La ley trans y la reforma del aborto salen adelante en el Senado y encauzan su aprobación definitiva

El Senado ha respaldado este miércoles dos de las leyes que junto a la ley del ‘solo sí es sí’ componen el paquete legislativo insignia del Ministerio de Igualdad. En una misma jornada, la Cámara Alta ha dado luz verde a la reforma de la ley del aborto por 146 votos a favor, 110 en contra y seis abstenciones, y a la ley trans, que han apoyado 144 senadores, 108 han votado en contra y dos se han abstenido. Las dos tendrán que volver al Congreso para su aprobación definitiva tras los cambios introducidos vía enmiendas en el trámite y tras rechazar los vetos propuestos por el PP y Vox. 

El esquema se ha repetido en ambos debates, los dos de unas cuatro horas de duración: la mayoría de la cámara las ha respaldado al considerar que suponen un avance de derechos, mientras que PP, Vox y Ciudadanos se han opuesto a ambas acusando a los grupos de aprobarlas “sin debate” y “sin consenso”. Los tres han utilizado la crisis por la ley del solo sí es sí para cargar contra la ley trans asegurando que tendrá “efectos indeseados”, parafraseando a los distintos miembros del Gobierno que se han referido así a las rebajas de penas a agresores sexuales. 

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha cerrado los dos debates agradeciendo “a la mayoría feminista” de la cámara el apoyo a las legislaciones y ha asegurado ser consciente de que la ley trans “se ha dejado cosas en el tintero” pero “es una de las más importantes de la legislatura porque no hay nada más material que el derecho a ser quien eres”.

Por su parte, la del aborto, ha celebrado, “nos va a permitir que todas las mujeres puedan interrumpir voluntariamente su embarazo en el centro público más cercano”, que las jóvenes de 16 y 17 años puedan interrumpir voluntariamente su embarazo “sin tutelas” y “como hacen con cualquier otro procedimiento médico” o que se reconozca “la salud menstrual” como “parte del derecho a la salud” de las mujeres.

El visto bueno a esta reforma se ha dado justo en el momento en el que el Tribunal Constitucional intenta acordar por fin una sentencia que resuelva el recurso interpuesto por los populares en 2010. Tras 13 años de aplicación de la ley que permitió el aborto libre hasta la semana 14, aún no hay fallo de los jueces pero las Cortes están a punto de dar luz verde a una reforma que busca blindar y reforzar el derecho.

La norma sale del Senado con pocos cambios a pesar de que los grupos presentaron casi 200 enmiendas. Lo que sí han acordado es incluir una transaccional presentada por el PSOE en plena polémica por las medidas sobre el 'latido fetal' de Castilla y León, con la que se pretende vetar que las administraciones públicas puedan poner en marcha prácticas que “pretendan alterar, ya sea para afianzar, revocar o demorar, la formación de la voluntad” de las mujeres que han decidido abortar.

También se han incorporado a lo largo del texto referencias a que la información que deberán recibir las mujeres o las campañas de prevención de las violencias vinculadas los derechos sexuales y reproductivos se harán también en las lenguas oficiales de las comunidades autónomas o que la lengua se tendrá en cuenta a la hora de garantizar el enfoque antidiscriminatorio de la ley. A petición de ERC se ha añadido también que las mujeres que han visto vulnerados sus derechos deban ser informadas de la existencia de servicios de asistencia.

“No venimos a hablar de aborto sí o aborto no”

Por su parte, PP, Vox y Ciudadanos han cargado contra la recuperación del derecho de las jóvenes de 16 y 17 a años abortar sin consentimiento paterno, algo que ya estaba en la norma de 2010 pero que suprimió cinco años después el Gobierno de Mariano Rajoy o contra la eliminación de los tres días de reflexión, la obligación de entregar información a las mujeres sobre ayudas a la maternidad o la creación de un registro de objetores de conciencia.

Una ley “innecesaria, precipitada y sin consenso social ni político”, ha dicho sobre ella el senador del PP Antonio Román, que asegura que conlleva “una presunta vulneración de derechos fundamentales” y que supone una “estigmatización y señalamiento” de los profesionales sanitarios. Más allá ha ido Vox, que ha vuelto a desplegar una vez más su argumentario antiaborto en el pleno y ha acusar a los partidos que apoyan la norma de “promover bajo el paraguas de una supuesta promoción de derechos una cultura de la muerte en la que es mejor matar a un ser humano que ayudarle a seguir adelante”, en palabras de Yolanda Merelo.

“Aborto sí o aborto no no es lo que venimos a hablar hoy aquí y no vamos a consentir que se discuta más a las mujeres un derecho que está garantizado”, ha respondido la senadora socialista Donelia Roldán. Por su parte, Eva Granados, también del grupo socialista ha insistido señalando a PP y Vox en que la ley “no obliga a ninguna mujer a abortar” y la ha calificado de “necesaria” porque las mujeres “queremos ser libres, iguales y exigimos respeto”, además de “corregir un retroceso que nunca debió darse”, en referencia a la reforma popular del 2015. A lo mismo ha apuntado la parlamentaria de ERC Sara Bailac, para la que es “urgente” este punto de la norma y también ha lamentado que “la derecha y la ultraderecha consigan llevarnos a debates ya superados” sobre el aborto.

La autodeterminación de género sigue adelante

El debate sobre la Ley Trans ha estado especialmente reñido, particularmente con las intervenciones del senador popular Miguel de los Santos, que ha insistido en aupar al PP como una formación defensora de los derechos LGTBI pese a votar en contra de la norma. El popular ha llegado a decir que “esa persona” (refiriéndose a Javier Maroto sin mencionarlo) pudo casarse con un hombre en 2015 “porque en 2011 Mariano Rajoy no cambió ni una coma de la ley del matrimonio igualitario” sin mencionar que el partido votó en contra en 2005 e incluso la recurrió ante el Tribunal Constitucional. “Nunca he tenido un problema de LGTBIfobia en mi partido”, ha añadido.

“Votaron en contra del divorcio, del matrimonio igualitario y del aborto, pero luego lo usan. Nunca ha impulsado una ampliación de derechos de las mujeres ni de las personas LGTBI”, ha afirmado la senadora socialista Ana Agudíez, que ha considerado la Ley Trans “un gran avance para el desarrollo del proyecto vital de las personas LGTBI y sus familias” encaminada a “eliminar los obstáculos que les impiden a día de hoy vivir dignamente”. 

Una postura que también comparten ERC, Junts, EAJ-PNV o Compromís, cuyo senador Carles Mulet ha afirmado que con la norma España “hace historia, tarde, y aún queda mucho por recorrer, pero es un paso adelante. Eso a pesar de que tanto en el Congreso como en el Senado varios de estos grupos consideran la ley como ”descafeinada“ y han intentado sin éxito incorporar enmiendas que reconozcan a las personas no binarias o que extiendan la autodeterminación de género a todos los menores de edad. La norma tendrá que ir al Congreso porque el trámite en el Senado ha incorporando algunos cambios técnicos que no modifican el fondo de la misma.

La llamada oficialmente Ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI permitirá el cambio de sexo legal de las personas trans sin requisitos médicos. Lo hará en tres tramos: sin condiciones para los mayores de 16 años, con consentimiento de sus progenitores entre los 14 y 16 y con aval judicial para los que tienen entre 12 y 14. Además, prohíbe las terapias de conversión, pone fin a la obligación del matrimonio para que las parejas de mujeres filien a sus hijos y despliega medidas contra la LGTBIfobia en el ámbito de la salud, la educación y laboral.

Las desavenencias que en el seno del Gobierno han marcado el trámite de la ley hasta casi el final también han asomado en el pleno y algunos grupos han hecho referencia a la brecha que ha abierto en el PSOE la autodeterminación de género, con la abstención de Carmen Calvo en el Congreso, y a las posiciones de un sector feminista crítico con la norma que, ha asegurado la senadora de Ciudadanos Ruth Goñi, han advertido de que “va a desproteger a quienes pretende proteger” y va “contra las mujeres”. 

Un discurso que también ha hecho suyo Vox, que ha calificado la norma de “proyecto adoctrinador” que traerá “daños irreparables” y “tiene visos de ser inconstitucional”, ha afirmado Yolanda Merelo avanzando la intención de la formación de extrema derecha de recurrir la legislación ante el Tribunal Constitucional. Todo el bloque de la derecha, además, ha acusado al Gobierno de “robarnos la posibilidad de escuchar a los especialistas” contrarios al texto debido a que se está tramitando por trámite de urgencia.