Hace justo un año, los restos de Francisco Franco salían del Valle de los Caídos, tras una tensa pugna que implicó al prior de Cuelgamuros, el Arzobispado de Madrid, la Conferencia Episcopal (CEE) y al mismísimo Vaticano. La cita en el Palacio Apostólico vaticano entre el Papa Francisco y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue fijada para la misma hora a la que, hace doce meses, comenzaron los trabajos para la exhumación del dictador.
Esa casualidad –o ese guiño– a nuestra más reciente historia marca el primer encuentro entre ambos líderes, una reunión preparada con mimo desde Moncloa, y gestionada a través de la Nunciatura y con el apoyo de la nueva cúpula episcopal española, capitaneada por los cardenales Omella y Osoro, con quienes el Ejecutivo socialista busca puntos de diálogo y consenso en muchos temas que, a día de hoy, siguen generando conflictos en el ámbito educativo, social, médico y de libertades públicas.
En este contexto, la reunión Sánchez-Bergoglio marcará el futuro de las relaciones Iglesia-Estado. La predisposición por ambas partes es la mejor. Desde Moncloa resaltan que muchos de los ejes del pontificado de Francisco, desde la ecología integral a la lucha contra el hambre, son compartidos por el Ejecutivo de Sánchez, que en las últimas jornadas lo ha explicitado con numerosas citas a la última encíclica papal, Fratelli Tutti. Tanto es así que Bergoglio fue protagonista involuntario de la fallida moción de censura de Abascal contra Pedro Sánchez, quien calificó a Francisco de “figura incuestionable, inspiradora”.
A diferencia del silencio de la derecha española, tanto el presidente como los vicepresidentes Iglesias o Calvo (encargada de las relaciones con las confesiones), o ministros como Illa o Alberto Garzón, han agradecido al Papa un texto que denuncia los ‘pecados’ del neoliberalismo, clama por la igualdad de derechos y evoca la necesidad de una sana memoria de los pueblos.
La encíclica y el futuro del Valle
Precisamente, la del Valle de los Caídos es una de las principales cuestiones sobre la mesa en el encuentro de Sánchez con el Papa y con el secretario de Estado, Pietro Parolin, en el Vaticano. Según ha podido saber elDiario.es, el presidente del Gobierno tiene intención de pedir ayuda al Papa para desarrollar la ley de Memoria Democrática. En el aire está la posible salida del prior Santiago Cantera del Valle de los Caídos, y la postura del Vaticano ante la marcha de los benedictinos de Cuelgamuros. En este sentido, Sánchez defiende que el Gobierno no desacralizará la basílica, ni mucho menos derribará la cruz, como advierten los grupos ultras, mientras que todo indica que Bergoglio encomendará al cardenal Osoro la búsqueda de soluciones en un tema delicado, pero que compete a las autoridades eclesiásticas españolas.
Negociaciones en España con el visto bueno de Roma
Desde hace semanas, la maquinaria de Moncloa ha trabajado con ahínco para elaborar una serie de temas que integrarán el corpus de las relaciones Iglesia-Estado en los próximos meses. Aunque la relación directa se está llevando con la CEE –esta misma semana ha habido una nueva reunión, a la que han asistido Luis Argüello y los dos vicesecretarios de la Conferencia, para comenzar a elaborar un calendario de negociación sobre temas fiscales–, lo cierto es que la última palabra, siempre, estará en las relaciones entre ambos Estados. Como se ha asegurado repetidamente, este Gobierno no denunciará los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979.
La invitación
Sánchez busca agradecer a la Iglesia su trabajo durante la pandemia del coronavirus, especialmente a través de Cáritas, las hermandades y cofradías y las ONG de inspiración cristiana, y la colaboración (salvo excepciones) de los obispos durante el Estado de Alarma de la primera ola. Como muestra de ese agradecimiento está prevista la invitación oficial para que Francisco visite nuestro país cuando las circunstancias lo permitan. Así, España podría ser el primer país al que viaje el papa tras la obligada suspensión de su agenda a causa de la pandemia.
El IBI y las inmatriculaciones vs aborto y eutanasia
En lo tocante a los temas económicos, las negociaciones están bastante encauzadas. Este mismo martes tuvo lugar un nuevo encuentro, en el que se marcaron calendarios y se fijaron prioridades por ambas partes. Según han podido saber elDiario.es, el Ejecutivo no hará ‘sangre’ con la cuestión de las inmatriculaciones (cuyo informe definitivo sigue sin publicarse), y negociará con los obispos más claridad en el pago del IBI y las exenciones (solo a aspectos relacionados con el culto) de la Iglesia. En todo caso, cualquier modificación en la legislación se hará con acuerdo con el episcopado español. El Gobierno viene abonando una relación más estrecha con la nueva cúpula de la Conferencia Episcopal a través de la vicepresidencia primera, por lo que estos temas espinosos llevan ya tiempo negociándose y sin visos de resolverse a corto plazo.
La laicidad del Estado
El Gobierno se ha comprometido a “proteger a todas las religiones”, respetando la laicidad del Estado, como se vio en los recientes homenajes a las víctimas del coronavirus. De hecho, uno de los objetivos del departamento dirigido por Carmen Calvo es la progresiva equiparación de los derechos de las confesiones religiosas, para lo que se prevé una nueva Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia que sustituya a la aprobada en 1980. En ningún caso el Gobierno tocará la presencia de capellanes en hospitales o el Ejército.
La reforma educativa y la asignatura de Religión
El Gobierno parece haber aflojado la presión sobre la enseñanza concertada, aunque se resiste a mantener el estatus privilegiado de la clase de Religión, que va perdiendo alumnado año tras año aunque aún la cursa el 62% de los estudiantes. La propuesta de los obispos de un área de Valores que englobe las enseñanzas religiosas –de todas las confesiones– podría llevar a algún tipo de acuerdo en esta materia. De momento, el Ministerio de Educación no se pronuncia sobre la proposición, que llega justo cuando se debate en el Congreso la LOMLOE, la ley de Educación que sustituirá a la LOMCE de José Ignacio Wert.
El departamento que dirige Isabel Celaá relega la importancia de la asignatura en su texto (todavía susceptible de ser enmendado) por la vía de que la nota no cuente para la media de los estudiantes y al no ofrecer una asignatura alternativa, lo cual de facto probablemente la situará al final de la jornada escolar porque los alumnos no pueden estar sin clase en horario lectivo. Se mantienen en cualquier caso los acuerdos con la Santa Sede de 1979 como referentes para diseñar la asignatura (no puede ser de otra manera, iría contra la ley), lo cual garantiza a la Iglesia el control sobre el qué, los contenidos que se imparten, y el quién, los profesores que enseñan la materia.
El aborto y la eutanasia
Los temas más polémicos entre España y el Vaticano se centran en el aborto y la eutanasia. Sobre aborto y eutanasia no hay acuerdo posible. Los obispos españoles, con el respaldo de Roma, seguirán diciendo claramente 'No' a la ampliación de la ley del aborto, poniendo especial énfasis en el proyecto de reforma que lleva adelante la ministra de Igualdad, Irene Montero, y que permitiría a las menores de entre 16 y 18 años interrumpir un embarazo sin la autorización expresa de sus progenitores.
En cuanto a al eutanasia, las posturas son irreconciliables. La Iglesia jamás avalará el proyecto que ya ha comenzado a dar pasos en el Congreso de los Diputados para que España se convierta en el cuarto país europeo que regule la eutanasia.
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