSOE) para ir detrás del Cristo en la procesión del Viernes Santo.
Hasta el rey Felipe VI participó, hace dos años, en la Semana Santa de Sevilla, junto a la presidenta de la Junta, Susana Díaz. Ésta, junto a la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, acudieron a la procesión de Martes Santo a la cofradía del Cerro.
El alcalde de Cádiz, José María González Santos 'Kichi' (Podemos), sale en procesión con la Hermandad del Nazareno de Cádiz y el pasado año concedía la Medalla de Oro de la Ciudad a la Virgen del Rosario. El portavoz de la Ejecutiva del PSOE y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, presentaba la semana pasada en el Hotel Palace, junto al cardenal Blázquez, la Semana Santa de Valladolid, y procesiona con la hermandad de El Descendimiento. Ambos, como en su día lo hiciera el exministro Trillo, aseguran hacerlo a “título personal”.
Funcionarios, policías o guardias civiles participan en infinidad de procesiones, que son financiadas por los gobiernos municipales y las Administraciones autonómicas. La seguridad en las calles, la limpieza de las mismas y los cortes de circulación son responsabilidad de los consistorios municipales, que conocen el impacto turístico y de empleo de la Semana Santa en España. Según un informe de Randstad, la Semana Santa generará un total de 182.700 contratos laborales este año.
Mucho empleo según la Conferencia Episcopal
Los datos de la Memoria Anual de Actividades de la Conferencia Episcopal española también presenta sus previsiones, y afirman que las celebraciones religiosas de estos días generan una riqueza de 9.800 millones de euros (el 0,95% del PIB), y 97.000 empleos sostenidos directamente por esta actividad.
Tal y como denuncia Laicismo.org, las distintas administraciones públicas (ayuntamientos, diputaciones, cabildos o comunidades autónomas) financiaron a las distintas entidades religiosas católicas con más de 40 millones de euros. En los datos no se incluyen ni los fondos para el patrimonio, ni la financiación de hospitales, capellanes o centros sociales católicos, ni las famosas casillas del IRPF.
Entre los beneficiarios, apunta esta organización, se encuentran cofradías y hermandades de todos los rincones del país, desde la Hermandad de las Angustias de Cuenca a la Cofradía de Jesús Nazareno en Marbella, pasando por Cádiz, Málaga, Lanzarote, Sevilla, Granollers, Tenerife, Soria, Albacete, Madrid, Ceuta, Lugo, Murcia, Valencia... En una España aconfesional, donde cada vez menos ciudadanos se declaran católicos, la pasión, muerte y resurrección de Cristo sigue siendo una cuestión pública y de Estado.