Solo Turquía segrega más a su alumnado pobre que la Comunidad de Madrid en toda la OCDE

Si Madrid fuera un país, solo Turquía segregaría más a su alumnado en función de su origen socioeconómico. Dicho de otra manera: la región que preside Isabel Díaz Ayuso separa (o agrupa) a su alumnado según su clase social más que ninguna otra en toda España y está entre las que más lo hacen de todo el mundo desarrollado, según el estudio elaborado por Save the Children y Esade. El informe, titulado Diversidad y libertad, reducir la segregación escolar respetando la capacidad de elección de centro, deja una pista de las posibles razones tras este dato: “Las políticas educativas juegan un papel esencial en la segregación escolar”.

Esta afirmación cobra todo el sentido cuando se piensa en Madrid y se cotejan sus políticas con los elementos que, según este informe, influyen en aumentar la segregación: financiación de los centros, las cuotas de la escuela concertada, los baremos para elegir colegio o instituto, la matrícula viva o la zonificación escolar son algunos de los elementos que se señalan como decisorios. Y de ahí las grandes diferencias entre comunidades autónomas que señala el informe, elaborado a partir de datos de los exámenes internacionales PISA y TIMSS.

A España como conjunto no le va mucho mejor, en parte por los datos madrileños, que tiran de la media hacia arriba. El país es el tercero de la OCDE que más segrega, superado solo por Lituania y Turquía, añade el texto. En el otro extremo de Madrid destacan, por su menor segregación, La Rioja y Cantabria, con cifras que se quedan en la mitad de las madrileñas. También sobresale el trabajo de regiones como estas dos mencionadas o Catalunya y Asturias, que han conseguido reducir su segregación desde 2015. En Madrid, la tierra de la libertad de elección, ha subido tanto en Primaria como en Secundaria. Los pobres están cada vez más con otros pobres y los ricos, cada vez más con otros ricos.

Esta segregación no es anecdótica, dicen los autores del informe, sino que “se ha convertido en un problema cada vez mayor para la calidad, equidad y libertad de educación en España”. Tampoco ha caído del cielo o simplemente se da de manera más o menos natural, por ejemplo por el mero hecho de que la distribución geográfica de la población ya la agrupa por nivel socioeconómico (barrios pudientes, barrios humildes).

El texto, elaborado por Álvaro Ferrer, especialista en equidad educativa de Save the Children, y Lucas Gortazar, director de Investigación de Esade EcPol, no se limita a describir la situación. También defienden los autores que la capacidad de elegir centro debe estar incluida en el concepto “libertad educativa”, si bien añaden que para ello esa posibilidad de elección debe ser real y no sostenerse solo sobre el papel como ahora, y proponen ocho medidas para que sea posible. Algunas de ellas son: aumentar la discriminación positiva a grupos socioeconómicos en la admisión; abordar la matriculación del alumnado que se incorpora durante el curso; dotar a los centros [concertados] de financiación suficiente y control para evitar el pago de cuotas; y mejorar la oferta escolar de centros públicos, entre otras.

Este informe confirma los datos de otro, de febrero de 2018, que ya señalaba a Madrid entre las regiones más segregadoras de Europa.

La foto fija

El informe analiza la segregación en la escuela a partir de dos variables, la etapa escolar y el origen del alumnado. Y concluye que es mayor en Primaria que en Secundaria y que se da más por clase social que por origen geográfico. Casi huelga decir que Madrid lidera la segregación socioeconómica tanto en Primaria como en Secundaria, aunque queda a mitad de tabla en la que mide las diferencias por lugar de nacimiento del alumno (inmigrantes versus nacidos en el país).

En Primaria y en función del nivel socioeconómico, Madrid segrega al nivel de Lituania y por encima de España como conjunto, pero también de Francia, Chile o Portugal. Por encima solo está Turquía en todo el mundo desarrollado. El índice de Gorard en este caso, que mide la “uniformidad” del sistema, arroja un resultado de casi 0.35 para la región dirigida por Díaz Ayuso. Dicho de otra manera, el 35% de los alumnos que pertenecen al 25% más pobre de la sociedad (se ha elegido esta medida como podía haber sido cualquier otra) tendrían que cambiar de centro para que la representatividad de este colectivo concreto fuera la misma en los colegios que en la sociedad. El dato ha subido (empeorado) desde 2015, cuando estaba en 0,30.

España como país presenta un dato algo mejor, con una segregación de 0,32. Sin embargo, no le sirve mucho para bajar en esta clasificación. Nuestro país es el tercero que más segrega en Primaria, a un nivel similar al de los vecinos franceses, pero más alto que Portugal, por ejemplo, o Italia. Con los países nórdicos, en los puestos de honor de la tabla, es difícil compararse (ver gráfico).

En Secundaria, la estadística deja a España prácticamente en la media de la OCDE, rozando un índice de Gorard del 0,30. También a Madrid. En este caso, destacan los autores del informe, llama más la atención la amplia diferencia entre regiones, con Madrid y el País Vasco a la cabeza (correlación o causalidad, son las dos regiones que más escuela concertada tienen) y La Rioja y Cantabria a la cola. En esta etapa sobresale, al contrario que en Primaria, que la media nacional ha bajado en los últimos años (menos segregación), impulsada por la caída de Catalunya, Asturias, Canarias, Cantabria y La Rioja (ver gráfico). Como sucede en Primaria, la segregación no aumenta en función de la nacionalidad de origen del alumnado (a nivel nacional, sí ocurre en autonomías como Andalucía o Euskadi). No es, parecen apuntar esto datos, la nacionalidad; es el dinero.

“Más allá de la estructura residencial”

¿Por qué se da esta segregación? ¿Cuánta culpa tiene la existencia de la red concertada, como a menudo se señala? ¿Y la mera división de los municipios en barrios más o menos acomodados? “Distintos estudios muestran que más allá de la estructura residencial de ciudades y regiones y de la doble red pública-concertada, las políticas educativas juegan un papel esencial en la segregación escolar”, responde el informe.

Ferrer explica que lo primero es que el debate público está pervertido. “Creemos que en el debate que se está teniendo sobre la libertad hay que compatibilizar dos ideas: se habla de la libertad de elección de centro, un derecho reconocido, pero también debe hablarse de la libertad que da a niños y niñas tener las mismas posibilidades de elegir qué van a hacer con su vida”, argumenta. Libertad de elección de centro, sí, dicen Ferrer y Gortazar. Libertad de elegir uno mismo y que la vida no elija por uno porque no ha tenido las mismas oportunidades debido a que el sistema educativo, teórico garante de ello, no ejerce, también.

Y el problema, continúa este experto, es que muchas familias realmente no eligen. “Las familias con menor nivel socioeconómico o de origen extranjero tienen menos acceso a información, porque tienen menos red social”, arranca Ferrer. “Las familias autóctonas o de nivel socioeconómico más alto recurren a amigos o conocidos, también tienen menos preocupaciones en su vida como para poder dedicarle más tiempo a conocer sus centros, etc.”, continúa. Además, “las familias de nivel socioeconómico más bajo priorizan la cercanía porque la lejanía tiene un coste en transporte y en conciliación. También las cuotas que se cobran en la mayoría de los centros concertados [y algunos públicos], que impiden que sean accesibles para todas las familias”.

La discriminación positiva suma

Llegados a este punto, los autores del informe proponen soluciones que, en su opinión, servirían para simultáneamente “reducir la segregación escolar y respetar (e, incluso, para las más vulnerables, ampliar) la capacidad de elección de las familias”. Según explica Ferrer, todas estas medidas se han probado ya en algún sitio (de España o fuera) con éxito. En cualquier caso, añade, se ofrece una batería de medidas y se anima a las administraciones a “experimentar”.

La primera propuesta y quizá la más llamativa es “aumentar la discriminación positiva a grupos socioeconómicos en los baremos de admisión”. España, y esto es una cuestión algo particular, no apuesta estrictamente por la zonificación escolar, explica el informe. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, hay un distrito único en toda la región. Pero, como se ha explicado anteriormente, no todas las familias tienen la misma capacidad de elección real. “En la medida en que las familias con menor nivel socioeconómico se benefician menos de la elección, tiene sentido discriminarlos positivamente en la admisión y no premiar a familias de renta alta, como se hace en algunas comunidades”, escriben los investigadores.

Ferrer explica el caso de la Comunidad de Madrid. El Decreto de Libertad de Elección de 2013 introdujo un cambio en los baremos de admisión al reducir el peso de la renta como criterio e introducir el punto extra por ser familiar de antiguo alumno, junto a otro punto a discreción de la dirección del centro. “Ese fue el factor que contribuyó al aumento de la segregación por nivel socioeconómico y origen migrante y no la introducción del distrito único”, aseguran los autores. Para remediarlo proponen aumentar el peso de los criterios socioeconómicos y eliminar el punto extra por antiguos alumnos o los discrecionales, que algunos centros han utilizado para favorecer a las rentas más altas.

La 'matrícula viva'

Otra propuesta de Save the Children y Esade pasa por modificar la llamada 'matrícula viva', la matriculación de alumnado –normalmente extranjero– que se produce con el curso ya en marcha y que tiende a desfavorecer a los colegios con mayor concentración de alumnado vulnerable, como demuestran los datos de Catalunya. La solución es sencilla en este caso: “Un uso inteligente de reservas de plaza y aumentos y reducciones de ratio permite gestionar equilibradamente la matrícula viva”.

Una tercera propuesta atañe a la financiación de los centros, explica Ferrer. “Tanto en términos de abordar la correcta financiación de la escuela concertada como una financiación más aplicada a la situación del alumnado”, sostiene. Respecto a lo primero, opinan los autores, una ajustada financiación de la escuela concertada supondría que se dejarían de cobrar las cuotas, excluyentes, y en cualquier caso se vigilaría que así fuera. Las cuotas también suelen resultar en que la infrafinanciación se convierte en sobrefinanciación, permitiendo a estos centros un aumento de recursos que se destina “a mejoras de la calidad o la diferenciación de la misma oferta escolar en un contexto de casi-mercado educativo”.

Respecto a la financiación, el informe sostiene que una escuela pública con una financiación por centro más dirigida y menos generalista es capaz de reducir la segregación. “En el Reino Unido se da más recursos a los centros con más alumnado vulnerable en la escuela pública. Se ha reducido la segregación gracias a esta financiación más equitativa”, ilustra Ferrer.

Además de estas, los autores proponen implementar en los centros sistemas de dobles listas de espera que discriminen por nivel socioeconómico y adjudiquen plazas en función de las vacantes; organizar (mejorar) la oferta escolar del sistema público para que sea más atractivo (comedores, aula matinal, jornada compacta); sustituir el actual mecanismo de asignación de plazas; e impulsar la red de oficinas de escolarización, información y acompañamiento para que todas las familias tengan las mismas condiciones a la hora de elegir su centro.

¿Hay alguna de estas medidas más importantes, con mejores resultados que las otras? “El problema de la segregación es muy complejo”, responde Ferrer. “Por eso ofrecemos varias soluciones y animamos a las administraciones a experimentar, a probar y ver cuáles funcionan mejor. Pero todas han sido implementadas en algún sitio, de España o el extranjero, y está demostrado que funcionan”, cierra.