La petrolera Shell ha sido la primera compañía condenada por causar el cambio climático. El histórico veredicto de un tribunal de La Haya (Países Bajos) hecho público este miércoles obliga a la multinacional a recortar sus emisiones de CO2 un 45% respecto al volumen global de 2019. Shell es uno de los grandes contaminadores, pero hay más. Y el fallo holandés abre la puerta a una “oleada” de litigios climáticos contra estas corporaciones: “Deben actuar ya o afrontar los tribunales”, ha resumido Sara Shaw la responsable internacional de Amigos de la Tierra la organización que demandó a Shell en 2019.
Shaw explica que, aunque es un poco pronto para saber en qué países podría emularse un proceso como este, “se ha traducido al inglés todo el expediente para que, precisamente, pueda servir de palanca, de herramienta táctica para forzar a estas empresa hacia la transición energética”. En este sentido añade: “Seguro que muchos abogados están ya estudiando este litigio para ver cómo puede utilizarse en sus países”.
El fallo holandés responsabiliza a Shell por amenazar los derechos humanos con su actividad al ser causante del cambio climático. El compañero de Shaw en Holanda, Donald Pols añade que “tras esta decisión, los grandes contaminadores saben que los litigios climáticos son un riesgo real para ellos”.
En ese grupo de grandes emisores históricos están, además de Shell, Exxon, BP o Chevron. Más de la mitad de todas las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por los humanos y registradas desde 1988 –año en el que se estableció el Panel Internacional de Expertos en Cambio Climático– pueden rastrearse hasta solo 25 corporaciones privadas o estatales, según calculó el Instituto de Contabilidad Climática (ICC) en 2017. De hecho, un grupo de 100 compañías acumulan el 70% de todo ese CO2 enviado a la atmósfera que fuerza el efecto invernadero: recalentamiento del planeta y, como consecuencia, el cambio climático.
La demanda se presentó en Holanda porque es en La Haya donde Shell tiene su cuartel general. Amigos de la Tierra incidía en que la petrolera sabía que sus operaciones causaban la crisis climática y siguieron adelante. Las otras multinacionales mencionadas en el recuento de emisiones “lo han sabido durante años”, remata Shaw.
En este sentido otra de las corporaciones señaldas en el informe del ICC, Exxon, fue convocada por el Parlamento Europeo en marzo de 2019 en una comsión que investigaba sobre el negacionismo del cambio climático. La corporación se negó a acudir. Tras ausentarse, Exxon trató de desacreditar a los científicos que demostraron sus tácticas de desinformación. El investigador Geoffrey Supran acreditó “una discrepancia sistemática entre lo que Exxon ha dicho sobre del cambio climático en círculos privados y académicos, y lo que decía públicamente”. El ahora coportavoz de Equo-Verdes y entonces europarlamentario, Florent Marcellesi, se ha felicitado por el veredicto en La Haya que considera una “victoria de la sociedad civil” al llegar por el empeño de una organización no gubernamental.
Marcellesi considera que el veredicto es “perfectamente trasladable a España donde se ha ratificado también el Acuerdo de París como en Holanda y donde acaba de aprobarse la ley de cambio climático. La justicia enseña el camino a las empresas, pero también a los gobiernos”.
El abogado que ha ganado el caso contra Shell, Roger Cox, explica el alcance global de una sentencia como la que ha conseguido: “Tiene un efecto jurídico gigantesco porque afecta a todos los países donde actúa Shell [también en España]. Le corresponde a la dirección de la empresa decidir cómo, pero la reducción de emisiones a la que está ahora obligada es global, no se limita a Holanda o a la Unión Europea sino a su volumen de CO2 en todo el mundo”. De ahí que el caso marque un precedente muy relevante en la acción climática en los tribunales. Cox dice estar “muy confiado” ante un probable recurso de apelación de la compañía anglo-holandesa. “Hemos cubierto todos los aspectos legales del caso”, afirma.
“Esperamos y deseamos que esta sentencia abra el camino a muchos más procesos similares. Tanto las corporaciones de los combustibles fósiles como los gobiernos ya no pueden eludir más su responsabilidad frente al cambio climático”, comenta el coordinador de Cambio Climático y Energía de Greenpeace en España, José Luis García. Y luego avanza que estudiarán “las posibilidades de exigir asimismo responsabilidades legales –en España– a las empresas que más emisiones producen”.
En España, de momento, el primer y único litigio climático planteado es contra el Gobierno. Un grupo de organizaciones: Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón interpusieron una demanda en el Tribunal Supremo en septiembre de 2020 al considerar que los planes preparados por España para recortar emisiones de CO2 incumplen el Acuerdo de París.