Las denuncias, querellas y atestados policiales que llegan a los juzgados por delitos de ocupación ilegal han aumentado un 92% en solo un año. Según los últimos datos disponibles, correspondientes a la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2015, el número de incoaciones de procedimientos penales por este delito pasa de 12.569 a 24.164 entre 2013 y 2014. El incremento es del 92% y rompe una tendencia de crecimiento sostenido en torno al 20% anual en los ejercicios anteriores, según la Fiscalía.
De las cifras pueden extraerse muchas preguntas: ¿Hay más ocupación ahora? ¿Hablamos de ocupación de grupos organizados o de ocupación en precario de particulares sin casa? ¿Se denuncia más que antes? La memoria de la Fiscalía advierte expresamente de que “muchas conductas se dirigen contra los numerosos pisos que permanecen sin ocupar y que se han ido acumulando por algunas entidades financieras [...] sin detectarse que respondan a actuaciones grupales y organizadas”. Se trata, dice el Ministerio Público, generalmente de “familias que desalojan la vivienda por propia iniciativa tan pronto como se realiza el requerimiento judicial”.
Así también lo demuestran los datos, que evidencian que solo el 14% de estos delitos llegan a ser calificados por el fiscal. O, lo que es lo mismo, se abre juicio oral. Los demás se quedan por el camino, “habitualmente porque las personas que ocupan abandonan la vivienda tras conocer que han sido denunciados”, interpreta José María Páez, juez decano de Málaga y exmagistrado en un juzgado de instrucción.
Matiza que el mayor aumento de estos casos se localiza en grandes áreas metropolitanas, como Madrid y Barcelona. “En Málaga este incremento de denuncias no se ha notado tanto, aunque sí hay más y eso tiene que ver directamente con que más personas ocupan”, explica Páez.
La misma relación causa-efecto –a más ocupación, más denuncias– establece Manuel San Pastor, abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). San Pastor asegura que se están encontrando “más multas”. Las sanciones son variables, pero se mueven según el abogado en una media de entre 200 y 300 euros.
Los expertos coinciden en señalar que una parte importante del volumen de usurpaciones que recogen los datos de la Fiscalía General del Estado corresponden a familias que “ocupan en precario”, normalmente porque han sido desahuciadas previamente de su casa hipotecada o de una vivienda en alquiler.
¿Y qué margen de maniobra tienen los jueces y juezas para frenar estos desalojos? “Poco. No hay mucho que alegar porque alguien tiene que hacerse cargo de la propiedad y pagar lo que corresponda. Puede arreglarse con un acuerdo, pero eso es difícil que ocurra si el propietario ha decidido denunciar”, asegura el juez decano de Málaga, que desvincula el grueso de la ocupación sin autorización a la “delincuencia organizada y las mafias”.
Un fiscal consultado por este medio fía que las denuncias prosperen en parte “al criterio y sensibilidad del juez y al estado del inmueble”. “Hay algunos que no distinguen si la casa está en condiciones o medio en ruinas”, cuenta. Los fiscales son los encargados de redactar el escrito de calificación del delito, paso previo para la apertura de juicio oral. Estas calificaciones, en la misma línea que las denuncias, han crecido un 131% entre 2013 y 2014, según datos de la Fiscalía.
El desalojo ya no es medida cautelar
La reforma del Código Penal de 2015 cambia la tipificación del delito de usurpación, que pasa de ser una falta a constituir un “delito leve”. Así clasificado, los procedimientos penales abiertos por esta causa dejan de tener fase de instrucción y, por tanto, los denunciantes no pueden solicitar medidas cautelares –como el desalojo– hasta que se dicte sentencia.
Ahora, se celebran juicios más rápidos y solo se puede producir el desalojo cuando hay condena. No obstante, los datos de la última Memoria de la Fiscalía (de 2014) son anteriores a esta reforma.