Siembra fresas y recoge votos: el agua inunda las urnas del 28M
“Unos cosechan fresas, otros votos”. La frase es del investigador en desertificación Jaime Martínez Valderrama a cuenta del plan de amnistía de regadíos ilegales de la Junta de Andalucía en torno a Doñana. La proposición de ley reapareció en abril de 2023, cuando quedaba un mes para las elecciones municipales. El agua llevaba ya semanas sirviendo de palanca electoral para los comicios locales y autonómicos del 28M.
El agua, como recurso escaso, es siempre un actor político en España. Si se está atravesando un ciclo de sequía como el actual, más. Y allí donde usarla multiplica su valor económico porque no abunda, más todavía. En España, esto se materializa el 28M en Andalucía, la Región de Murcia o sur de la Comunitat Valenciana.
“El agua va a ser uno de los elementos más polarizadores de la política en España”, analiza el politólogo Pablo Simón. “Es una bomba de relojería política con la mecha cada vez más corta por el cambio climático”. La alteración del clima ya está rebajando los recursos hídricos del país y los escenarios futuros refuerzan esa tendencia. Mientras, las demandas no han parado de subir. “Tiene dos efectos, uno intraterritorial, dentro de las comunidades autónomas, y otro interterritorial, entre ellas”, abunda el analista.
Sobre la primera dimensión, Simón explica que en la comunidades, “el agua está muy vinculada al sector primario que, aunque haya perdido peso económico, tiene una gran capacidad de movilización, una gran fuerza como lobby municipal y regional y genera simpatías”. Además, “tiene mucho acceso a quienes gestionan políticas directas”.
El agua es una bomba de relojería política con la mecha cada vez más corta por el cambio climático
Ese plano se ha plasmado en la intención de sacar réditos políticos y electorales del plan para regularizar fincas de riego ilegales en la corona norte de Doñana, en Huelva. Ese objetivo quedó confirmado cuando, tras el tirón de orejas de la Comisión Europea al Gobierno del PP de Juan Manuel Moreno Bonilla y certificarse que su plan se desbordaba de críticas martilleando diariamente en los medios de comunicación, los populares decidieron congelar la idea, al menos hasta después de la cita electoral.
El PP ya había saboreado allí un aperitivo del agua como atractivo electoral. El botín de papeletas en Huelva es el siguiente: las últimas elecciones locales fueron ganadas por el PSOE con un 43% de votos. El PP obtuvo el 24%. En la zona de El Condado onubense, el PSOE domina muchos municipios: Rociana del Condado, Chucena, Hinojos o Bonares tienen alcaldes socialistas.
Pero las elecciones autonómicas de 2022 –en las que Moreno Bonilla ya había sacado a pasear un plan de amnistía parecido– hizo que el PP diera la vuelta a la situación: acumuló el 42% de los votos contra el 27% del PSOE. Ganó, además, en varios de esos pueblos. Esas cifras le darían al PP la Diputación Provincial de Huelva. ¿Poca cosa? El partido solo ha dominado estos cuatro años dos de las ocho diputaciones andaluzas. El resto son del PSOE.
A eso se añade que la ultraderecha de Vox, que había hecho de la idea de legalizar todas esas fincas su bandera, perdió casi el 50% de votos entre las elecciones generales de 2019 y las autonómicas de 2022. “El agua es un elemento de confrontación entre el PP y Vox, que van a tener muchos incentivos para generar ruido sobre toda la reconversión del sector primario”, considera Simón.
El agua le había salido rentable al PP de Moreno Bonilla en Huelva en 2022. ¿Por qué no en 2023? El politólogo contrapone que “es arriesgado decir que el movimiento en Doñana iba a garantizar la Diputación de Huelva al PP”.
La deseada vuelta al “Agua para todos”
“Es casi un castigo para el socialismo murciano”. Así analizaba para elDiario.es el investigador de la Universidad de Murcia, José Miguel Rojo, los planes hidrológicos del Ministerio de Transición Ecológica. Esos planes inciden en el trasvase Tajo-Segura que ha utilizado durante décadas el sector del regadío en la Región de Murcia.
Le parecía que el momento, en enero cuando faltaban algo más de cuatro meses para las elecciones del 28M, era malo desde el punto de vista electoral. Lo que ocurría también es que era obligatorio culminar los planes hidrológicos en ese plazo. De hecho, la Comisión Europea abrió en febrero pasado un expediente contra España por no haber presentado en tiempo y forma los planes que regulan, por ejemplo, las cuencas que administra en exclusiva la Junta de Andalucía.
El hecho de que la planificación española respete las sentencias del Tribunal Supremo y garantice un caudal ecológico en el río Tajo –lo que implica que se bombee menos volumen desde esa cuenca al Segura– ha permitido al Partido Popular en Murcia desempolvar la campaña electoral más exitosa de la que ha dispuesto: “Agua para todos”.
El eslogan fue creación, básicamente, del popular José Antonio Ruiz Vivo y le granjeó en 2001 el premio de la Asociación Internacional de Relaciones Públicas y Publicidad. La campaña se desplegó al derogarse el Plan Hidrológico Nacional que preveía construir infraestructuras para realizar un trasvase de agua desde el Ebro hasta el Levante. Se pretendía bombear desde una cuenca que, en el contexto de cambio climático, tiene ahora, en 2023, la mitad de la demarcación en emergencia por escasez de agua.
Una vez se agotó ese eslogan, el PP se aflojó. Perdió la mayoría absoluta en 2015 y fue superado por el PSOE en 2019. Al final, Fernando López Miras (PP) contó con los apoyos de Ciudadanos y Vox para conservar la presidencia. Ahora, el presidente del PP murciano repite frases como “el agua lo es todo en la Región” y “si gana la izquierda no habrá agua para todos en España”.
La idea de aplicar el agua como ariete político es tan atractiva que el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha aprovechado una visita a la Región de Murcia para decir que expulsará de su partido a quien no apoye los trasvases. Acto seguido, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page (PSOE), ha preguntado a los candidatos de ultraderecha en su comunidad si están de acuerdo. Castilla-La Mancha ha peleado por que el Tajo lleve más agua antes de enviar líquido a las fincas del levante.
Que los problemas los resuelvan otros
La baza que juega García Page ilustra la segunda dimensión del agua como foco de polarización que apuntaba Pablo Simón. La gestión hídrica va a generar efectos no solo dentro de los territorios sino entre comunidades autónomas. “Hay muchos incentivos para que los gobiernos de una autonomía trasladen los problemas de la gestión del agua a otra región”.
En este sentido, el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig (PSOE), eligió una reunión con los regantes de la Vega Baja alicantina para confirmar que su Gobierno recurriría ante el Supremo el plan que afecta al trasvase Tajo-Segura. Un plan diseñado por Transición Ecológica que dirige su compañera de partido, Teresa Ribera. Fue una de las comunidades que solicitó la suspensión cautelar junto a Murcia y Andalucía, gobernadas por el PP.
Este jueves, cuando quedaban tres días para abrirse las urnas, el Ejecutivo valenciano presentó un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo porque los magistrados habían rechazado su petición de suspensión provisional.
“Este efecto rompe las diferencias entre izquierda y derecha y puedes tener al gobierno valenciano del pacto del Botànic protestando contra la vicepresidenta Teresa Ribera porque sus electorados son diferentes”.
Sin ir más lejos, la provincia de Alicante –donde se concentra el regadío de la Comunitat– reparte más de un tercio de los diputados de Les Corts valencianas que habrán de investir a un nuevo presidente tras el 28M.
La vicepresidenta y ministra contra cuyo plan se han presentado estos recursos judiciales es la titular de Transición Ecológica. Teresa Ribera ha centrado las críticas políticas desde el levante por el trasvase y más tarde también la polémica por la pretensión de regularizar fincas ilegales en Doñana. Y ha atacado precisamente los mensajes de campaña: “No me gusta lo de 'llevaré agua adonde no hay' porque para empezar no es verdad. Y confirma el negacionismo del cambio climático”.
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