Una sentencia obliga al Ministerio de Sanidad a revelar cuánto dinero reparte en publicidad a cada medio
Segunda victoria judicial de eldiario.es y el Consejo de Transparencia para revelar cómo reparte el Gobierno el dinero público de la publicidad institucional entre la prensa, diarios digitales, radio y televisiones españolas. El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo de Madrid, en la Audiencia Nacional, ha obligado al Ministerio de Sanidad a publicar cuánto dinero ha adjudicado a cada medio de comunicación en campañas de publicidad institucional, una información que el Gobierno ha ocultado hasta el momento y que no ha entregado a eldiario.es a pesar de las peticiones a través del Portal de Transparencia. El pasado mes de noviembre, el Ministerio de Defensa recibió otro revés judicial y la Audiencia Nacional le obligó a publicar los datos. En ambos casos cabe recurso, de modo que esos datos aún no han sido revelados.
En 2017, Sanidad se gastó 14 millones de euros en campañas contra la violencia de género, sobre el consumo de alcohol en menores o para la prevención de embarazos no deseados. Aunque se conoce el presupuesto global de cada campaña, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no revela entre qué medios ha repartido ese dinero.
La magistrada María Yolanda de la Fuente Guerrero ha rechazado los tres principales argumentos utilizados por Sanidad para no revelar los importes contratados con cada medio.
1) El ministerio aseguraba que el acceso a esa información “supondría un perjuicio” a los intereses de las agencias porque revelería las tarifas de los medios y cómo negocian las agencias de publicidad.
La sentencia defiende que “no está justificado” la aplicación de este límite dado que no se estaban solicitando datos sobre “precios y descuentos” de los que se habrían beneficiado las agencias de publicidad. “Se trataba sencillamente de conocer lo que se había pagado, a quién y el concepto correspondiente”, resuelve.
2) Sanidad también criticaba que el Consejo de Transparencia no haya escuchado a las empresas afectadas (agencias y medios) antes de emitir su resolución en la que le instaba a publicar. Esta sentencia, al igual que la que desestimó el recurso presentado por Defensa, justifica que “no puede fundarse” que se rechace la publicación de una información en la protección de derechos de terceros cuando la identidad de estos es desconocida.
3) Por último, el Ministerio afirmaba que la “información no obra en poder de la Administración” y que “para suministrarla” hay que hacer un ejercicio de reelaboración. La sentencia desmonta la versión del Ministerio asegurando que “no cabe hablar de reelaboración” cuando “la información solicitada” está en poder del Ministerio de Sanidad ya que las agencias de publicidad encargadas deben proporcionar un informe con esos datos anualmente.
Más de un año luchando por la transparencia
El proceso para llegar hasta esta sentencia arrancó en octubre de 2016, cuando eldiario.es inició una batería de solicitudes de información a través del Portal de Transparencia a los 13 ministerios del Gobierno sobre las inversiones en medios desde 2012 a 2015. Un año después, la única respuesta ha sido la de Hacienda, que solo ha respondido sobre las campañas de la Agencia Tributaria, un organismo dentro del Ministerio.
Ante la negativa del resto de departamentos del Gobierno a proporcionar la información, eldiario.es reclamó ante el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el organismo encargado de velar por el cumplimiento de la ley de transparencia. El Consejo resolvió a favor de este medio, argumentando que el interés público por conocer el reparto de publicidad estaba por encima de cualquier otro.
Ante esas resoluciones, ocho de los trece ministerios decidieron pleitear por lo contencioso administrativo para seguir ocultando la información, tal y como publicó eldiario.es. Dos recursos gubernamentales han sido desestimados (Sanidad y Defensa) y cuatro se estimaron de forma parcial (Asuntos Exteriores, Industria, Educación y Presidencia) por cuestiones formales. En estos casos, los magistrados simplemente resuelven que hay que repetir el procedimiento para dar audiencia a las agencias de medios. Hasta la fecha, la justicia no ha resuelto sobre las demandas interpuestas por los ministerios de Fomento e Interior.
En 2017, el Gobierno gastó 70 millones de euros en poner anuncios. Por ejemplo, con las campañas para prevenir los accidentes de tráfico, en las campañas de la Renta o contra la violencia de género. Según la Ley de Publicidad Institucional, la distribución de esos millones debe hacerse con criterios objetivos y no partidistas.
Hasta el momento, se desconoce si este principio se cumple ya que nunca se ha hecho público el reparto concreto medio a medio. Por primera vez, una campaña a favor de la transparencia de eldiario.es podría revelar el destino de esos 70 millones de euros.
