La pandemia de COVID-19 es mucho más que una patología infecciosa que causa enfermedades y muertes por los diferentes rincones del planeta. Esta gran epidemia originada por un nuevo coronavirus no surge de la nada, sino que está íntimamente ligada al actual contexto socioeconómico global en el que vivimos. A su vez, la pandemia evoluciona y colisiona con los contextos socioeconómicos particulares de cada país y región.
El antropólogo David Harvey resume muy bien en una frase cómo las epidemias son fenómenos complejos que van mucho más allá de la biología del agente infeccioso: “Los virus mutan todo el tiempo. Pero las circunstancias en las que una mutación se convierte en un problema mortal dependen de acciones humanas”. Es imposible entender un fenómeno tan complejo como una pandemia sin tener en cuenta que se trata de un fenómeno de múltiples capas (que implican principalmente a la biología, la medicina, la psicología, la sociología, la economía y la política) que interaccionan entre sí y que son decisivas en su origen, evolución y resolución.
Diversos expertos prefieren referirse a la crisis sanitaria que estamos viviendo desde 2020 como una sindemia: una pandemia en la que interaccionan factores biológicos y socioeconómicos que van a ser decisivos en los resultados para la salud pública, como explica Laura Chaparro en SINC. Más allá de las diversas medidas médicas o higiénicas para prevenir o tratar la COVID-19, factores como la riqueza, el nivel de estudios, el tipo de trabajo, la etnia o el lugar de residencia influyen en gran medida en el riesgo de que una persona se contagie o muera por coronavirus.
Por ejemplo, incluso en lugares con un sistema sanitario universal como España, la atención médica de ancianos en Madrid durante la primera ola estuvo marcada por factores socioeconómicos desde el momento en el que contar con un seguro médico privado garantizaba a los ancianos en residencias una mayor asistencia sanitaria que sus compañeros sin seguro, con ingresos en hospitales privados. También se observó que los barrios más pobres sufrían significativamente más contagios que los barrios más ricos. En países con una mayor desigualdad sanitaria y social, como Estados Unidos, se ha demostrado claramente que las personas latinoamericanas y afroamericanas tienen un riesgo considerablemente mayor de contagiarse y morir por la COVID-19 que los ciudadanos blancos.
“Una solución puramente biomédica a la COVID-19, fracasará”
A los pocos meses de comenzar la pandemia, múltiples especialistas en salud pública alertaban del riesgo de centrarse casi exclusivamente en medidas biomédicas para atajar la pandemia, sin tener en cuenta los factores socioeconómicos íntimamente relacionados. Richard Horton, médico, experto en salud pública y redactor jefe de The Lancet, alertaba en un artículo en dicha revista en septiembre de 2020 que no importaba cómo de efectivo fuera un tratamiento o cómo de protectora fuera una vacuna, “perseguir una solución puramente biomédica a la COVID-19 fracasará. A no ser que los gobiernos diseñen políticas y programas para revertir las profundas disparidades, nuestras sociedades nunca serán verdaderamente seguras frente a la COVID-19”.
Javier Padilla, especialista en Salud Pública, explica en el libro ¿A quién vamos a dejar morir? (Editorial Capitán Swing) cómo en muchas ocasiones se dan respuestas exclusivamente sanitarias a problemas que tienen un importante componente social. Entre sus páginas, Padilla explicaba el caso de una paciente con una grave enfermedad respiratoria que requería una máquina de oxígeno enchufada a la red eléctrica del hogar para poder vivir. Sin embargo, como esta persona no tenía recursos para pagar la electricidad en casa, la solución fue darle un sistema de oxígeno más avanzado que no requería de una fuente de electricidad externa. Así, en lugar de solucionar su grave problema de pobreza energética que afectaba a muchos más aspectos de su salud, la solución fue un parche tecnológico para permitir exclusivamente que pudiera respirar conectada a la máquina de oxígeno.
PCR, test de antígenos y de anticuerpos, sensores de temperatura, nebulizadores de ozono, filtros HEPA, mascarillas FFP2, rayos ultravioleta... La parafernalia tecnológica para intentar controlar los contagios de coronavirus, con o sin eficacia detrás, ha sido protagonista reiterada de la pandemia. Más allá de este solucionismo tecnológico, las medidas que atajasen condiciones socioeconómicas de riesgo (hacinamiento, precariedad laboral, desinformación, marginalidad, falta de acceso a los servicios sanitarios...) han quedado marcadas en un segundo plano en la agenda política y mediática.
Las consecuencias de ignorar las condiciones socioeconómicas resultaron evidentes tras la aparición de la primera ola de la pandemia en España, pero también en otros muchos países. Por muy robusto que sea un sistema de rastreo con análisis mediante PCR o pruebas de antígenos, los colectivos sin recursos ni ayudas para mantener la cuarentena, aislarse y dejar de trabajar quedan fuera de esta estrategia para controlar los contagios. No fue ninguna casualidad que en España y en otros muchos países se disparasen los contagios a partir de ámbitos en los que, por diversos factores socioeconómicos, era extremadamente difícil seguirle la pista al virus y evitar su propagación. Evitar contagiar a los demás no es solo una cuestión de voluntad, sino también de recursos.
El caso de los temporeros
Los grandes brotes que surgieron entre los temporeros de la fruta, en condiciones precarias de vivienda y trabajo, en lugares como Aragón o Catalunya, o entre los trabajadores extranjeros de Singapur hacinados en grandes dormitorios, son claros ejemplos de lo que ocurre cuando el solucionismo tecnológico se olvida de las condiciones socioeconómicas. Afortunadamente, tanto el Gobierno de Aragón como el de Singapur se dieron cuenta de que controlar la epidemia de coronavirus pasaba también por asegurar unas condiciones de vivienda dignas a estos colectivos y establecieron medidas en esta dirección.
Ni tan siquiera las vacunas, una de nuestras mejores bazas contra el coronavirus, serán una solución definitiva a la pandemia si no hay un porcentaje mínimo de personas vacunadas en todo el mundo, incluyendo también a los países en desarrollo. En ese sentido, si no se hace nada por cambiar la actual tendencia, las naciones más desfavorecidas del planeta podrían no tener un acceso masivo a las vacunas durante años. Esto incrementaría el riesgo de que surjan nuevas variantes con mayor capacidad para transmitirse, provocar graves enfermedades o esquivar la protección generada por las vacunas.
En cambio, en múltiples países con grandes recursos, como Estados Unidos o Francia, el problema es otro: existe un importante porcentaje de la población que rechaza estos tratamientos preventivos (23% y 40% respectivamente). Al igual que otras muchas soluciones tecnológicas, por muy eficaces que resulten las vacunas a nivel biológico, sus beneficios estarán limitados por factores psicológicos y socioeconómicos si no se toman medidas para atajarlos.